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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. LA CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEBE REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA PENA (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA VIGENTE EN 2006).

Clave: P./J. 225/2026 (12a.) · Registro digital (IUS): 2032920 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 12a. Época · Instancia: Pleno · Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 12a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación

Hechos: Una persona cometió el delito de secuestro en 2002, fue condenada en 2006 y se ordenó que pagara la reparación integral del daño a la víctima. En 2022 la persona sentenciada solicitó que ya no se cobrara esa pena porque había transcurrido el plazo legal de 10 años para ejecutarla. El órgano jurisdiccional ordenó que sí se pagara, lo que se confirmó en apelación. En un juicio de amparo indirecto, el juzgado de distrito negó la protección constitucional.

La persona sentenciada interpuso recurso de revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo para su resolución.

Criterio jurídico: La cuantificación de la condena a la reparación integral del daño debe realizarse dentro del plazo de prescripción de 10 años previsto en el artículo 178 del Código Penal de Coahuila (vigente en 2006), al ser el periodo en el que deben efectuarse las actuaciones dirigidas a hacer efectiva la sanción.

Justificación: De acuerdo con el precepto citado, la sanción de reparación del daño prescribe en el plazo de 10 años. Asimismo, conforme a los preceptos 121 y 122, fracción V, del ordenamiento indicado, el monto de la reparación del daño puede cuantificarse dentro del procedimiento de ejecución de la pena. No obstante, esta última regla no interrumpe, aplaza ni suspende el plazo de prescripción que corre de manera paralela a la ejecución de las sanciones.

La reparación del daño constituye uno de los pilares de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente a las víctimas del delito, por lo tanto, debe ser protegida en el sistema jurídico con respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica que también son derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales garantizan el desarrollo de juicios y procedimientos justos, por lo que aplican en igualdad de circunstancias tanto a las víctimas como a las personas imputadas de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso.

La prescripción de las sanciones en materia penal busca generar certeza jurídica sobre el plazo que debe transcurrir para que una pena ya no pueda ser exigible, lo cual cumple con el principio de legalidad.

Por lo tanto, desde que se notifica a la víctima que la condena quedó firme, inicia el plazo de 10 años para que prescriba la sanción, por lo que es durante ese periodo en el que deben emprenderse las acciones tendentes a determinar la cantidad líquida correspondiente a la reparación del daño dentro del procedimiento de ejecución penal.

Considerar que la prescripción sólo opera cuando la reparación del daño cuente con una cantidad líquida exigible, genera situaciones jurídicas inadmisibles, toda vez que: a) se crea una regla no prevista en la legislación penal aplicable; b) deja sin efecto el plazo legal para que opere la prescripción; c) produce incertidumbre jurídica a las personas sentenciadas sobre el momento en el que se hará efectiva la pena; y d) amplía indefinidamente el plazo de prescripción, el cual podría rebasar la duración de la pena de prisión.

PLENO.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/2032920-b69894af/reparacion-integral-del-dano-la-cuantificacion-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Amparo en revisión 433/2025. 18 de marzo de 2026. Mayoría de ocho votos de las personas Ministras Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, quien formuló voto concurrente que no impacta en el tema de la tesis, María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, con consideraciones adicionales y se separó de los párrafos 72, 73, 74, 79, 80 y 82, que no impactan en el tema de la tesis, Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien formuló voto concurrente que no impacta en el tema de la tesis, Arístides Rodrigo Guerrero García y Presidente Hugo Aguilar Ortiz. Disidente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Arístides Rodrigo Guerrero García. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara. El Comité de Revisión, Aprobación y Numeración de Tesis, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veintiséis, y las personas ministras que integran el Pleno de este Tribunal, aprobaron, con el número 225/2026 (12a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veintiséis.

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