Artículo 27 Bis 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa

Artículo 27 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe:

l. La promesa de adopción durante el proceso de gestación;

II. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria

potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción

de manera directa a niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades

competentes de conformidad con esta ley;

III. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita,

tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare

cualquiera de los supuestos referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la

Procuraduría de Protección competente presentará denuncia ante el Ministerio Público y

tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y

adolescentes;

IV. El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o

un adolescente, con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en la

adopción; con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de

la familia extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea

mayor de edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes

familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello

atienda al interés superior de la niñez;

V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o

favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción;

VI. La obtenci ón directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier

índole, por la familia de origen o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como

por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades

involucradas en el proceso de adopción;

VIl. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción;

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VIII. El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el

matrimonio entre el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes;

IX. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean

cónyuges o concubinas, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de ambos;

X. La adopción por discriminación, entendida como aquella do nde se considera a la niña,

niño o adolescente como valor supletorio o reivindicatorio; y,

XI. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales

ratificados por el Estado Mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo

evolutivo.

Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del seguimiento

que realice la Procuraduría de Protección o el Sistema Estatal DIF competente, mediante

los reportes subsecuentes, respetando el der echo de la familia a vivir conforme a sus

estándares, costumbres y valores.

Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para

creer que la adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. En

caso de que el proceso de adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de

Protección o el Sistema Estatal DIF o el Sistema DIF Municipal correspondiente tomará las

medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en

los términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).