Constitución Política del Estado de Yucatán
Artículo 99 d
Vigencia verificada: 7 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
artículo 99 de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones
que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o
particulares, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal
aplicable.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por actos de corrupción o enriquecimiento ilícito a los
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servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo,
por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad
de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones, o por intervenir en actos de corrupción. Dichas sanciones consis tirán
en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones .
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la
Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Yucatán. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y
resueltas por los órganos internos de control.
Para la in vestigación, s ubstanciación y s anción de las res ponsabilidades
administrativas de los miembros del P oder Judicial del Estado, se observará lo
previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de
las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos
públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos
internos de control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de
prescripción no serán inferiores a siete años.
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de
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control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e i nvestigar
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán impondrá a los
particulares que intervengan en actos de corrupción o vinculados con faltas
administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las
sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños
y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con hechos de corrupción o con faltas
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o
representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá
ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de actos de corrupción o faltas administrativas graves
que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o
municipales, siempre que dicha sociedad obtenga un beneficio económi co y se
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus
socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera
sistemática para vincularse con actos de corrupción o faltas administrativas graves;
en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.
Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las
sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en
las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse
dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
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Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso
respecto de las conductas a las que se refiere este artículo.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía
de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los
procedimientos para que les sea entregada dicha información.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDEN SANCIONARSE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÉSTOS, AUNQUE NO IMPLIQUEN UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA EL RESPONS (I.8o.A.123 A)
- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE ACTUALIZA POR CONDUCTAS QUE, SIN AFECTAR LA DEBIDA PRESTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, VIOLEN LOS PRINCIPIOS Y (I.4o.A.165 A (10a.))
- SERVIDORES PÚBLICOS. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD Y EL RELATIVO AL PLIEGO DE RESPONSABILIDADES SIGUEN DISTINTOS FINES SEGÚN LAS LEYES QUE LOS RIGEN. (I.1o.A.109 A)
- REVISION FISCAL. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION. PROCEDENCIA. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE SITUACION PATRIMONIAL. (s/clave)
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA NORMA DE EFICACIA INDIRECTA, QUE R (2a./J. 154/2008)
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