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Código Penal del Estado de Yucatán

Artículo Transitorio 52 del Código Penal del Estado de Yucatán

Ordenamiento: Código Penal del Estado de Yucatán · Ámbito: Yucatán
Última reforma: 2026-04-08

Vigencia verificada: 17 de octubre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 52.- La suspensión es la cesación de las actividades de la persona moral

durante el tiempo que determine el órgano jurisdiccional en la sentencia. Este será por

término de uno a cinco años, a juicio del órgano jurisdiccional.

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La disolución de la persona moral es la conclusión definitiva de toda actividad

de la persona moral, que no podrá volverse a constituir en forma igual o encubierta.

Esta disolución se efectuará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios

para la disolución y liquidación total. El órgano jurisdiccional, en el acto, designará a

un liquidador que procederá a cumplir las obligaciones contraídas hasta ese momento

por la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido,

para lo cual observará las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme

a la naturaleza de estos y de la entidad objeto de la liquidación.

El órgano jurisdiccional podrá prohibir a las personas morales la realización de

determinados negocios, operaciones o actividades, siempre que tengan relación

directa con el delito cometido. Esta prohibición podrá ser definitiva o temporal, en el

último caso, podrá imponerla hasta por cinco años. Los administradores y el comisario

serán responsables de velar por el cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en

las penas que establece este código en caso de desobedecer a un mandato de

autoridad.

La remoción es la sustitución de los administradores por las personas

designadas por el órgano jurisdiccional, por un periodo máximo de cinco años. El

órgano jurisdiccional podrá considerar las propuestas de designación que le formulen

los socios o asociados que no hubieran tenido participación en el delito.

Una vez concluido el periodo previsto para la administración substituta, la

designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria, prevista por

la normatividad aplicable.

La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los

órganos de representación de la persona moral o jurídica, y se ejercerá con las

atribuciones que la ley confiere al interventor, por un máximo de tres años.

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La clausura es el cierre de todos o algunos de los locales o establecimientos de

la persona moral, hasta por cinco años.

La inhabilitación es la incapacidad para obtener subvenciones y ayudas

públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos

fiscales o de seguridad social, por un plazo de hasta quince años.

Fuente oficial: consultar publicación

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