Artículo 2º

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en

sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que

conservan sus propias inst ituciones sociales, económicas, culturales y

políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes d e un pueblo indígena aquellas que formen

una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en

un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar

en cuenta, además de los pri ncipios generales establecidos en los párrafos

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la

autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,

económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta

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Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos

y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley

establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o

tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus

formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados

en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos

públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados,

en un marco que respete el pacto federal, la soberanía d e los Estados y la

autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas

comunitarias podrán limitar los derechos político -electorales de los y las

ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos

que constituyan su cultura e identidad.

(…)

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las

normas aplicables.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y

regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la

participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y

normas internas.

(…)

Las cons tituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así

como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas

como entidades de interés público.

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover

la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica

discriminatoria, establecerán las institucio nes y determinarán las políticas

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

(…)

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de

Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y,

cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

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(…)

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas,

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición

pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados

en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que

establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía,

desarrollo e inclusión social.

(…).

Como puede advertirse de la transcripción, el texto constitucional vigente es acorde

con la evolución normativa y jurisprudencial en favor de la protección de los

derechos de in terculturalidad de los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas de México y, en particular, con la necesidad de consultarlos en todo

momento en que una medida legislativa o de autoridad sea susceptible de afectarles

directamente.

Específicamente, en el primer párrafo del apartado B es impuesta la obligación de

la Federación, los Estados y los Municipios de eliminar cualquier práctica

discriminatoria, establecer las instituciones y las políticas necesarias a fin de

garantizar la vigencia de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas y

el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Además, este derecho puede derivarse del principio de autodeterminación previsto

en el artículo 2°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución, que faculta a los

pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para decidir sus formas internas

de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

En efecto, en el art ículo 2º de la Constitución General es protegido el derecho de

los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de autodeterminación y

autogobierno. En este sentido, la autodeterminación es “un conjunto de normas de

derechos humanos que se predican gené ricamente de los pueblos, incluidos los

pueblos indígenas, y que se basan en la idea de que todos los sectores de la

humanidad tienen el mismo derecho a controlar su propio destino.3”.

Esta facultad de autogobierno o autoorganización constituye la principal dimensión

del principio de autodeterminación y consiste en la idea de que los sistemas políticos

deben funcionar de acuerdo con los deseos de las personas gobernadas4.

Al respecto, el derecho a la consulta está íntimamente ligado con los derechos de

participación política y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas y sus integrantes. En ese sentido, en el artículo 35 constitucional

está establecido el derecho de todo ciudadano de votar y ser votado en las

elecciones populares y de asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del

país.

3 ANAYA, James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, Trotta, 2005, p. 137

4 Ibídem, p. 224

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En consecuencia, las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas

y afromexicanas del país tienen derecho a participar en la toma de decisiones de

relevancia pública y, sobr e todo, en aquellas que sean susceptibles de afectarles

directamente.

A partir de estos principios, en la Constitución General están implícitos otros

derechos y características propias de la tutela de derechos con una perspectiva

intercultural. Por ejemplo, tienen la facultad de elegir a sus autoridades conforme a

sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, así como el ejercicio de sus

formas propias de convivencia y organización social, económica, política y cultural,

lo que incluye, por supuesto, el derecho a la consulta.

I. En ese sentido, el Tribunal Pleno —en los precedentes referidos— y la Corte

Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que las autoridades están

obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes

de tomar alguna acción o implementar una medida susceptible de afectar sus

derechos e intereses.

De esta forma, los pueblos indígenas y afromexicanos tienen el derecho humano a

ser consultados mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y

de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes,

cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles

directamente, conforme a lo siguiente.

―La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del

plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no

únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.

―La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a

los pueblos indígenas y afromexicanos debe cumplirse de acuerdo con sus

costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y

teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Ello

implica que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus

propias tradiciones.

Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido5 que

las consultas a pueblos indígenas deben realizarse a través de procedimie ntos

culturalmente adecuados, es decir, en conformidad con sus propias tradiciones y a

través de sus instituciones representativas. Para ello debe analizarse el contexto

cultural de las comunidades mediante el empleo de diversos mecanismos como

pueden ser, por ejemplo, las visitas o estudios periciales en materia antropológica.

Además, para que una consulta indígena sea culturalmente adecuada es necesario

respetar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la

no asimilación cultu ral, consistente en que se reconozca y respete la cultura,

5 Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador. Corte Interamericana de Derechos

Humanos, de 27 de junio de 2012 (Fondo y Reparaciones), párrafos 201 y 202.

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historia, idioma y modo de vida como un factor de enriquecimiento de la identidad

cultural del Estado y se garantice su preservación6.

Asimismo, se deben tomar las medidas necesarias para garanti zar que los

miembros de los pueblos puedan comprender y hacerse comprender en

procedimientos legales, con el apoyo de traductores si es necesario.

―La consulta debe ser informada . Los procesos de otorgamiento exigen la

provisión plena de información preci sa sobre la naturaleza y consecuencias del

proyecto a las comunidades consultadas, previo y durante la consulta. Debe

buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos

ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión

propuesto de forma voluntaria.

―La consulta debe ser de buena fe , con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se

debe garantizar mediante procedimientos claros de consulta la obtención del

consentimiento previo, libre e informado par a la consecución de dichos proyectos.

La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena o que

afecte su hábitat o cultura sea tramitado y decidido con participación y en consulta

con los pueblos interesados con vistas a obtener su con sentimiento y participación

eventual en los beneficios.

Es de suma importancia mencionar que en la Acción de Inconstitucionalidad número

158/2020, y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020: NO se

estimó específicamente las etapas que se deberían desarrollar en la consultas, pero

si bien deben ser flexibles, por lo que las Diputadas y los Diputados que integramos

las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos y

Comunidades Indígenas acordamos realizarla bajo estas fases siguientes: