Artículo 39 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos

Artículo 39

El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la recuperación

física y psicológica y la reintegración social de los niños que hayan sido víctimas de

abusos, negligencias, explotaciones o torturas.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL.

Con motivo de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Fundamentales,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011, misma

que impacto de manera prioritaria al contenido del artículo primero de la Carta

Magna, dicho dispositivo legal sufrió cambios sustanciales respecto de la protección

a los Derechos Humanos de las personas; disponiéndose en sus párrafos primero

y tercero lo que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece”.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En conse cuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

No obstante la premisa mater en materia de derechos humanos antes señalada, el

artículo cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,

establece en sus párrafos noveno al décimo primero, disposiciones fundamentales

que obligan a todas las autoridades a garantizar los derechos de la niñez, tutelando

en sus actuaciones y decisiones el principio superior de la niñez y demás inherentes

a este, como lo son el derecho a la alimentación, salud, educación, sano

esparcimiento y desarrollo integral, situación que constriñe a todas autoridades de

los tres órdenes y niveles de gobierno, a emitir dirigir sus acciones salvaguardando

en todo momento la correcta aplicación del principio superior de la niñez, mismo

precepto que en su parte conducente ratifica lo señalado:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas dirigidas a la niñez”.

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el

cumplimiento de estos derechos y principios”.

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al

cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Cabe señalar, la facultad que le asiste al Congreso de la Unión de legislar en materia

de los Derechos de la Niñez, la cual se encuentra consagrado en la fracción XXIX -

P, del artículo 73 de la Carta Magna, mismo precepto legal que faculta al Congreso

Federal de expedir leyes en las que se establezca la concurrencia de los tres niveles

de gobierno en la materia que nos ocupa. Tal es el caso, que mediante Decreto

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de diciembre de dos

mil catorce, se publicó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, mismo ordenamiento legal que tiene por obje to los siguientes

aspectos:

• Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

• Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos

humanos de niñas, niños y adolescentes.

• Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para

garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de

niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

• Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades,

competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos

constitucionales autónomos, y

• Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y

social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Asimismo el citado ordenamiento legal en cita, en su artículo segundo transitorio se

dispuso que: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades

federativas, en el ámbito de sus competencias, realizar las modificaciones

legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los cientos

ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor”. Atento a lo señalado, es

menester de esta Soberanía, realizar las adecuaciones legislativas al marco jurídico

de la Entidad, con la final idad de garantizar y tutelar las disposiciones contenidas

en la Ley General de referencia, ya sea a través de la armonización legislativa o

bien, la creación de un nuevo ordenamiento legal que satisfaga a cabalidad los

requerimiento en materia de protección de los derechos de la niñez.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA.

En mérito del análisis al Marco Jurídico Internacional, así como a las disposiciones

contenidas en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y las leyes

que de ella emanan en materia de protección de los Derechos de la Niñez, resulta

necesario hacer énfasis en las disposiciones que nuestra Constitución Estadual

prevé para garantizar estos derechos, las cuales resultan plenamente concordantes

con las premisas antes dilucidadas, toda vez que en el marco local, la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, cita en su artículo 19, fracción II,

los derechos que le asisten a los niñas y niños y adolescentes de en nuestra Entidad

Federativa, los cuales son los siguientes:

II.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho:

a).- A conocer a sus padres y ser respetado en su integridad física y psíquica por

parte de ellos y de la sociedad;

b) Para su sano e integral desarrollo:

1.- A que se le proporcione alimentación;

2.- A recibir del Estado, de manera obligatoria y con calidad, Educación Básica y

Media Superior, Educación Especial, en los casos que se requiera y, superior de ser

posible, por conducto de la Unidad Gubernamental correspondiente, con la

necesaria participación de los poderes de familia y la sociedad, de conformidad con

lo dispuesto en la normativa federal y local aplicable, y

3.- A la protección y conservación de su salud, todo ello respetando su derecho a la

libertad;

c).- Al sano esparcimiento para su desarrollo integral;

d) A salvaguardarles en todo momento la protección de los Derechos Humanos, que

por su condición de personas en desarrollo, son reconocidos por la Constitución

General de la República, por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado

mexicano, por la Constitución del Estado y las leyes que el Congreso del Estado

emita. Para ello, el Estado establecerá un Sistema Integral de Justicia, que será

aplicable a los adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y menos de

dieciocho años de edad, a qui enes se atribuya la realización de una conducta

tipificada como delito por las Leyes Penales.

La conducción y operación del Sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y

autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para

adolescentes. Dicho Sistema deberá considerar formas alternativas de justicia que

cumplan con las garantías del debido proceso legal, así como la independencia

entre las autoridades que efectúen la remisión, de las que impongan las medidas y

de las que ejecuten la medida impuesta, para ello, el Congreso del Estado emitirá

el ordenamiento legal de la materia, a fin de establecer las formas y autoridades

responsables de su ejercicio.

El Sistema Integral de Justicia en el Estado de Morelos, garantizará la orientación,

protección y tratamiento integral del adolescente, toda vez que su condición de

personas en desarrollo es factor de interés superior para la aplicación en todos los

procedimientos instaurados y con ello, reconocerles los valores universales de

solidaridad, humanismo e integración social.

Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista

como delito en la Ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. Las

medidas impuestas a los adolescentes de doce años cumplidos y menores de

dieciocho, estarán dota das de contenido educativo, sin perder de vista la

orientación, protección y tratamiento, aspectos que deberán estar claramente

determinados en calidad y cantidad técnica multidisciplinaría. Será improcedente y

contrario a derecho el que se habilite una me dida que exceda el criterio de

proporcionalidad por el acto cometido, toda vez que el propósito fundamental es el

de atender a la protección integral y el interés superior del adolescente,

incorporando al contenido educativo la prevención del delito.

Estas medidas tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente,

así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se

utilizará como medida extrema y por el menor tiempo que proceda y podrá aplicarse

únicamente a los adolescente mayores de catorce años y menores de dieciocho,

por la comisión de las conductas antisociales calificadas como graves.

e) A vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado para

su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la

escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier

forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, o explotación, en condiciones

de libertad, integridad y dignidad; por lo que para su protección las leyes que se

expidan y las medidas que se tomen en todo momento deberán aplicar el principio

del interés superior del menor. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la

obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios.

El Estado garantizará a las niñas/niños/adolescentes, que se encuentren en

situación vulnerable y que pongan en riesgo su vida, libertad, integridad, dignidad y

Derechos Humanos y sus Garantías, su cuidado y protección a través del adecuado

funcionamiento de instituciones y establecimientos públicos o privados que estén

dedicados a ese fin.

f) A no ser separado del seno de la familia, sino en los casos excepcionales que las

leyes secundarias determinen;

En estrecha relación con el precepto legal antes citado, y con la finalidad de darle

una operatividad plena al ejercicio de los Derechos de la niñez, resulta

indispensable crear un ordenamiento legal de carácter reglamentario, en el cual se

establezcan con mayor amplitud y claridad los alcances jurídicos de la protección

adecuada de los infantes, y con ello dar vigencia absoluta a la obligatoriedad

intrínseca de garantizar y tutelar el principio superior de la niñez, en todos los actos

y resoluciones que las autoridades competentes en el Estado de Morelos dicten o

estimen.

Por ello, los que integramos esta Comisión de Puntos Constitucionales y

Legislación, compartirnos de manera rotunda y categórica con el objeto de las

propuestas de los iniciadores, así como el contenido de los exhortos de ambas

Cámaras del Congreso de la Unión, al pretender establecer un ordenamiento legal

especifico en la protección y garantía de los Derechos de las niñas, niños y

adolescentes en el Estado de Morelos.

Cabe precisar que, invariablemente no solo el objeto de las propuestas de los

iniciadores resultan plenamente coincidentes, sino también son concordantes en su

contenido de conformidad con la normativa de carácter internacional, constitucional

y estadual, por lo que tomando en consideración las similitudes de las Iniciativas,

esta Comisión Dictaminadora, estima procedentes las propuestas de referencia, de

las cuales se ha tenido a bien considerarlas a todas, analizando cuál de ellas resulta

más protectora y efectiva para garantizar de manera plena y categórica los derechos

de la niñez.

Debemos enfatizar que cualquier tipo de menoscabo de los Derechos de la Niñez,

debe de ser erradicado por completo de nuestra sociedad, los que tenemos la gran

responsabilidad de ejercer el poder público, tenemos la plena obligación de impedir

que las malas prácticas y los abusos hacia los menores de edad sean, en principio

de cuentas suprimidos y en caso de seguir subsistiendo, que la ley prevea

sanciones ejemplares, para quienes infrinjan en su incumplimiento, ya sea por

acción u omisión, y sean sancionad os con todo el rigor de la Legalidad, situación

que antes no pasaba. Para lograr consolidar estas acciones, las autoridades

competentes, y en lo particular esta Soberanía, se encuentra constreñida a emitir

mecanismos legislativos, que resulten eficientes para la salvaguarda y tutela de

estos derechos.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS.

Aunado a todas las consideraciones antes expuestas, debemos citar que la finalidad

de este Poder Legislativo, es establecer disposiciones normativas que tutelen los

derechos humanos en la Entidad, constituyendo con ello una protección más amplia

a las personas, y que además represente una mejora a la sociedad, sin que dichas

disposiciones contravengan a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los Instrumentos Internacionales y en las Leyes que de la Carta Magna

emanen; en este sentido los que integramos esta Comisión Legislativa,

compartimos con la finalidad y el propósito que tutelan las propuestas de los

iniciadores.

Resulta importante señalar, que los que integramos esta Comisión Legislativa,

coincidimos con el objeto y finalidad de los legisladores proponentes, por cuanto

hace a la necesidad de crear un nuevo Ordenamiento Legal, en el cual se

establezcan disposiciones de carácter reglamentario, que garanticen el ejercicio

pleno y el respeto a los Derechos de la Niñez, esto es así, debido a que la evolución

del sistema jurídico mexicano, exige que nuestra Entidad Federativa, fije

instrumentos normativos, que detonen un a amplia protección a los derechos

humanos.

Derivado de las coincidencias antes citadas, los que integramos esta Comisión

Legislativa estimamos necesario dilucidar el contenido del proyecto conjunto, que

resulta de la suma de las propuestas y que se estima procedente para la creación

de un nuevo ordenamiento legal, sin omitir mencionar que dicho proyecto legislativo,

fue enriquecido a través de modificaciones que en el apartado correspondiente se

harán notar, pero que sin embargo se guarda la esencia original de los proponentes,

mismo contenido que a continuación se describe:

El Título Primero, establece las disposiciones generales de la Ley, como lo son el

objeto, la tutela de los derechos, el glosario de la ley y los principios rectores de este

ordenamiento.

El Título Segundo, entra de manera directa a los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, contemplando y explicando de manera amplia cada uno de esos

derechos.

El Título Tercero, establece las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad,

tutela o guarda y custodia de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Título Cuarto, dispone la facultad para autorizar, registrar, certificar y supervisar

los centros de asistencia social.

El Título Quinto, establece la obligación de las autoridades correspondientes para

que en el ámbito de su competencia establezcan políticas públicas en materia de

protección de los derechos niñez, salvaguardando el principio del interés superior

de la niñez. Asimismo de este apartado se desprenden las siguientes secciones:

Sección Primera.- Se establecen la distribución de competencias de las autoridades

correspondientes, así como sus atribuciones.

Sección Segunda.- Se prevé las atribuciones del Sistema DIF Morelos, las propias

de la Procuraduría de Protección Estatal que será suplida por la hoy y ya existente

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Asimismo prevé las

disposiciones generales para conformación, operatividad, atribuciones del Sistema

de Protección Local en materia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente el Titulo Sexto, dispone el apartado de las Infracciones y Sanciones

Administrativas de la Ley.

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación considera procedente la

modificación de la propuesta que se estimó conjuntar, toda vez que ésta obedece a

un análisis jurídico integral del precepto legal que nos ocupa, facultad de

modificación concerniente a las Comisiones, contenida en la fracción III, del artículo

106, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Dicha modificación

obedece a que los actos legislativos deben de ser completos. No obstante de esto,

la argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido

por el Poder Judicial de la Federación:

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-

abril de 2011, , mismo que es del rubro y texto siguiente:

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE

LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR,

MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE

PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIAT IVA CORRESPONDIENTE. La

iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de

creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran

regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin

que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el

proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud

de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto

de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole

un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión

cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese

sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General

de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que

por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto

de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar

una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la

Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función

principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley,

independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa

correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo

71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o

adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión

para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica

y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas

modificaciones al proyecto.

PRIMERA: Respecto al artículo 4 de la citada Ley, se sugiere por técnica legislativa

homologar la redacción en las fracciones de dicho artículo, insertando en su caso

“al”, “a las”, “a los”,… ahora bien en las fracciones VI y XV, si bien se establece que

dicho documento será expedido por los sistemas de las Entidades, se sugiere definir

a los mismos, con la finalidad de ser precisos, siendo el Sistema de esta nuestro

Estado el Sistema DIF Morelos, así como también la XVI, se estima que toda vez

que la Ley tendrá su aplicación en el Estado, siendo la correcto Órgano

Jurisdiccional a los juzgados o tribunales federales del Estado de Morelos, por

cuanto a la fracción XVII se estima procedente contemplar en el glosario la

denominación de las Procuradurías de Pro tección, entendiéndose por estas a la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado

de Morelos y las instancias Municipales de Protección de Niñas, Niños,

Adolescentes y la Familia, ya que los iniciadores en su propuesta de modificación

de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Morelos,

consideran la denominación que a dichas instancias se hace en la Ley General de

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA: En este orden, esta Comisión estima necesario modificar el artículo 17

de la Ley en comento respecto, delimitar la redacción al ámbito local, es decir, que

hace referencia a los órganos legislativos, siendo que en nuestro Estado, solo

tenemos como Poder Legislativo, al Congreso del Estado de Morelos.

TERCERA: En el tercer párrafo, del artículo 23, te remite erróneamente al Título

Cuarto, Capitulo Primero, siendo que el referido Título solo tiene un Capítulo Único,

el cual versa de la protección de niños, niñas y adolescentes, Capítulo Único de los

centros de asistencia social.

CUARTA: Por cuanto al artículo 26, es necesario especificar a qué Procuraduría de

Protección se refiere, siendo la correcta la Procuraduría de Protección Estatal.

QUINTA: Respecto al artículo 28 de la referida Ley, es pertinente atribuirles a los

Sistemas Estatales y Municipales, las evaluaciones de las condiciones de quienes

pretenden adoptar, es decir, se tiene que agregar una fracción más con dicha

atribución.

SEXTA: Derivado al precepto legal 29, es preciso redactar el nombre completo y

correcto de las leyes que se mencionan, es decir, Código Familiar para el Estado

Libre y Soberano de Morelos, y el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y

Soberano de Morelos.

SÉPTIMA: El artículo 34, fracción V, es necesario establecer la competencia

correcta, es decir, quien es competente es el Estado de Morelos, ya que es una ley

local, por último, homologar el signo “y” en la penúltima fracción.

OCTAVA: Respecto al artículo 49 es importante hacer referencia a la Ley General.

NOVENA: Los artículos 63, 64, 71, 72, 74, en la parte a donde se refiere a los

medios de comunicación, es pertinente especificar que son a los medios de

comunicación locales, por tratarse de un ordenamiento del orden estatal.

DÉCIMA: El artículo 67 de la citada Ley, en la parte final te remite a lo señalado en

el Capítulo Décimo Octavo, siendo que el Capítulo correcto es el Décimo Quinto, el

cual establece el derecho de participación, mismo que es objeto de este artículo,

por eso es viable modificar la redacción y en la parte final remitirnos a este Capítulo.

DÉCIMA PRIMERA: En relación al artículo 87, es necesario aludir a la Ley General.

DÉCIMA SEGUNDA: Respecto al artículo 90, es preciso insertar los nombres

completos y correctos de las leyes que se mencionan, es decir, la Ley de Salud del

Estado de Morelos y la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana

para el Estado de Morelos.

En este orden, es pertinente cambiar las denominaciones de los Títulos Cuarto y

Quinto de la Ley en estudio, toda vez que el Título Cuarto establece de la protección

de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la redacción de dicho artículo establece los

requisitos para autorizar los centros de asistencia social, por tal motivo resulta

adecuado modificar la denominación de dicho Título Cuarto, para quedar de la

siguiente manera: “TÍTULO CUARTO De los Requisitos para Autorizar, Registrar,

Certificar y Supervisar los Centros de Asistencia Social” así como también se estima

pertinente cambiar la denominación del Título Quinto, ya que tiene por nombre de

la protección y restitución Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,

situación que no lleva relación con el articulado de dicho Título, resultando correcto

la siguiente redacción: “TÍTULO QUINTO De las Políticas Públicas de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes”.

DÉCIMA TERCERA: Respecto al artículo 101, es necesario establecer el nombre

completo y correcto de las Secretarías del Gobierno del Estado de Morelos, en base

a la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

DÉCIMA CUARTA: Derivado al artículo 103, es necesario remitir a un Reglamento

de la Ley.

DÉCIMA QUINTA: En los artículos 106, 107, 108 y 109, es pertinente remitir a la

Ley Estatal de Planeación, en virtud de que en dicha Ley se establece, la ordenación

racional y sistemática de Acciones en materia de regulación y promoción de la

actividad económica, social, política y cultural que corresponden al Ejecutivo Estatal

y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las normas, principios y objetivos

establecidos por las Constituciones Federal y Estatal, y las demás leyes relativas.

DÉCIMA SEXTA: Por último y para realizar un adecuado acto legislativo, es

necesario agregar artículos transitorios, con la finalidad de establecer los

lineamientos, los plazos y términos para la operatividad y funcionamiento de esta

Ley.

PRIMERA. Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos, para los efectos a que se refieren los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII,

incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el tado de Morelos,

con excepción de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta.

TERCERA. La presente Ley, abroga la Ley para el Desarrollo y Protección del

Menor en el Estado de Morelos, publicada en el

número 3849 de fecha 12 de Marzo de 1997.

CUARTA. En un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a

partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos, deberá de expedir el Reglamento de la presente Ley.

QUINTA. En un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a

partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Integrantes de los Ayuntamientos

del Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia, deberán de expedir la

reglamentación correspondiente para el cumplimento irrestricto de la presente Ley.

SEXTA. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como los Ayuntamientos de

la Entidad en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus Proyectos

de Presupuesto para el año 2016, la asignación de recursos que permitan dar

cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

SÉPTIMA. La actual Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, quedará

facultada para cumplir y ejecutar las disposiciones normativas atribuidas a la

Procuraduría de protección Local, que prevé la Ley General De los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes.

OCTAVA.- El Sistema DIF Estatal, deberá reformar su Reglamento Interno, a fin de

que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor

de la presente Ley, se armonice las facultades conferidas a la Procuraduría de la

Defensa del Menor y la Familia, en funciones de la Procuraduría de Protección

Local, de conformidad con la Ley General y la presente Ley.

NOVENA. El Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días naturales,

posteriores a la publicación de la presente Ley. En su primera sesión, el Presidente

del Sistema Estatal de Protección Integral someterá a consideración y aprobación

del mismo los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento.

El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, será designado por el Presidente

del Sistema y una vez instalado el Sistema Estatal de Protección de los Derechos

de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien dentro de los siguientes treinta días

naturales, deberá presentar a consideración y, en su caso, aprobación de los

integrantes del Pleno, el Proyecto de Lineamientos a que se refiere el artículo 103

de esta Ley.

El Presidente del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños

y Adolescentes, realizará las acciones necesarias para la elaboración del Programa

Estatal, el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales

siguientes a la instalación del Sistema Estatal de Protección.

DÉCIMA. Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a

la entrada en vigor de la presente Ley contarán con un plazo de 180 días naturales

a partir de su publicación en el

adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por esta Ley.

DÉCIMA PRIMERA. Las autoridades Estatales y Municipales de Morelos, con el

objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide, deberán

implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas

aplicables y los que deriven de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. Comuníquese a la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión, que este Congreso del Estado, ha cumplido con los exhortos enviados por el

Senado de la República, respecto a las modificaciones legislativas en materia de

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

DÉCIMA TERCERA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o

menor jerarquía que se opongan a la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura ha tenido a bien expedir la

siguiente:

TÍTULO PRIMERO

De las disposiciones generales