Artículo 27

artículo 27, se conserva el espíritu de la función social de la propiedad sin que el

derecho y el ejercicio sobre ésta pueda implicar la merma del interés colectivo;

debiendo ejercerse conforme a disposiciones jurídicas y procurando el beneficio

social.

En materia de copropiedad, se definieron los efectos derivados de la falta de

notificación del copropietario hacia los otros, para que puedan ejercer el derecho

del tanto, cambiándose la nulidad prevista en el vigente Código por la

indemnización consistente en daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado

con su omisión.

En materia de posesión se siguió la teoría del ejercicio del poder de hecho sobre

el bien poseído, en provecho del que la tiene sin perjudicar a la colectividad, y

detallando su contenido con las tesis que sobre posesión ha pronunciado la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y que coadyuvan a precisar el intrincado

contexto de esta institución, así como el de la prescripción.

DE LAS OBLIGACIONES

Una de las características fundamentales de las normas jurídicas es su

dinamismo. En efecto las disposiciones de Derecho deben acoplar la realidad

social en su contenido, de conformidad con los requerimientos que la propia

sociedad le va imponiendo.

Así, se estimó necesario trasladar este principio al campo civil obligacional, guiado

por el desarrollo social que establece la necesidad de orientarse por el contexto de

la interdependencia, solidaridad y prioridad sociales, nacidos de la división del

trabajo y las necesidades com unitarias, dejando atrás el principio puramente

individualista de la autonomía de la persona, respecto de la disponibilidad

patrimonial, en aras de un mayor acercamiento al interés colectivo, cuya

preeminencia sobre el individual se acrecienta cotidianamente.

De esta manera, después de regular los derechos reales en el Libro anterior,

dentro del campo de las obligaciones se estructuraron los derechos personales,

orientados por la filosofía descrita anteriormente, definiendo y precisando el

contenido de los mismos, estableciendo la distinción entre la obligación personal y

la real.

Por lo que toca a las fuentes de las obligaciones, se detallaron las diversas clases

de éstas, partiendo de la base de los hechos y actos jurídicos que dan lugar a

ellas.

Se creyó conveniente trasladar las disposiciones relativas a contratos como fuente

de obligaciones al lugar que le corresponde; es decir, al Libro de Contra tos,

pretendiendo con ello ajus tarse a principi o de lógica y congruencia legis lativa de

las instituciones jurídicas.

La estipulación a favor de tercero, por considerarse una figura que tiene relevancia

dentro del campo contractual, se trasladó del campo obligacional al de contratos,

pretendiéndose con ello una mejor ubicación y afinidad de dicha institución.

En lo relativo a las obligaciones que nacen de hechos ilícitos, se buscó imprimirle

a este Capítulo una más adecuada sistemática, vinculando artículos que brindaran

una mayor unidad al mismo, situación que se hizo extensiva a las

responsabilidades derivadas de éstos.

Por lo que respecta a las modalidades y com plejidad de las obligaciones, se

procuró imprimirle una panorama de mayor precisión mediante la unión de

disposiciones afines entre sí, tratando con ello de imbuírle una mayor coherencia a

tan importante renglón de las obligaciones.

DE LOS CONTRATOS

Uno de los ámbitos más relevantes, y cuyo desarrollo es cada día más importante

dentro del campo civil, lo representa sin duda el relativo a los contratos.

En este sentido, se estableció un Título preliminar con disposiciones generales

aplicables a los contratos, partiendo de la distinción entre convenio y contrato.

Debido a la trascendencia de los contratos, se utilizó una base lógica para la

aplicación de reglas a los contratos, yendo de lo particular a lo general, de la

especie hacia el género; siendo aplicables en primer término, las disposiciones de

cada contrato; en seguida, las reglas del Título preliminar de los contratos;

asimismo, las relativas a las obligaciones y en última instancia las inherentes al

acto jurídico, con lo que se pretende lograr una mayor sistemática y congruencia

lógica sobre la materia.

En este orden de ideas, se agrupan las disposiciones específicas en cuanto al

consentimiento en los contratos, así como su cumplimiento, sin reiterar las reglas

sobre elementos esenciales y de validez que se regulan en el acto jurídico y que

son aplicables en su caso, forme a las reglas de aplicación ya descritas.

Se estimó adecuado regular el contexto de la propuesta para celebrar contratos,

así como las distintas hipótesis de oferta para tales efectos, encuadrándose las

reglas correspondientes.

Acto seguido se procedió a establecer la útil clasificación de los contratos, que

facilita y complementa la calidad de los mismos.

De importancia manifiesta se considera la libertad clausular de los contratantes,

principio que enmarca la autonomía volitiva de las partes, dentro de los límites de

la legalidad y sin desvirtuar la naturaleza de los contratos, bases a las que tendrán

que sujetarse.

Lo relativo a la cláusula penal y sus efectos tiene una singular relevancia por lo

que sus límites y efectos se procuraron establecer con claridad.

Asimismo son de importancia manifiesta las normas sobre interpretación de los

contratos que pretenden coadyuvar a desentrañar el sentido y eficacia clausular.

Por último, se consideró conveniente asentar diversas reglas inherentes al

incumplimiento contractual y sus efectos, que buscan complementar este

panorama.

En materia de compraventa, se sistematizaron los artículos correspondientes al

precio y determinación de la cosa, a fin de lograr una mayor unidad legislativa;

también se incluyeron en este renglón, debido a la afinidad que en este campo

tienen con dichas instituciones, las compraventas a vistas; sobre cosas de calidad

determinada; de cosas que se pesan, miden, cuentan o gustan; sobre muestra y

por acervo.

Por otro lado, se metodizaron, buscando obtener una mayor congruencia, tanto las

obligaciones de vendedor como las del comprador y se estableció un Capítulo de

reglas comunes para ambas partes contratantes.

Por lo que corresponde al contrato de donación, igualmente se pretendió imbuirle

una mejor sistemática, mediante la ordenación de disposiciones afines que

hicieran más comprensible la institución.

Respecto del contrato de mutuo con interés, se consideró conveniente trasladar el

monto del interés legal anual, que tradicionalmente se ubicaba en este contrato, al

Libro de las obligaciones, en virtud de que se trata de una disposición obligacional

de índole general y no privativa del mutuo con interés.

Por lo que corresponde al rubro de los portadores y alquiladores, se estimó de

mayor actualidad el empleo de la terminología de contrato de transporte y de

alquiler de transporte así como la denominación de transportistas.

Tocante al contrato de hospedaje, se establecieron figuras jurídicas que pudieran

prevenir el derecho de retención del equipaje por parte de los hosteleros, sin hacer

desaparecer éste, pero considerándolo como una medida extrema para lograr el

pago de monto debido.

Por lo que corresponde al contrato de sociedad civil, se modificó la disposición que

permitía la transformación de sociedades de índole civil para convertirse en

sociedades de naturaleza mercantil, en virtud de que el objeto social para el que

se creó la sociedad civil sale de los límites del campo económico para ubicarse

dentro del de la especulación; asimismo, se genera una causa de disolución que

permite liquidar la sociedad civil; y por otro lado, debe extinguirse una sociedad

civil nacida conforme a un régimen jurídico civil y no trasladarse simplemente a

otro distinto.

En cuanto a las sociedades extranjeras de naturaleza privada se dispone que,

respecto a la existencia, capacidad, funcionamiento, transformación, disolución,

liquidación y fusión, las mismas se regirán por el derecho de su constitución.

Por último, se consideró conveniente suprimir los contratos tanto de anticresis

como de enfiteusis, sin prohibir desde luego su celebración, por haber caído en

desuso y resultar obsoletos en su aplicación actual, recordando que las normas

jurídicas deben responder a las necesidades sociales sin que en nuestros días

dichos contratos lo constituyan.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

Esta institución, que deviene del periodo de la Reforma y que fue establecida

como función estatal de regulación inmobiliaria por el Benemérito de las Américas,

Benito Juárez García, aquilata hoy día su importancia como protectora de la

seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

El acceso de documentos y la función registral se hace más copiosa e ingente

cada vez, por lo que, en aras de brindar una mayor precisión a los actos

registrables y lograr su adecuado funcionamiento, se intenta enmarcar su

regulación dentro de un Libro exclusivo.

Se conserva el carácter público del Registro, elemento implícito en él desde su

creación y que permite la consecución de la publicidad registral tanto material

como formal.

Igualmente, los efectos declarativos de la Institución se conservan en

concordancia con todo el sistema del Código.

Asimismo, se precisan e introducen modificaciones por lo que toca a los actos

registrales, y se da lugar a la inmatriculación tanto judicial como administrativa

para lograr que las fincas que no han tenido acceso al Registro Público de la

Propiedad puedan tener vida y efectos jurídicos."

V. Atendiendo a la importancia de la Iniciativa de Código Civil, y no obstante que

ésta se había consultado con los integrantes de los Colegios, Barras y

Asociaciones de Abogados antes de ser sometida a la consideración de esta

Soberanía, se consideró pertinente distribuir entre los integrantes del foro, así

como entre los integrantes del Poder Judicial, tanto Estatal como Federal,

ejemplares de la Iniciativa con el objeto de recoger sus sugerencias y

observaciones; como una última etapa en el análisis de la Iniciativa, se sostuvieron

reuniones de trabajo con destacados integrantes de la Barra de Abogados con el

objeto de tener una revisión final del texto finalmente aprobado por la Asamblea.

Por todo lo anterior, la Honorable XLV Legislatura del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Morelos tiene a bien expedir el siguiente:

DISPOSICIONES PRELIMINARES

TITULO PRIMERO

REGLAS GENERALES

CAPITULO UNICO

NORMAS CIVILES GENERALES

artículo 27, se conserva el espíritu de la función social de la propiedad sin que el

derecho y el ejerc icio sobre ésta pueda implicar la merma del interés colectivo;

Aprobación 1993/08/27

Promulgación 1993/10/11

Publicación 1993/10/13

Vigencia 1994/01/01

Expidió XLV Legislatura

Periódico Oficial 3661 Sección Segunda “Tierra y Libertad”

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: 31-05-2023

16 de 657

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos

debiendo ejercerse conforme a disposiciones jurídicas y procurando el beneficio

social.

En materia de copropiedad, se definieron los efectos derivados de la falta de

notificación del copropiet ario hacia los otros, para que puedan ejercer el derecho

del tanto, cambiándose la nulidad prevista en el vigente Código por la

indemnización consistente en daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado

con su omisión.

En materia de posesión se siguió l a teoría del ejercicio del poder de hecho sobre

el bien poseído, en provecho del que la tiene sin perjudicar a la colectividad, y

detallando su contenido con las tesis que sobre posesión ha pronunciado la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y que coadyu van a precisar el intrincado

contexto de esta institución, así como el de la prescripción.

DE LAS OBLIGACIONES

Una de las características fundamentales de las normas jurídicas es su

dinamismo. En efecto las disposiciones de Derecho deben acoplar la reali dad

social en su contenido, de conformidad con los requerimientos que la propia

sociedad le va imponiendo.

Así, se estimó necesario trasladar este principio al campo civil obligacional, guiado

por el desarrollo social que establece la necesidad de orientarse por el contexto de

la interdependencia, solidaridad y prioridad sociales, nacidos de la división de l

trabajo y las necesidades com unitarias, dejando atrás el principio puramente

individualista de la autonomía de la persona, respecto de la disponibilida d

patrimonial, en aras de un mayor acercamiento al interés colectivo, cuya

preeminencia sobre el individual se acrecienta cotidianamente.

De esta manera, después de regular los derechos reales en el Libro anterior,

dentro del campo de las obligaciones se estructuraron los derechos personales,

orientados por la filosofía descrita anteriormente, definiendo y precisando el

contenido de los mismos, estableciendo la distinción entre la obligación personal y

la real.

Aprobación 1993/08/27

Promulgación 1993/10/11

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Expidió XLV Legislatura

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Por lo que toca a las fuentes de las obligac iones, se detallaron las diversas clases

de éstas, partiendo de la base de los hechos y actos jurídicos que dan lugar a

ellas.

Se creyó conveniente trasladar las disposiciones relativas a contratos como fuente

de obligaciones al lugar que le corresponde; es decir, al Libro de Contra tos,

pretendiendo con ello ajus tarse a principi o de lógica y congruencia legis lativa de

las instituciones jurídicas.

La estipulación a favor de tercero, por considerarse una figura que tiene relevancia

dentro del campo contract ual, se trasladó del campo obligacional al de contratos,

pretendiéndose con ello una mejor ubicación y afinidad de dicha institución.

En lo relativo a las obligaciones que nacen de hechos ilícitos, se buscó imprimirle

a este Capítulo una más adecuada sistemática, vinculando artículos que brindaran

una mayor unidad al mismo, situación que se hizo extensiva a las

responsabilidades derivadas de éstos.

Por lo que r especta a las modalidades y com plejidad de las obligaciones, se

procuró imprimirle una panorama d e mayor precisión mediante la unión de

disposiciones afines entre sí, tratando con ello de imbuírle una mayor coherencia a

tan importante renglón de las obligaciones.

DE LOS CONTRATOS

Uno de los ámbitos más relevantes, y cuyo desarrollo es cada día más i mportante

dentro del campo civil, lo representa sin duda el relativo a los contratos.

En este sentido, se estableció un Título preliminar con disposiciones generales

aplicables a los contratos, partiendo de la distinción entre convenio y contrato.

Debido a la trascendencia de los contratos, se utilizó una base lógica para la

aplicación de reglas a los contratos, yendo de lo particular a lo general, de la

especie hacia el género; siendo aplicables en primer término, las disposiciones de

cada contrato; en s eguida, las reglas del Título preliminar de los contratos;

asimismo, las relativas a las obligaciones y en última instancia las inherentes al

Aprobación 1993/08/27

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acto jurídico, con lo que se pretende lograr una mayor sistemática y congruencia

lógica sobre la materia.

En este orden de ideas, se agrupan las disposiciones específicas en cuanto al

consentimiento en los contratos, así como su cumplimiento, sin reiterar las reglas

sobre elementos esenciales y de validez que se regulan en el acto jurídico y que

son aplicables en su caso, forme a las reglas de aplicación ya descritas.

Se estimó adecuado regular el contexto de la propuesta para celebrar contratos,

así como las distintas hipótesis de oferta para tales efectos, encuadrándose las

reglas correspondientes.

Acto seguido se procedió a establecer la útil clasificación de los contratos, que

facilita y complementa la calidad de los mismos.

De importancia manifiesta se considera la libertad clausular de los contratantes,

principio que enmarca la autonomía volitiva de las partes , dentro de los límites de

la legalidad y sin desvirtuar la naturaleza de los contratos, bases a las que tendrán

que sujetarse.

Lo relativo a la cláusula penal y sus efectos tiene una singular relevancia por lo

que sus límites y efectos se procuraron establecer con claridad.

Asimismo son de importancia manifiesta las normas sobre interpretación de los

contratos que pretenden coadyuvar a desentrañar el sentido y eficacia clausular.

Por último, se consideró conveniente asentar diversas reglas inherentes al

incumplimiento contractual y sus efectos, que buscan complementar este

panorama.

En materia de compraventa, se sistematizaron los artículos correspondientes al

precio y determinación de la cosa, a fin de lograr una mayor unidad legislativa;

también se in cluyeron en este renglón, debido a la afinidad que en este campo

tienen con dichas instituciones, las compraventas a vistas; sobre cosas de calidad

determinada; de cosas que se pesan, miden, cuentan o gustan; sobre muestra y

por acervo.

Aprobación 1993/08/27

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Publicación 1993/10/13

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Por otro lado, se metodizaron, buscando obtener una mayor congruencia, tanto las

obligaciones de vendedor como las del comprador y se estableció un Capítulo de

reglas comunes para ambas partes contratantes.

Por lo que corresponde al contrato de donación, igualmente se pret endió imbuirle

una mejor sistemática, mediante la ordenación de disposiciones afines que

hicieran más comprensible la institución.

Respecto del contrato de mutuo con interés, se consideró conveniente trasladar el

monto del interés legal anual, que tradici onalmente se ubicaba en este contrato, al

Libro de las obligaciones, en virtud de que se trata de una disposición obligacional

de índole general y no privativa del mutuo con interés.

Por lo que corresponde al rubro de los portadores y alquiladores, se est imó de

mayor actualidad el empleo de la terminología de contrato de transporte y de

alquiler de transporte así como la denominación de transportistas.

Tocante al contrato de hospedaje, se establecieron figuras jurídicas que pudieran

prevenir el derecho de retención del equipaje por parte de los hosteleros, sin hacer

desaparecer éste, pero considerándolo como una medida extrema para lograr el

pago de monto debido.

Por lo que corresponde al contrato de sociedad civil, se modificó la disposición que

permitía la transformación de sociedades de índole civil para convertirse en

sociedades de naturaleza mercantil, en virtud de que el objeto social para el que

se creó la sociedad civil sale de los límites del campo económico para ubicarse

dentro del de la especula ción; asimismo, se genera una causa de disolución que

permite liquidar la sociedad civil; y por otro lado, debe extinguirse una sociedad

civil nacida conforme a un régimen jurídico civil y no trasladarse simplemente a

otro distinto.

En cuanto a las socied ades extranjeras de naturaleza privada se dispone que,

respecto a la existencia, capacidad, funcionamiento, transformación, disolución,

liquidación y fusión, las mismas se regirán por el derecho de su constitución.

Aprobación 1993/08/27

Promulgación 1993/10/11

Publicación 1993/10/13

Vigencia 1994/01/01

Expidió XLV Legislatura

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Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

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Por último, se consideró conveniente sup rimir los contratos tanto de anticresis

como de enfiteusis, sin prohibir desde luego su celebración, por haber caído en

desuso y resultar obsoletos en su aplicación actual, recordando que las normas

jurídicas deben responder a las necesidades sociales sin que en nuestros días

dichos contratos lo constituyan.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

Esta institución, que deviene del periodo de la Reforma y que fue establecida

como función estatal de regulación inmobiliaria por el Benemérito de las Américas,

Benito Juárez García, aquilata hoy día su importancia como protectora de la

seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

El acceso de documentos y la función registral se hace más copiosa e ingente

cada vez, por lo que, en aras de brindar una mayor precisión a los actos

registrables y lograr su adecuado funcionamiento, se intenta enmarcar su

regulación dentro de un Libro exclusivo.

Se conserva el carácter público del Registro, elemento implícito en él desde su

creación y que permite la consecución de la publi cidad registral tanto material

como formal.

Igualmente, los efectos declarativos de la Institución se conservan en

concordancia con todo el sistema del Código.

Asimismo, se precisan e introducen modificaciones por lo que toca a los actos

registrales, y s e da lugar a la inmatriculación tanto judicial como administrativa

para lograr que las fincas que no han tenido acceso al Registro Público de la

Propiedad puedan tener vida y efectos jurídicos."

V. Atendiendo a la importancia de la Iniciativa de Código Ci vil, y no obstante que

ésta se había consultado con los integrantes de los Colegios, Barras y

Asociaciones de Abogados antes de ser sometida a la consideración de esta

Soberanía, se consideró pertinente distribuir entre los integrantes del foro, así

como e ntre los integrantes del Poder Judicial, tanto Estatal como Federal,

ejemplares de la Iniciativa con el objeto de recoger sus sugerencias y

Aprobación 1993/08/27

Promulgación 1993/10/11

Publicación 1993/10/13

Vigencia 1994/01/01

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Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

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observaciones; como una última etapa en el análisis de la Iniciativa, se sostuvieron

reuniones de trabajo con destac ados integrantes de la Barra de Abogados con el

objeto de tener una revisión final del texto finalmente aprobado por la Asamblea.

Por todo lo anterior, la Honorable XLV Legislatura del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Morelos tiene a bien expedir el siguiente:

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

DISPOSICIONES PRELIMINARES

TITULO PRIMERO

REGLAS GENERALES

CAPITULO UNICO

NORMAS CIVILES GENERALES