Artículo 187 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

ARTICULO 187. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades del

orden de gobierno estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el

cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas y estará conformado por:

A. Un Comité Coordinador que será la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre

los integrantes del Sistema y tendrá bajo su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas

de combate a la corrupción.

I. El Comité Coordinador estará integrado por:

a) Un o una representante del Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá el Comité;

b) La persona titular de la Auditoría Superior del Estado;

c) La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

d) La persona titular de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo;

e) La persona que presida el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;

f) La persona que presida el organismo autónomo en materia de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; y

g) Un o una representante del Tribunal de Disciplina Judicial.

II. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley, las

siguientes atribuciones:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los demás Sistemas Anticorrupción;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de

corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y

actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones

competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de

los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y

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e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de

sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que

adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos

de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias

de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas y en caso de que

determinen no acatarlas deberán fundar y motivar tal decisión. En todo caso el Comité hará públicas dichas

determinaciones y las turnará a la unidad orgánica correspondiente.

B. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema, que deberá integrarse por cinco personas que se hayan

destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción o de

participación ciudadana, y serán designadas en los términos que establezca la ley.

El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Constitución y

las leyes, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación

con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal. Contará

al menos con las siguientes facultades y obligaciones:

I. Tendrá acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el ejercicio de sus

atribuciones;

II. Propondrá al Comité Coordinador del Sistema las recomendaciones, políticas públicas e informes

que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija, y contará con las

atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las mismas;

III. Rendirá un informe público anual a los titulares de los Poderes del Estado, en el que dará cuenta

de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los

resultados de sus recomendaciones, y

IV. Las demás facultades y atribuciones que dispongan las leyes de la materia.

[Artículo reformado en su apartado A, fracción I inciso g) mediante Decreto No. -

LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 103 del 25 de diciembre de 2024]

[Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 69

del 30 de agosto de 2017]