Artículo 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

Artículo 145. - El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en los

términos que establece la Constitución Federal; con entera sujeción a ésta el

Congreso expedirá leyes para regular el aprovechamiento de las aguas que no sean

de propiedad nacional y se localicen en dos o más predios, para vigilar, dentro del

territorio del Estado, el respeto a las disposiciones constitucionales sobre capacidad

para adquirir el dominio de las tierras, aguas, bosques y sus accesiones y para fijar

la extensión máxima de la propiedad rural y llevar a cabo el fraccionamiento de los

excedentes, procurando el fomento y desarrollo de la auténtica pequeña propiedad.

También dictará las leyes necesarias para determinar los casos en que sea de

utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, facultando al Ejecutivo para

hacer la declaración correspondiente.

Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal,

tienen plena capacidad para adquirir, poseer y administrar tierras, bosques, aguas

y sus accesiones. A fin de que puedan acreditar su personalidad y ejercer sus

derechos, la Legislatura del Estado dictará una ley que regule su funcionamiento y

proteja debidamente los bienes que constituyan su patrimonio, conforme a las

siguientes bases generales:

I.- Siguiendo un procedimiento democrático y de acuerdo con las costumbres

establecidas, se hará la designación de los representantes legales de las

comunidades, los cuales acreditarán su personalidad con credenciales que deberá

expedirles el Gobernador del Estado.

II.- Se formulará el censo de las personas que deben ser reconocidas como

comuneros, dando amplia oportunidad de defensa a todos los que se crean con tal

derecho y se establecerán las bases para determinar la forma en que se trasmitan

los derechos de cada comunero.

III.- La autoridad suprema de los núcleos d e población comunal será la Asamblea

General de Comuneros. Las funciones de ésta, así como las facultades de los

representantes que legalmente elijan, serán fijadas en la ley respetando las

limitaciones establecidas en este artículo.

(F. DE E., P.O. 18 DE ABRIL DE 1960)

IV.- Son inexistentes todos los actos de particulares y todas las resoluciones,

decretos, acuerdos, Leyes o cualquier acto de las autoridades municipales o del

Estado, así como de las autoridades judiciales del orden común que hayan tenido o

tengan por consecuencia privar total o parcialmente de sus derechos a los núcleos

de población comunal. Se exceptúa únicamente el caso de expropiaciones por

causa de utilidad pública que en forma muy limitada y expresa se establecerán en

dicha ley y que se tramitarán y resolverán, oyendo los puntos de vista de la

asamblea general de comuneros. La indemnización se destinará a la adquisición de

otros terrenos.

78

V.- Las tierras, pastos, bosques, aguas, plantas, canteras, arenas y demás recursos

propiedad de las comunidades, se explotarán directamente por ellas mismas con el

asesoramiento técnico del Gobierno o de las instituciones u organismos que para

tal efecto se funden.

VI.- Se establecerá en favor de las comunidades un régimen fiscal de protección,

semejante al de los ejidos.

VII.- Con la participación de las propias comunidades, se crearán organismos

adecuados que, por medios conciliatorios, busquen la resolución amistosa de los

conflictos entre las comunidades.

VIII.- Se formularán también las normas que regulen el manejo honrado y el

conveniente destino de los fondos comunales que deriven de la explotación o

aprovechamiento de los terrenos comunales.

IX.- El Estado dictará también, dentro de la esfera de su competencia y en auxilio

del Gobierno Federal, las disposiciones necesarias para vigilar que no se lesionen

los ejidos ni la auténtica pequeña propiedad, que no se realicen falsas

clasificaciones de tierras o de explotaciones agrícolas y ganaderas, ni se realicen

maniobras o simulaciones para ocultar acaparamientos de la propiedad territorial,

que no se violen en perjuicio de los campesinos, las disposiciones relativas al crédito

y al correcto manejo del patrimonio ejidal y, en general, para lograr el cumplimiento

efectivo de la Reforma Agraria.

(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1960)