Artículo 98 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos

Artículo *98. La Procuraduría de Protección Estatal, tendrá las atribuciones

siguientes:

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados

Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,

esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:

a) Atención médica y psicológica;

b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y,

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de

rehabilitación y asistencia.

Para efecto de lo anterior, inclusive la Procuraduría de Protección Estatal contará

con Centros de Asistencia Social de conformidad con lo previsto en la presente

Ley y la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado

de Morelos, y demás normativa aplicable en la materia;

II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las

atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir

oficiosamente, con re presentación coadyuvante, en todos los procedimientos

jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes,

de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones

aplicables;

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la

restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que

las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada;

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los

derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados,

conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos

de violencia;

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman

constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes;

VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes

de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida,

integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a

más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando

aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas

urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes,

además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,

las siguientes:

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente aun centro de asistencia social,

y

b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema

Nacional de Salud.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de

protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la

cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente;

VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la

aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la

fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o

libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio

público ya la autoridad jurisdiccional competente.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de

protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la

cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de

Protección Estatal podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales

competentes.

En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador

de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio

correspondientes a la autoridad competente;

VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la

planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección

de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asesorar a las autoridades competentes ya los sectores público, social y

privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas,

niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables;

X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la

restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y el Sistema DIF Morelos en la

elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar,

evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los

requisitos señalados para el acogimi ento pre-adoptivo, así como para emitir los

certificados de idoneidad;

XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de

Centros de Asistencia Social;

XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en

su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de

los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas,

niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por

resolución judicial;

XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones

a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con

el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público,

social y privado para su incorporación en los programas respectivos, y

XVI. Las demás que les confieran.

NOTAS:

REFORMA VIGENTE. - Reformado por artículo tercero del Decreto No. 242, publicado en el

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5707, de fecha 2019/05/22. Vigencia: 2019/05/23.

OBSERVACIÓN GENERAL. - Dentro del cuerpo del Decreto No. 242, únicamente se modifica la

fracción I, con sus respectivos incisos a), b) y c), máxime cuando el artículo tercero del citado Decreto

no señala de manera precisa las disposiciones jurídicas a modificar. No encontrándose fe de erratas

a la fecha.

REFORMA SIN VIGENCIA. - Reformada la fracción I, por artículo tercero del Decreto No. 3248,

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5611 Alcance, de fecha 2018/07/11.

Vigencia: 2018/07/12.