PERSONALIDAD. SU ESTUDIO PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO Y AUN OFICIOSAMENTE.

Clave: II.3o. J/73 · Registro digital (IUS): 210943 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 8a. Época · Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito · Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Localización: [J]; 8a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Núm. 79, Julio de 1994; Pág. 41

La personalidad es una cuestión que debe ser examinada en cualquier estado del juicio y aun oficiosamente por ser la base fundamental del procedimiento. En tal virtud, de no encontrarse acreditada, debe sobreseerse en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/210943-e8c376e3/personalidad-su-estudio-puede-hacerse-en-cualquier-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Amparo directo 312/90. Emilio Santos Trejo. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Amparo directo 277/91. Federico García Correa y otro. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo directo 20/92. Efraín Acevedo Salazar. 23 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña. Amparo en revisión 216/93. Víctor Manuel Medrano Rodríguez. 10 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. Amparo directo 1107/93. Gobierno del Estado de México. 3 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales.

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