Artículo 62 del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial que establece el procedimiento de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación con funciones administrativas y de personas particulares vinculadas con faltas administrativas grav

Artículo 62. Conforme a lo previsto en el artículo 191, fracción IV de la Ley Orgánica, en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento de responsabilidad, se podrán solicitar medidas cautelares, acordes con la naturaleza de la presunta infracción administrativa y en términos de los artículos 123 a 129 de la Ley de Responsabilidades, protegiendo, en su caso, la seguridad de las víctimas y testigos, las cuales serán decretadas por la Comisión.

Las medidas cautelares que decrete la Comisión deberán:

I. Ser proporcionales a la conducta investigada;

II. Ser adecuadas para cumplir la finalidad que persiguen;

III. Estar fundadas y motivadas; y

IV. Ser notificadas en un plazo no mayor de tres días a la persona presunta responsable y, en su caso, a la víctima o la persona denunciante.

En el caso de los órganos auxiliares, la notificación se realizará en el plazo señalado en esta disposición, el cual se computará a partir del día siguiente en que se reciba la solicitud correspondiente.

El monto de las percepciones que se cubran a la persona servidora pública durante la suspensión no será inferior al treinta y tres por ciento de su salario y deberá garantizar, en todo caso, su mínimo vital y el de sus dependientes económicos.

En ningún caso podrá exigirse a la persona servidora pública el reintegro del monto de la percepción otorgada durante la medida cautelar.

En los casos en los que se denuncien conductas de naturaleza sexual o relacionadas con violencia de género, con la finalidad de proteger la seguridad e integridad de la víctima y los testigos, así como de sus derechos, la UPCVLAS podrá solicitar a la Comisión, la adopción de medidas orientadas a evitar que la persona presunta infractora hostigue intimide, amenace, dañe o ponga en peligro la vida o los derechos de la presunta víctima o de los testigos.

En cualquier supuesto se deberá salvaguardar el derecho a la salud y cubrir los riesgos de muerte o invalidez total y permanente de la persona servidora pública suspendida, por lo que las autoridades competentes, adoptarán las medidas necesarias para que continúe gozando de los servicios otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que le corresponden como derechohabiente, para lo cual se deberá cubrir en la parte proporcional que corresponda.