Artículo 23 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

Artículo 23. El Sistema Estatal DIF, en coordinación con las Procuradurías de Protección,

deberá otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se

encuentren en desamparo familiar.

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran

por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Estatal DIF, así como

las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y

adolescentes:

l. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre

que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta

su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado

por su interés superior, aplicándose dicho proces o incluso cuando los adoptantes sean

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miembros de la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su

interés superior;

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter

temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni su familia extensa pudieran

hacerse cargo;

III. Sean sujetos del acogimiento pre -adoptivo como una fase dentro del procedimiento de

adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya

se ha declarado la condición de adaptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la

idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;

V. Deberá registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas,

considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo; o

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento

residencial brindado por Centros de Asistencia Social el menor tiempo posible.

Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las opciones de

cuidado en un entorno familiar definitivo.

Los sistemas estatal y municipales DIF y la Procuraduría de Protección deberán mantener

estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a efecto de garantizar

adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de formación de su

personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en el ámbito de sus respectivas

competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean

restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien

ejerce la patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática

y funcional la normatividad correspondiente, conforme al principio del interés superior de la

niñez.

Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el

Sistema Estatal DIF o la Procuraduría de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso

de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de donde hayan sido

expedidos.

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El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad

federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente

susceptible de ser adoptado.

Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la

niñez al determinar la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en

familia.

El Sistema Estatal DIF, en coordinación con la Procuraduría de Protección, será

responsable del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y

adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción.

Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los

profesionales de trabajo social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo

cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno, con una periodicidad de seis meses

durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme,

pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el

interés superior de la niñez. La intervención que represen te el seguimiento será lo menos

invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.

(Ref. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).