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Modo: Corpus Pro

ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DEL USO DE ÁREAS COMUNES O AMENIDADES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO PRIVADO, CUANDO DERIVA EXCLUSIVAMENTE DE LAS REGLAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL RÉGIMEN CONDOMINAL.

Clave: PR.A.C.CS. J/14 C (12a.) · Registro digital (IUS): 2032893 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 12a. Época · Instancia: Plenos Regionales · Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 12a. Época; Plenos Regionales; Semanario Judicial de la Federación

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si los actos consistentes en la suspensión o restricción del uso de áreas comunes o amenidades atribuidos a los órganos de administración de condominios privados son equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Mientras que uno consideró que dichos actos no eran equivalentes a los de autoridad y que esa circunstancia podía determinarse desde el auto inicial; el otro estimó que en esa etapa procesal no existían elementos suficientes para definirlo, por lo que consideró que no se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Criterio jurídico: La suspensión o restricción del uso de áreas comunes o amenidades atribuida a los órganos de administración de un condominio privado no constituye un acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando deriva exclusivamente de las reglas de organización interna del régimen condominal y no del ejercicio de una potestad pública conferida por una norma general.

Justificación: El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares sólo pueden ser considerados autoridades responsables cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para establecer esa equivalencia debe verificarse, por una parte, la existencia de un nexo normativo de origen estatal que coloque al particular en una posición diferenciada para producir unilateralmente la afectación y, por otra, que la potestad ejercida constituya materialmente una función pública. Por ello, no basta que una ley reconozca o regule las facultades de los órganos de administración de un condominio, sino que es necesario que les atribuya una potestad que corresponda originariamente al Estado o que materialmente revista naturaleza pública.

Cuando la suspensión o restricción del uso de áreas comunes deriva del reglamento interno, de acuerdos de la asamblea o de las reglas que disciplinan la convivencia entre los condóminos, el órgano de administración actúa dentro de una relación de coordinación entre particulares y no en ejercicio de una potestad pública delegada. En esas condiciones no se actualizan los elementos necesarios para equiparar su actuación a un acto de autoridad.

Si esa naturaleza puede establecerse objetivamente a partir de la demanda, sus anexos y el marco normativo aplicable, sin necesidad de esclarecer hechos controvertidos o allegarse de elementos susceptibles de modificar la conclusión durante la sustanciación, el órgano jurisdiccional puede examinar la cuestión desde el auto inicial y, en su caso, desechar la demanda conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2032893-d0965435/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Contradicción de criterios 60/2026. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Sexto Circuito. 23 de septiembre de 2026. Mayoría de votos de las personas Magistradas Jorge Alberto Orantes López y Diana Elda Pérez Medina. Disidente: Mariana Flores Vega. Ponente: Diana Elda Pérez Medina. Secretaria: Auri Gabriela Cauich Vázquez. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 186/2021, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la queja 411/2025. Nota: De la sentencia que recayó a la queja 186/2021, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, derivó la tesis aislada VI.1o.A.5 A (11a.), de rubro: "RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA. EL ACTO DE APLICACIÓN NECESARIO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA LEY QUE LO REGULA, PUEDE DERIVAR DE LA ACTUACIÓN DEL ADMINISTRADOR O DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO PRIVADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de abril de 2022 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 12, Tomo IV, abril de 2022, página 2855, con número de registro digital: 2024399.

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