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Modo: Corpus Pro

Constitución Política del Estado de Yucatán

Artículo 99 d

Ordenamiento: Constitución Política del Estado de Yucatán · Ámbito: Yucatán
Última reforma: 2026-11-05

Vigencia verificada: 7 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

artículo 99 de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio

precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones

que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o

particulares, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal

aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba

sancionar penalmente por actos de corrupción o enriquecimiento ilícito a los

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servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo,

por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.

Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad

de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o

comisiones, o por intervenir en actos de corrupción. Dichas sanciones consis tirán

en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones

económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos

que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios

patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones .

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la

Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Yucatán. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y

resueltas por los órganos internos de control.

Para la in vestigación, s ubstanciación y s anción de las res ponsabilidades

administrativas de los miembros del P oder Judicial del Estado, se observará lo

previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de

las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos

públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos

internos de control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de

prescripción no serán inferiores a siete años.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de

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control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e i nvestigar

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para

sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y

aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción.

IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán impondrá a los

particulares que intervengan en actos de corrupción o vinculados con faltas

administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las

sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños

y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o

municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta

fracción cuando los actos vinculados con hechos de corrupción o con faltas

administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o

representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá

ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad

respectiva cuando se trate de actos de corrupción o faltas administrativas graves

que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o

municipales, siempre que dicha sociedad obtenga un beneficio económi co y se

acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus

socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera

sistemática para vincularse con actos de corrupción o faltas administrativas graves;

en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las

sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en

las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse

dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

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Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso

respecto de las conductas a las que se refiere este artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de

corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía

de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,

administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los

procedimientos para que les sea entregada dicha información.

Fuente oficial: consultar publicación

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