Corpus
Modo: Corpus Pro

Código Penal Federal

Artículo Transitorio 2018 del Código Penal Federal

Ordenamiento: Código Penal Federal · Ámbito: Federal
Última reforma: 2026-03-13

Vigencia verificada: 11 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

2018.

En el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su

caso, quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia

Nacional del Sistema Penitenciario.

En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria

previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cad a

una de ellas.

En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano

legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para

el inicio de vigencia de la presente Ley.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece

las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de

sanciones penales en las entidades federativas.

Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento,

continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos,

debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional pre vistos en la presente Ley, de acuerdo con el

principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que

contravengan la misma.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan las normas contenidas en el

Código Penal Federal y leyes especiales de la federación relativas a la remisión parcial de la pena,

libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución.

Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la

remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el

ámbito de sus respectivas competencias.

Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las responsabilidades de los

supervisores de libertad.

Quinto. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después de publicado el

presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes

que resulten necesarias para la implementación de esta Ley, así como lo dispuesto en el artículo 92,

fracción V en materia de seguridad social.

A la entrada en vigor de la presente Ley, en aquellos lugares donde se determine su inicio, tanto en el

ámbito federal como local, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general

correspondientes, pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos y

procedimentales, para lo cual podrán coordinarse las autoridades involucradas.

Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para

el Poder Judicial de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Públic a Federal, se

cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales

necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.

Séptimo. El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la

Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura,

la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y toda dependencia o enti dad de la Administración

Pública Federal y sus equivalentes en las entidades federativas a las que se confieran responsabilidades

directas o indirectas en esta Ley, deberán prever en sus programas la adecuada y correcta

implementación, y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, las partidas

necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de

personal, la capacitación y todos los demás requerimientos necesarios para cumplir los objetivos de la

presente Ley.

Octavo. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal constituirá

un Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal que estará

presidido por la Confe rencia Nacional del Sistema Penitenciario, el cual rendirá un informe semestral al

Consejo de Coordinación. Lo anterior con la finalidad de coordinar, coadyuvar y apoyar a las autoridades

federales y a las entidades federativas cuando así lo soliciten.

La Autoridad Penitenciaria contará con un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de este

Decreto, para capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar,

desarrollar tecnologías de la información y comunicacio nes, así como adecuar su estructura

organizacional. Todo ello de conformidad con los planes de actividades registrados ante el Comité al que

se refiere el párrafo anterior.

El Consejo de Coordinación presentará anualmente ante las Cámaras del Congreso de la Unión, un

informe anual del seguimiento a la implementación del Sistema de Ejecución Penal.

Noveno. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente

Decreto, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deb erá emitir un Acuerdo General en el que

se establezca un régimen gradual por virtud del cual las Autoridades Penitenciarias, en el ámbito de su

competencias, destinarán espacios especiales de reclusión, dentro de los establecimientos

penitenciarios, para los sentenciados por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, previstos en

la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como aquellas

personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad.

Décimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán acceder, de manera inmediata y

sin tener que satisfacer los requisitos establecidos en las fracciones IV y VII del artículo 141 de la

presente Ley, al beneficio de libertad anticipa da todas las personas que hayan sido sentenciadas con

penas privativas de la libertad por la comisión de los siguientes delitos:

I. La comisión del delito de robo cuyo valor de lo robado no exceda de 80 veces la Unidad de

Medida y Actualización, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de

violencia, o

II. La comisión del delito de posesión sin fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa,

Indica o Marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en

cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, y cuando en la comisión del delito no

haya mediado ningún tipo de violencia, ni la concurrencia de más delitos.

Para tal efecto, la autoridad jurisdiccional requerirá a la Autoridad Penitenciaria el informe sob re el

cumplimiento de los requisitos a que alude el párrafo anterior.

Décimo Primero. Los procuradores o fiscales generales de la Federación y de las entidades

federativas, en su ámbito de competencia respectivo, podrán solicitar ante la autoridad jurisdi ccional

competente, la aplicación de los beneficios de libertad anticipada referidos en el artículo transitorio

décimo. Asimismo, las autoridades judiciales competentes sustanciarán el procedimiento respectivo de

manera oficiosa o a solicitud de la persona a quien aplique dicho beneficio.

Décimo Segundo. El Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades

federativas emitirán acuerdos generales, para determinar la competencia territorial de excepción de los

juzgados de ejecución con la finalidad de conocer de los diversos asuntos en razón de seguridad y

medidas especiales, en tanto entra en vigor la Ley; para lo cual podrá suscribir los convenios

correspondientes con las instancias operadoras del Sistema de Justicia Penal.

Fuente oficial: consultar publicación

← Art. Transitorio PrimeroÍndice de la leyArt. Transitorio Segundo →

Jurisprudencia y tesis sobre este artículo

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 7,538 leyes, 312,084 tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este artículo.
Buscar en leyes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.