Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza

Artículo 7º. Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea

parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la

Constitución Federal.

(REFORMADO, ICIONADO RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, NADO RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES,

ENERO DE 2022)

Las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará e l goce

y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.

(REFORMADO, . 7 DE AGOSTO DE 2020)

Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En la interpretación y aplicación

de las normas relativas a derechos humanos prevalecerán los principios pro persona y de igualdad sustantiva, considerando l a

perspectiva de género como herramienta fundamental para garantizar a las personas el ejercicio pleno de sus derechos en todos

los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política.

(DECRETO 312, REFORMADO, CIONADO,

El Estado reconoce a todos los pueblos indígenas que se han asentado, transitan y/o habitan en nuestro territorio, sin import ar su

origen o la época en que iniciaron su residencia o pertenencia originaria, y a los que descienden de poblaciones afromexicanas

establecidas en territorio coahuilense; así como aquellas, que de manera enunciativa y no limitativa, sin tener establecimien to fijo

o permanente, habitan o transitan de manera nómada y organizada para preservar su lenguaje, costumbres, tradiciones y cultura;

a quienes se les brindarán todos los apoyos necesarios para la conservación y preservación de su lenguaje, cultura, costumbre s,

formas de subsistencia, además de garantizarles todos los derechos que los tratados internacionales y las leyes nacionales

confieren a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el territorio coahuilense.

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(DECRETO 312, ADICIONADO RECORRIENDOSE LAS ULTERIORES,

Los pueblos originarios y descendientes que habitan o transitan, y en su caso, se establezcan de manera fija, temporal o

permanente en el territorio coahuilense, de manera enunciativa y no limitativa, como Negros Mascogos, Kikapú, Mazahua, la

comunidad y/o nación N’dee/ N’nee/ Ndé, Seminoles, Irritila, Huachichil, la comunidad y/o nación Coahuilteca/Pakahua gozan del

reconocimiento como pueblos y/o comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Coahuila de Zaragoza para todos los

efectos legales correspondientes.

(ADICIONADO,

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre

determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:

a) Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

b) Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios

generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías

individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los

casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

c) Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en

condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.

d) Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

e) Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.

f) Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por

integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las

comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

g) Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad

de género, en los términos dispuestos en la Ley, a estos representantes se les denominará Regidor o Regidora Étnico o

Afromexicano.

h) Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que

sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando

los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los

indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su

lengua y cultura.

(REFORMADO, DE JUNIO DE 2012)

Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar,

proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los

derechos humanos, en los términos que determine la ley.

(REFORMADO,

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condici ón

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley

establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y

justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguar da

esta Constitución.

(ADICIONADO,

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro

de nacimiento.

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(REFORMADO,

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que

rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para

proteger los derechos de terceros. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los

términos y con las excepciones que fijen las leyes.

(REFORMADO, AGOSTO DE 2012)

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información pública de manera plural y oportuna, así como a investigar, buscar,

recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión y se definirá a partir de los siguientes

principios y bases:

I. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información

pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

Las personas sujetas obligadas deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información

pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán las bases, principios generales y

procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia y coordinación de las autoridades de control interno

y vigilancia u homólogos en el ámbito estatal y municipal para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos

que emitan las personas sujetas obligadas.

II. El ejercicio de este derecho se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia,

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

III. Se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán

ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes.

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que

dispongan las leyes.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

IV. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes. Para tal efecto, las personas sujetas obligadas contarán con las facultades suficientes para su atención .

V. Las y los servidores públicos deberán cumplir las obligaciones en materia de transparencia que imponga la legislación a las

personas sujetas obligadas en términos de la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes generales y locales que

resulten aplicables.

Las leyes determinarán la manera en que las personas sujetas obligadas deberán hacer pública la información relativa a los

recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VI. Las personas sujetas obligadas deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a

través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos

y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VII. Las autoridades responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales

en posesión de las personas sujetas obligadas, serán en el Poder Ejecutivo, la secretaría del ejecutivo estatal responsable

el control interno, quien además conocerá de los recursos administrativos en materia de transparencia y acceso a la

información de los municipios; en los poderes Legislativo y Judicial, así como en los organismos públicos autónomos, serán

sus órganos internos de control quienes resuelvan sus propios recursos, en los términos que establezcan las leyes de la

materia.

(ADICIONADO,

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

(ADICIONADO,

Las Cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución, determinan los principios mínimos en los que se sustenta el

ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.

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(ADICIONADO,

Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas

que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.

(ADICIONADO,

El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.

(DECRETO 261, REFORMADO, ADO, DE MAYO DE 2014)

Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho

a buscar y a ser buscadas, a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a ser identific ada,

reintegrada o restituida en forma digna a su núcleo familiar; a la participación social, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección

judicial efectiva, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.

(ADICIONADO,

Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos

sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuy o

paradero no haya sido esclarecido. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de

personas.

(ADICIONADO,

Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo forzoso.

(ADICIONADO,

Las personas migrantes o desplazadas que ingresen, transiten o residan temporalmente en el territorio del Estado, así como sus

familiares, con independencia de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizados por su cond ición

de migrantes o desplazados. Tratándose de menores de edad se privilegiará el interés superior de la niñez. Las autoridades de

todos los niveles, en la esfera de su competencia, adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos,

de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo.

(DECRETO 261, ADICIONADO, NADO,

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calida d,

inclusión e igualdad.

(ADICIONADO,

Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias. El Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres,

niñas, niños y adolescentes. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización.

(DECRETO 261, ADICIONADA, NADO,

Sección Primera

Principios Fundamentales