Artículo 85 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur

Artículo 85. Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, las autoridades ambientales deberán realizar un análisis integral y no fragmentado de los impactos ambientales, considerando el proyecto en su totalidad, incluyendo todas sus etapas, componentes y actividades asociadas, así como los impactos directos, indirectos, acumulativos, sinérgicos y residuales que pudieran generarse. Durante la evaluación, deberá considerarse cuando menos: Los principios establecidos en esta Ley, así como los criterios que regulan la política ambiental; Los posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran los ecosistemas posiblemente afectados, incluyendo sus interrelaciones, funciones, procesos ecológicos y servicios ambientales, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación directa; La compatibilidad del proyecto con la capacidad de carga, los límites de cambio aceptable, resiliencia, integridad funcional y límites ecológicos de los ecosistemas, asegurando su conservación a largo plazo; La congruencia del proyecto con los instrumentos de política ambiental aplicables, en particular los programas de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y demás disposiciones territoriales; Las medidas de prevención, mitigación, compensación y restauración propuestas por el promovente, evaluando su idoneidad, eficacia, viabilidad técnica y suficiencia; La información científica, técnica y metodológica disponible, así como las opiniones emitidas por dependencias, entidades públicas, instituciones académicas, grupos de expertos y organizaciones de la sociedad civil; Las observaciones y aportes formulados durante la consulta pública, incluyendo aquellos sustentados en saberes tradicionales, comunitarios o bioculturales de comunidades indígenas, originarias o equiparables; Los riesgos ambientales, incluyendo aquellos asociados a eventos extraordinarios, fallas operativas o escenarios de cambio climático; y Los impactos en la salud ambiental y el bienestar de la población. La evaluación deberá privilegiar en todo momento un enfoque precautorio, favoreciendo la protección más amplia del ambiente y de la naturaleza, siempre y cuando esto no afecte los derechos de identidad cultural, usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias, equiparables o vulnerables.