IMPACTO AMBIENTAL. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA, QUE PREVÉN LOS TRÁMITES PARA SU AUTORIZACIÓN, NO PUEDEN LLEGAR AL EXTREMO DE EXIGIR A SU PROMOVENTE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA PERICIAL EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN RESPECTIVO.

De lo dispuesto en los artículos 28, 35 y 35 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 21 y 24 del reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, se desprende que quienes pretendan realizar, entre otras obras y actividades, las relativas a desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, deberán contar con la correspondiente autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para lo cual deberán presentar ante dicha dependencia la manifestación de impacto ambiental, que exige la legislación en comento. Ahora bien, de los citados numerales que regulan el procedimiento para la obtención de la autorización respectiva, se advierte que la secretaría, cuenta con atribuciones para solicitar rectificaciones, aclaraciones o ampliaciones a las manifestaciones de impacto ambiental y para pedir, de ser necesaria, una opinión técnica, cuando así se requiera. Empero, en ninguno de dichos numerales se trata lo relativo a las pruebas periciales, desde el punto de vista formal, sino de dictámenes periciales -en tanto consisten en opiniones técnicas que requieren conocimientos específicos en determinada ciencia o materia- presentados en forma de una prueba documental, correspondiendo la evaluación de los mismos a la citada dependencia, la cual tiene las facultades para realizar la evaluación en materia de impacto ambiental y otorgar o denegar la autorización correspondiente. De ahí, que al carecer la legislación aplicable en materia de impacto ambiental, de la exigencia de que se presente una prueba pericial con los requerimientos propios de ese tipo de medios probatorios, pues únicamente exige que la correspondiente manifestación se presente documentalmente, conforme a los formatos o a las guías establecidas por la secretaría del ramo, y que la posibilidad de que se requieran aclaraciones, rectificaciones o información de manera adicional, tampoco establece que deban rendirse con las exigencias de una prueba pericial, sino en forma documental, lo que se entiende porque se trata de cuestiones complementarias a las contenidas en la manifestación inicialmente requerida que es de este mismo tipo, no se puede llegar al extremo de exigir a la parte promovente de una autorización en materia de impacto ambiental, el ofrecimiento de una prueba pericial en la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.