Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
Artículo 165 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
Vigencia verificada: 7 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 165. Se podrá proceder penalmente contra la Gobernadora o el Gobernador del Estado; las Diputadas y los Diputados
del Congreso del Estado; la persona titular de la Auditoría Superior del Estado; las Magistradas y los Magistrados del Tribun al
Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de los Tribunales Distritales, las Magistradas y
los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; las personas juzgadoras de primera instancia ;
las y los secretarios del ramo; la persona titular de la Fiscalía General del Estado, las personas fiscales y fiscales especializados;
la presidenta y el presidente municipal, las regidoras y los regidores, así como la persona síndica de los Ayuntamientos del Estado;
las personas integrantes de los concejos municipales; y así como las y los titulares e integrantes de los consejos o asambleas
generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión de delitos durante el
tiempo de su encargo, quedarán sujetas a la acción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual fallará en definitiva, previas
las formalidades esenciales del procedimiento y con audiencia de la persona inculpada y de la acusadora, si la hubiere.
Lo anterior se realizará conforme a las bases siguientes:
Durante el proceso penal, la persona servidora pública podrá seguir en su encargo salvo que se le imponga alguna medida cautelar
consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia
aplicable. Las medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de la libertad, salvo e n los
casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del cargo
cuando se le atribuye un delito cometido por personas servidoras públicas; así como delitos graves que determine la ley en contra
de la seguridad de la nación y de la salud.
En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo, se separará a la persona sentenciada de sus
funciones. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena.
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(REFORMADO, E ENERO DE 1984)
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- AUTORIDAD INTERMEDIA. LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA, DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, NO TIENE TAL CARÁCTER AL SER PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBL (84)
- AUTORIDAD INTERMEDIA. LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA, DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, NO TIENE TAL CARÁCTER AL SER PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBL (P./J. 39/2009 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS (62)
- GOBERNADOR DE JALISCO. (s/clave)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS (P./J. 79/2001 )
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (reforma publicada en el DOF el 2026-09-01)
Artículo 165. Se podrá proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los Diputados del Congreso del Estado; el Auditor
Superior del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de primera instancia; los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de
Coahuila de Zaragoza; los secretarios del ramo; el Fiscal General del Estado, los fiscales y fiscales especializados; los presidentes,
regidores y síndicos de los Ayuntamientos; los integrantes de los consejos municipales; y así como los titulares e integrantes de
los consejos o asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión
de delitos durante el tiempo de su encargo, éstos quedaran sujetos a la acción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual
fallará en definitiva, previas las formalidades esenciales del procedimiento y con audiencia del inculpado y del acusador, si lo
hubiere.
Lo anterior se realizará conforme a las bases siguientes:
Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo salvo que se le imponga alguna medida cautelar
consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia
aplicable. Las medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de la libertad, salvo en los
casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del carg o
cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación y de la salud.
En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo, se separará al sentenciado de sus funciones. La
separación del cargo, tendrá efectos mientras se extingue la pena.
(REFORMADO, DE ENERO DE 1984)
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