Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo
Artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo
Vigencia verificada: 11 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 95.-
El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será un
órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia
administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva
de género.
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo
Se integrará por cinco magistradas o magistrados, los que conocerán de materia de anticorrupción,
responsabilidades administrativas y materia administrativa ordinaria, de entre los cuales uno será su
Presidente, electo por sus pares en los términos que disponga la Ley.
Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones
de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos
autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales
y los particulares.
Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las
responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves, y a los particulares que
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer
sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del
organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Lo
anterior no será aplicable a los servidores públicos que formen parte del Poder Judicial del Estado,
quienes se regirán en términos de su propio Tribunal de Disciplina Judicial.
Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, se deberán
satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrada o
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de
los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el
principio de paridad de género. Las magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de
nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos por una única ocasión. Al término de su
periodo cesarán en sus funciones.
El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de las magistradas o magistrados, y podrá
privarlos de su encargo, en términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Reforma Publicada en el
El 20 de Enero de 2020.
Para ser Magistrado del Tribu nal de Justicia Administrativa, se deberán satisfacer los mismos
requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado. El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y
observando el principio de paridad de género. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de
cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos has ta en dos ocasiones. Al término de su
periodo cesaran en sus funciones.
El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su
encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro
forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución.
Adición publicada en el P.O. del Estado
El 23 de mayo del 2006.
Sección II
De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo
Reforma Publicada en el
El 28 de Enero de 2013.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CO (163)
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CO (P./J. 49/2000 )
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CO (206)
- CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. NO ESTÁ IMPEDIDO PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN DE SU ENCARGO A UN SECRETARIO DE ACUERDOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL D (XI.1o.A.T.40 A (10a.))
- DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. PUEDE HACERSE VÁLIDAMENTE MEDIANTE CONCURSOS DISTINTOS A LOS DE OPOSICIÓN, EN CASOS EXCEPCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS RE (12)
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-09-10)
Artículo 95.- El Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo, será un órgano autónomo, independiente en sus
resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad y perspectiva de género.
15/04/2026 12:27 p. m. 61
Se integrará por cinco magistradas o magistrados, los que conocerán de materia
de anticorrupción, responsabilidades administrativas y materia administrativa
ordinaria, de entre los cuales uno será su Presidente, electo por sus pares en los
términos que disponga la Ley.
Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por
actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo,
los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos
descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.
Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos
por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves, y a
los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades,
así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Estatal o al patrimonio de l os entes públicos; así como imponer sanciones
a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones
del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de
datos personales. Lo anterior no será aplicable a los se rvidores públicos que
formen parte del Poder Judicial del Estado, quienes se regirán en términos de su
propio Tribunal de Disciplina Judicial.
Para ser Magistrada o Magistrado del Tribunal en materia Anticorrupción y
Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta
Constitución para ser designado Magistrada o Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado.
El Poder Legislativo elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante
convocatoria pública y observando el principio de paridad de género. Las
magistradas o magistrados tendrán un periodo constitucional de nueve años en el
ejercicio del cargo y podrán ser reelectos por una única o casión. Al término de su
periodo cesarán en sus funciones.
El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de las magistradas o
magistrados, y podrá privarlos de su encargo, en términos del Título Cuarto de
esta Constitución.
(ADICIONADA,
SECCION II
De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(REFORMADO,
15/04/2026 12:27 p. m. 62
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)
Artículo 95. - El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de
Ocampo, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de
jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad,
publicidad, audiencia y legalidad. Se integrará por cinco magistrados, de entre los
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cuales uno será su Presidente electo por sus pares, en los términos que disponga
la ley.
Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por
actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los
ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos
descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves
y a los particulares que partici pen en actos vinculados con dichas
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como
imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente
en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y
protección de datos personales.
(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 2020)
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se deberán satisfacer
los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Legislativo elegirá a los
magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del
Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de
paridad de género. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años
en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones. Al término
de su periodo cesaran en sus funciones.
El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá
privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta
Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de
esta Constitución.
(ADICIONADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006)
SECCION II
De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(REFORMADO, P.O. 28 DE ENERO DE 2013)
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