PERSONAS FACILITADORAS PÚBLICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el referido precepto, el cual establece como requisito para acceder al cargo de persona facilitadora pública en materia administrativa, no haber sido condenada por los delitos señalados en los preceptos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sostuvo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues los artículos constitucionales a los que remite no contienen la descripción de conductas delictivas específicas, lo que genera incertidumbre sobre los delitos que impedirían ejercer el cargo referido.
Criterio jurídico: El artículo 108, fracción I, inciso d), de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala no es ambiguo ni genera incertidumbre jurídica sobre los delitos por los que no debe ser condenada una persona que aspire al cargo de facilitadora pública en materia administrativa, porque la remisión a las conductas establecidas en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política del país permite identificar que se trata de ilícitos por hechos de corrupción.
Justificación: La norma señalada establece como limitación para las personas que quieran desempeñarse como facilitadoras públicas en materia administrativa, no haber sido condenadas por los delitos señalados en los numerales 108 y 109 de la Constitución Federal, los cuales prevén el régimen general de responsabilidades de personas servidoras públicas y particulares vinculado con faltas administrativas graves y hechos de corrupción.
Si bien la norma local no establece un catálogo de delitos, lo cierto es que hace una remisión a los mencionados preceptos constitucionales, los cuales se refieren a los ilícitos relacionados con hechos de corrupción que están regulados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en cuyas disposiciones se establecen las distintas conductas típicas en materia de corrupción.
Las personas que desean ser facilitadoras públicas en materia administrativa pueden saber con exactitud qué delitos podrían impedir su desempeño en ese puesto, lo que brinda certeza sobre el requisito contenido en la norma impugnada.
Además, la delimitación a los delitos vinculados exclusivamente con hechos de corrupción guarda una estrecha relación con la función que deben asumir las personas facilitadoras públicas en materia administrativa, el uso correcto de los recursos públicos y la integridad en el desempeño del servicio público, lo que justifica la intención legítima de las personas legisladoras de restringir el acceso a un cargo de ese perfil.
En consecuencia, el criterio de elegibilidad contenido en la norma impugnada no es amplio, confuso, indeterminado o general porque sistemáticamente se encuentra acotado a los delitos por hechos de corrupción, lo cual no vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.
PLENO.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2032912-350ade99/personas-facilitadoras-publicas-en-materia-administrativa-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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