Artículo Transitorio 2018 del Código Penal Federal
Vigencia verificada: 11 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
2018.
En el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su
caso, quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia
Nacional del Sistema Penitenciario.
En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria
previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cad a
una de ellas.
En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano
legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para
el inicio de vigencia de la presente Ley.
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece
las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de
sanciones penales en las entidades federativas.
Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento,
continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos,
debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional pre vistos en la presente Ley, de acuerdo con el
principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que
contravengan la misma.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan las normas contenidas en el
Código Penal Federal y leyes especiales de la federación relativas a la remisión parcial de la pena,
libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución.
Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la
remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las responsabilidades de los
supervisores de libertad.
Quinto. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después de publicado el
presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes
que resulten necesarias para la implementación de esta Ley, así como lo dispuesto en el artículo 92,
fracción V en materia de seguridad social.
A la entrada en vigor de la presente Ley, en aquellos lugares donde se determine su inicio, tanto en el
ámbito federal como local, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general
correspondientes, pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos y
procedimentales, para lo cual podrán coordinarse las autoridades involucradas.
Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para
el Poder Judicial de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Públic a Federal, se
cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.
Séptimo. El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la
Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura,
la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y toda dependencia o enti dad de la Administración
Pública Federal y sus equivalentes en las entidades federativas a las que se confieran responsabilidades
directas o indirectas en esta Ley, deberán prever en sus programas la adecuada y correcta
implementación, y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, las partidas
necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de
personal, la capacitación y todos los demás requerimientos necesarios para cumplir los objetivos de la
presente Ley.
Octavo. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal constituirá
un Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal que estará
presidido por la Confe rencia Nacional del Sistema Penitenciario, el cual rendirá un informe semestral al
Consejo de Coordinación. Lo anterior con la finalidad de coordinar, coadyuvar y apoyar a las autoridades
federales y a las entidades federativas cuando así lo soliciten.
La Autoridad Penitenciaria contará con un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de este
Decreto, para capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar,
desarrollar tecnologías de la información y comunicacio nes, así como adecuar su estructura
organizacional. Todo ello de conformidad con los planes de actividades registrados ante el Comité al que
se refiere el párrafo anterior.
El Consejo de Coordinación presentará anualmente ante las Cámaras del Congreso de la Unión, un
informe anual del seguimiento a la implementación del Sistema de Ejecución Penal.
Noveno. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deb erá emitir un Acuerdo General en el que
se establezca un régimen gradual por virtud del cual las Autoridades Penitenciarias, en el ámbito de su
competencias, destinarán espacios especiales de reclusión, dentro de los establecimientos
penitenciarios, para los sentenciados por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, previstos en
la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como aquellas
personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad.
Décimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán acceder, de manera inmediata y
sin tener que satisfacer los requisitos establecidos en las fracciones IV y VII del artículo 141 de la
presente Ley, al beneficio de libertad anticipa da todas las personas que hayan sido sentenciadas con
penas privativas de la libertad por la comisión de los siguientes delitos:
I. La comisión del delito de robo cuyo valor de lo robado no exceda de 80 veces la Unidad de
Medida y Actualización, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de
violencia, o
II. La comisión del delito de posesión sin fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa,
Indica o Marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en
cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no
haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos.
Para tal efecto, la autoridad jurisdiccional requerirá a la Autoridad Penitenciaria el informe sob re el
cumplimiento de los requisitos a que alude el párrafo anterior.
Décimo Primero. Los procuradores o fiscales generales de la Federación y de las entidades
federativas, en su ámbito de competencia respectivo, podrán solicitar ante la autoridad jurisdi ccional
competente, la aplicación de los beneficios de libertad anticipada referidos en el artículo transitorio
décimo. Asimismo, las autoridades judiciales competentes sustanciarán el procedimiento respectivo de
manera oficiosa o a solicitud de la persona a quien aplique dicho beneficio.
Décimo Segundo. El Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades
federativas emitirán acuerdos generales, para determinar la competencia territorial de excepción de los
juzgados de ejecución con la finalidad de conocer de los diversos asuntos en razón de seguridad y
medidas especiales, en tanto entra en vigor la Ley; para lo cual podrá suscribir los convenios
correspondientes con las instancias operadoras del Sistema de Justicia Penal.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCI (I.1o.P.77 P (10a.))
- JUICIOS DE AMPARO EN MATERIAS DIVERSAS A LA PENAL. EL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES INAPLICABLE A AQUÉLLOS Y A LOS (VII.2o.T. J/6 (10a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA INTERNO EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DE UNA DIVERSA ENTIDAD (1a./J. 24/2021 (11a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA. VACATIO LEGIS DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ARTÍCULO 19 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (III.2o.P.11 P (10a.))
- RETROACTIVIDAD. EL LEGISLADOR NO PRETENDIO LA APLICACION RETROACTIVA DE LAS REFORMAS AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO (s/clave)
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