Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo
Artículo 26 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo
Vigencia verificada: 10 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 26. El Sistema DIF Hidalgo deberá otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial o que se
encuentren en desamparo familiar.
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su
situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad con la legislación familiar y demás
ordenamientos legales aplica bles, el Sistema DIF Hidalgo, así como las autoridades involucradas, según
sea el caso, se asegurará de que niñas, niños y adolescentes:
I.- Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y
no sea contrario al interés superior de la niñez, y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para
acceder aun proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose
dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea
posible y no sea contrario a su interés superior;
II.- Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en
los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran
hacerse cargo;
III.- Sean sujetos del acogimiento pre -adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción,
que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la
condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse
en familia adoptiva, previo acuerdo del Consejo Técnico de Adopciones;
IV.- El Sistema DIF Hidalgo, en el ámbito de su competencia, deberá registrar, capacitar, evaluar y
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento
pre-adoptivo; o
V.- Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial
brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.
Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado
en un entorno familiar definitivo.
El Sistema DIF Hidalgo deberá mantener estrecha comunicación con los sistemas DIF municipales y las
unidades municipales de primer contacto intercambiando información a efecto de garantizar el interés
superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su
derecho a vivir en familia.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado de Hidalgo, en el ámbito de sus respectivas
competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su
derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad,
la tutela, guarda o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad
correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez.
Párrafo reformado, P.O. Alcance tres del 15 de junio de 2023.
Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema DIF Hidalgo
a través de la Procuraduría de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso de adopción en
cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido expedidos.
El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en el Estado de Hidalgo, con
independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado.
La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la
opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia.
El Sistema DIF Hidalgo y los Sistemas Municipales, en coordinación con la Procuraduría de Protección,
en todo momento serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas,
niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y en su caso, la adopción.
Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de trabajo
social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en
su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia
judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario,
con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el seguimiento será lo menos
invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- ADOPCIÓN DE UN MENOR DE EDAD. IRREVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE EL MENOR PARA INICIAR LOS TRÁMITES DE ADOPCIÓN. (1a. LIII/2013 (10a.))
- ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL. (P./J. 13/2016 (10a.))
- ADOPCION. (s/clave)
- ADOPCION, PARA DECRETARLA SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DEL PADRE DEL MENOR, AUNQUE HAYA SIDO SUSPENDIDO TEMPORALMENTE EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. (s/clave)
- ADOPCIÓN DE UN MENOR DE EDAD. EL PAPEL DEL CONSENTIMIENTO PARA INICIAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE POR PARTE DE QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD DEL MENOR O QUIEN OSTENTA SU REPRESEN (1a. LI/2013 (10a.))
Versiones anteriores de este artículo
Histórico legislativo: se muestra para consulta, no forma parte de la búsqueda del texto vigente.
Texto anterior a la reforma (reforma publicada en el DOF el 2026-10-16)
artículo 26.
Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o
mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los
casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la
niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autori dades
competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia
de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes .
Quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia deberá procurar el derecho de la niña, niño o
adolescente a vivir en familia, por lo que promoverá el acercamiento, respeto y adecuada convivencia con
ambos ascendientes, y deberá evitar cualquier acto de alienación parental, entendida esta como todo
acto de manipu lación encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio en
contra de alguno de los progenitores.
Párrafo adicionado, P.O. Alcance uno del 9 de mayo de 2024.
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se
encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria
deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se
realice en forma adecu ada, conforme a las disposiciones aplicables, debiendo para tal efecto emitir y
aplicar protocolos de actuación e intervención enfocados a garantizar la seguridad física y psicológica de
las niñas, niños y adolescentes que acuden a visitar a las personas en reclusión. Este derecho sólo podrá
ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario al
interés superior de la niñez.
Párrafo recorrido, P.O. Alcance uno del 9 de mayo de 2024.
Párrafo reformado, P .O. Alcance uno del 9 de enero de 2025.
Las autoridades estatales y municipales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, procurarán
brindar atención psicoemocional integral a las niñas, niños y adolescentes cuyas madres, padres, tutores
o personas con las que tengan algún vínculo familiar o afectivo, se encuentren en situación de reclusión.
Párrafo adicionado, P .O. Alcance uno del 9 de enero de 2025.
Texto anterior a la reforma (cambio detectado en la fuente oficial el 2026-08-05)
El Sistema DIF Hidalgo deberá otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial o que se
encuentren en desamparo familiar.
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su
situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad con la legislación familiar y demás
ordenamientos legales aplicables, el Sistema DIF Hidalgo, así como las autoridades involucradas, según
sea el caso, se asegurará de que niñas, niños y adolescentes:
I.- Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y
no sea contrario al interés superior de la niñez, y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para
acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose
dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea
posible y no sea contrario a su interés superior;
II.- Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en
los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran
hacerse cargo;
III.- Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción,
que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la
condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse
en familia adoptiva, previo acuerdo del Consejo Técnico de Adopciones;
IV.- El Sistema DIF Hidalgo, en el ámbito de su competencia, deberá registrar, capacitar, evaluar y
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento
pre-adoptivo; o
V.- Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial
brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.
Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado
en un entorno familiar definitivo.
El Sistema DIF Hidalgo deberá mantener estrecha comunicación con los sistemas DIF municipales y las
unidades municipales de primer contacto intercambiando información a efecto de garantizar el interés
superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su
derecho a vivir en familia.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado de Hidalgo, en el ámbito de sus respectivas
competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su
derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad,
Instituto de Estudios Legislativos
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la tutela, guarda o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad
correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez.
Párrafo reformado, P.O. Alcance tres del 15 de junio de 2023.
Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema DIF Hidalgo
a través de la Procuraduría de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso de adopción en
cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido expedidos.
El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en el Estado de Hidalgo, con
independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado.
La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la
opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia.
El Sistema DIF Hidalgo y los Sistemas Municipales, en coordinación con la Procuraduría de Protección,
en todo momento serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas,
niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y en su caso, la adopción.
Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de trabajo
social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en
su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia
judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario,
con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el seguimiento será lo menos
invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.
Artículo 27.
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