Código Penal del Estado de Yucatán
Artículo Transitorio 52 del Código Penal del Estado de Yucatán
Vigencia verificada: 17 de octubre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 52.- La suspensión es la cesación de las actividades de la persona moral
durante el tiempo que determine el órgano jurisdiccional en la sentencia. Este será por
término de uno a cinco años, a juicio del órgano jurisdiccional.
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La disolución de la persona moral es la conclusión definitiva de toda actividad
de la persona moral, que no podrá volverse a constituir en forma igual o encubierta.
Esta disolución se efectuará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios
para la disolución y liquidación total. El órgano jurisdiccional, en el acto, designará a
un liquidador que procederá a cumplir las obligaciones contraídas hasta ese momento
por la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido,
para lo cual observará las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme
a la naturaleza de estos y de la entidad objeto de la liquidación.
El órgano jurisdiccional podrá prohibir a las personas morales la realización de
determinados negocios, operaciones o actividades, siempre que tengan relación
directa con el delito cometido. Esta prohibición podrá ser definitiva o temporal, en el
último caso, podrá imponerla hasta por cinco años. Los administradores y el comisario
serán responsables de velar por el cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en
las penas que establece este código en caso de desobedecer a un mandato de
autoridad.
La remoción es la sustitución de los administradores por las personas
designadas por el órgano jurisdiccional, por un periodo máximo de cinco años. El
órgano jurisdiccional podrá considerar las propuestas de designación que le formulen
los socios o asociados que no hubieran tenido participación en el delito.
Una vez concluido el periodo previsto para la administración substituta, la
designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria, prevista por
la normatividad aplicable.
La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los
órganos de representación de la persona moral o jurídica, y se ejercerá con las
atribuciones que la ley confiere al interventor, por un máximo de tres años.
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La clausura es el cierre de todos o algunos de los locales o establecimientos de
la persona moral, hasta por cinco años.
La inhabilitación es la incapacidad para obtener subvenciones y ayudas
públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos
fiscales o de seguridad social, por un plazo de hasta quince años.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA PETICIÓN A DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIO, ES PROCEDENTE CONCEDERLA. (IV.1o.C.36 K)
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 136, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, IMPLICAN QUE EL QUEJOSO QUEDE A (III.2o.P.76 P (10a.))
- LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCION DE LA. (s/clave)
- SUSPENSION EN MATERIA PENAL. (s/clave)
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU OTORGAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONAL Y (IV.2o.A.58 K (10a.))
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