Artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios (Nuevo León)

Artículo 17.- El Tribunal será competente para conocer de los juicios que se promuevan

en contra de los actos o resoluciones que se indican a continuación, dictados,

ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, por autoridades administrativas,

fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal o de los Muni cipios del

Estado de Nuevo León, cuando estas últimas actúen en carácter de autoridad:

I.- Que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o

den las bases para su liquidación;

II.- Que nieguen la devolución de un ingre so de los regulados por las leyes fiscales

indebidamente percibidos por el Estado o los Municipios; o cuando se niegue por las

mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente;

III.- Los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se

afirme:

a) Que el crédito que se exige se ha extinguido legalmente, o que su monto real es

inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora

o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el

Artículo 22 del Código Fiscal del Estado;

b) Que se es poseedor, a título de propietario, de los bienes embargados en el

procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas; o que se es

acreedor preferente al fisco, para ser pagado con el producto de los mismos;

El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los

derechos embargados, podrá promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se

finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del

fisco estatal o municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su

favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales o municipales, podrá promover

el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.; y

c) Que el procedimiento administrativo de ejecución no se encuentra ajustado a la ley.

En este caso, las violaciones cometidas antes de la etapa del remate sólo podrán

hacerse valer hasta el momento de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se

trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de

imposible reparación material, en cuyo caso el juicio podrá interponerse contra el acta

en que cons te la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieran lugar con

posterioridad a la mencionada convocatoria o se trate de venta de bienes fuera de

subasta, el juicio se interpondrá contra la resolución que finque el remate o la que

autorice la venta fuera de subasta.

En los juicios que se promuevan por alguna de las causas a que se refieren los dos

últimos incisos de esta fracción, no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal.

IV.- Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados

en los incisos anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier

autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal;

V.- Que impongan sanciones no corporales por infracción a las leyes y reglamentos

estatales o municipales, de carácter administrativo o fiscal;

VI.- Que determinen responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos

del Estado o de los Municipios;

(REFORMADA,

VII.- Que se refieran a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de convenios y

contratos administrativos, en los que sean parte el Estado o los Municipios, o sus

entidades paraestatales o paramunicipales;

(REFORMADA,

VIII.-En materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los Municipios de

la entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social;

IX.- Los relativos a la responsabilidad patrimonial extracontractual reclamada al Estado,

a los Municipios, o a las entidades paraestatales o municipales;

X.- Los que se promuevan contra cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades

administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o

municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares;

XI.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades

administrativas o fiscales, estatales o municipales, al resolver los recursos establecidos

por las leyes y reglamentos respectivos;

XII.- Los que promuevan las autoridades estatales o municipales o los titulares de sus

entidades paraestatales o municipales, para que sean nulificadas las resoluciones

administrativas o fiscales dictadas por ellas mismas, favorables a los particulares;

XIII.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas, configuradas

por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el

plazo que la Ley fije o a falta de término de cuarenta y cinco días;

(ADICIONADO

Cuando por disposición de las leyes o reglamentos, el silencio de la autoridad

administrativa para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que se

señale en ellos, para tal efecto, implique la configuración de una afirmativa ficta, la

autoridad ante la que se hubiere formulado tendrá el plazo de diez días hábiles para

reconocer de manera expresa tal circunstancia y las consecuencias legales que de su

omisión se desprendan. De no acontecer así, o si el particular considera que el

reconocimiento que se haga no satisface la pretensión deducida en la instancia no

resuelta de manera expresa, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de

la omisión de reconocer la configuración de la afirmativa ficta o, en su caso, del

reconocimiento que se haga al respecto, en la parte que afecte su interés jurídico.

(ADICIONADO

En cualquier caso en que la afirmativa ficta implique la afectación de un derecho de

terceros, la contravención de disposiciones de orden público o cause un perjuicio al

interés social, la misma se tendrá por no configurada.

XIV.- Los demás que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su

naturaleza o por disposición de otras leyes se consideren como competencia del

Tribunal.

(REFORMADO,

De igual manera, el Tribunal será competente, por medio de la Sala Superior o del

Magistrado de la Sala Ordinaria, según sea el caso, para conocer y resolver los recursos

de revisión y queja que se promuevan conforme a lo dispuesto en los Artículos 90, 91 y

92 de esta Ley.

(REFORMADO,