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Modo: Corpus Pro

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas

Artículo 4

Ordenamiento: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas · Ámbito: Chiapas
Última reforma: 2026-09-21

Vigencia verificada: 4 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

Artículo 4.

1. El ejercicio de la función electoral se sujetará a los principios rectores de certeza,

imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publ icidad,

objetividad, paridad, y se realizará con perspectiva de género, de los cuales el

Instituto de Elecciones y el Tribunal electoral, en el ámbito de sus respectivas

competencias, serán garantes de su observancia.

2. El Instituto de Elecciones, los P artidos Políticos, Precandidatos, Candidatos y

Candidatos Independientes, deberán garantizar el principio de paridad de género

en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los

derechos humanos de las mujeres.

3. Las autor idades electorales dispondrán lo necesario para asegurar el

cumplimiento de la normatividad electoral, por lo que contarán todo el tiempo con el

apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, en el

ámbito de sus respectivas competencias.

4. Las autoridades electorales podrán solicitar a las autoridades competentes el

otorgamiento de las medidas preventivas que correspondan, cuando adviertan

alguna conducta o conductas que puedan constituir violencia política contra las

mujeres en razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso.

5. La falta de apoyo y colaboración por parte de alguna autoridad del Estado, será

motivo de sanción por parte del Instituto de Elecciones, a través del régimen

sancionador. Si se trata de alguna autoridad federal, se dará vista al superior

jerárquico que corresponda, para efectos de que se inicie el procedimiento

respectivo.

6. Las autoridades electorales, jurisdiccionales y judiciales sancionarán cualquier

violación a las garantías y características con que debe emitirse el sufragio.

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Fuente oficial: consultar publicación

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Versiones anteriores de este artículo

Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.

Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-07-24)

4. Consulta y acuerdo. Las po líticas, leyes, programas y acciones públicas

que tengan relación con los pueblos indígenas serán consultadas con ellos.

El Estado deberá impulsar la integridad y concurrencia de todas las

instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los p ueblos

indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas

públicas. Para asegurar que su acción corresponda a las características

diferenciadas de los diversos pueblos indígenas, y evitar la imposición de

políticas y programas uniform adores, deberá garantizarse su participación

en todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción,

planeación y evaluación.

Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y ordenada de

facultades, funciones y recursos a los munic ipios y comunidades para que,

con la participación de estas últimas, se distribuyan los fondos públicos que

se les asignen. En cuanto a los recursos, y para el caso que existan, se

podrán transferir a las formas de organización y asociación previstas en el

punto 5.2 del documento de Pronunciamientos Conjuntos.

Puesto que las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser concebidas

por los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las actuales

instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben

ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y

concertadamente con el Estado los propios pueblos indígenas.

Asimismo, en los precedentes fue considerado necesario analizar el Convenio 169

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en

Países Independientes, adoptado el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta

12

y nueve, en Ginebra Suiza, y aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso

de la Unión, el once de julio de mil novecientos noventa2, el cual prevé lo siguiente:

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