Artículo 27 de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos

la planeación, diseño,

implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia. Define un

lenguaje común y una visión compartida para todo el país, centrada en la

protección de la vida y la priorización de las personas, especialmente las más

vulnerables. La Ley General mandata expresamente a las legislaturas de las

Entidades Federativas a armonizar sus marcos normativos locales con sus

disposiciones, un imperativo que hoy nos convoca.

El estado de Morelos, con su invaluable riqueza cultural, su vocación turística y su

dinámica económica, enfrenta desafíos significativos en materia de movilidad. La

Ley de Transporte del Estado de Morelos, que se propone abrogar, fue un

instrumento concebido bajo el paradigma anterior. Si bien en su momento

representó un esfuerzo por ordenar el servicio de transporte, hoy se muestra a

todas luces superada por la realidad y desfasada respecto al nuevo marco

constitucional y legal de la Nación.

En dichas consideraciones, se estima que la legislación vigente resulta insuficiente

por las siguientes razones fundamentales:

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Dirección General de Legislación.

Subdirección de Jurismática.

1. Enfoque Reduccionista: Se limita a regular el transporte como un servicio

público concesionado. Su objeto principal es la administración de permisos,

concesiones y sanciones a los operadores, dejando en un segundo plano las

necesidades integrales de desplazamiento de la ciudadanía, la seguridad de todos

los usuarios de la vía y la interacción entre los distintos modos de transporte. No

contempla la movilidad como un sistema interconectado y complejo.

2. Ausencia de una Visión de Seguridad Vial Sistémica: La Ley actual aborda la

seguridad vial de manera reactiva y fragmentada, principalmente a través de

reglamentos de tránsito que sancionan al infractor. Carece de los principios de la

"Visión Cero", que parte de la premisa ética de que ninguna muerte en el tránsito

es aceptable, y del Enfoque de Sistemas Seguros, que reconoce la falibilidad

humana y diseña un sistema (vías, vehículos y velocidades) que minimice las

consecuencias de los errores. La alarmante cifra de siniestros, lesiones y

fallecimientos en nuestras calles y carreteras es la evidencia más trágica de esta

insuficiencia.

3. Invisibilización de los Usuarios Vulnerables: El marco actual no establece una

"Jerarquía de la Movilidad" clara, principio rector de la citada Ley que otorga

prioridad en el uso del espacio vial y en la asignación de recursos a los usuarios

más vulnerables: peatones (especialmente niñas, niños, personas con

discapacidad y adultos mayores), ciclistas y usuarios del transporte público. La

infraestructura en nuestras ciudades sigue privilegiando al automóvil particular,

generando entornos hostiles, inaccesibles y peligrosos para quienes caminan o

usan la bicicleta.

4. Carencia de Perspectiva de Género e Inclusión: La Ley vigente ignora las

diferentes experiencias y necesidades de movilidad que tienen mujeres y

hombres. No reconoce la "Movilidad del Cuidado", es decir, los múltiples viajes,

generalmente realizados por mujeres, asociados a la gestión del hogar y el

cuidado de otras personas, que suelen ser cortos, encadenados y fuera de las

horas pico. Tampoco establece mecanismos para prevenir y atender la violencia

de género, como el acoso sexual, en el transporte y el espacio público.

5. Desactualización ante las Nuevas Tecnologías: El marco jurídico actual no fue

diseñado para regular las nuevas modalidades de transporte que operan a través

de plataformas digitales (Empresas de Redes de Transporte - ERT) ni la creciente

micromovilidad (bicicletas y patinetes compartidos). Esta ausencia de regulación

genera incertidumbre jurídica, competencia desleal y desprotección para los

usuarios.

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Subdirección de Jurismática.

6. Gobernanza Débil y Participación Ciudadana Limitada: La toma de decisiones

se concentra en la autoridad de transporte, sin la existencia de un Sistema Estatal

de Movilidad y Seguridad Vial que articule de manera transversal a todas las

dependencias estatales y municipales involucradas (desarrollo urbano, obras

públicas, medio ambiente, salud y seguridad pública). Asimismo, carece de un

Observatorio Ciudadano que funja como órgano de consulta, seguimiento y

evaluación de las políticas públicas, garantizando la transparencia y la rendición

de cuentas.

Así, Morelos no puede permitirse un marco legal anclado en el pasado. Continuar

bajo la inercia de la Ley actual significa perpetuar un sistema de movilidad

inequitativo, inseguro, ineficiente y que frena el potencial de desarrollo de nuestro

Estado.

La presente ,

no es una simple reforma, sino la fundación de un andamiaje jurídico

completamente nuevo, diseñado para colocar a nuestro Estado a la vanguardia

nacional y garantizar el derecho a la movilidad para todas y todos. Este nuevo

ordenamiento se sustenta en los siguientes pilares fundamentales:

1. Centralidad en la persona y sus derechos: La Ley transita de un enfoque

vehicular a uno antropocéntrico. Reconoce la movilidad como un derecho

habilitador, una llave que permite acceder a otros derechos fundamentales como

la salud, la educación, el trabajo y la cultura. Cada artículo está permeado por los

principios de accesibilidad, igualdad e inclusión, con un mandato claro para

eliminar las barreras físicas, sociales y económicas que hoy limitan el

desplazamiento de miles de morelenses.

2. Jerarquía de la movilidad como eje rector: Se establece de manera explícita la

pirámide de la movilidad, que deberá guiar toda política, programa y proyecto de

inversión. En la cúspide se encuentran los peatones, seguidos de los ciclistas, los

usuarios y operadores del transporte público, el transporte de carga y, finalmente,

los usuarios de vehículos particulares. Esto implica una reorientación radical de las

prioridades: banquetas amplias y accesibles, redes de ciclovías seguras, un

transporte público digno y eficiente, y una gestión inteligente del automóvil.

3. Seguridad vial con enfoque de "Visión Cero": Se adopta el paradigma ético y

técnico de que todas las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito son

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prevenibles. La Ley crea las bases para una política de seguridad vial basada en

un Enfoque de Sistemas Seguros, que gestiona las velocidades máximas de

acuerdo con la vulnerabilidad humana, promueve el diseño de calles "que

perdonan" errores, exige vehículos más seguros y fomenta una cultura de

corresponsabilidad entre todos los actores del sistema. Se establecen

instrumentos clave como las auditorías de seguridad vial y la creación de una

Base de Datos Única de Siniestralidad para una toma de decisiones basada en

evidencia.

4. Inclusión, equidad y perspectiva de género: La iniciativa incorpora de manera

transversal la perspectiva de género, reconociendo y atendiendo las necesidades

específicas de las mujeres y la importancia de la "Movilidad del Cuidado". Se

mandata el diseño de infraestructura y servicios que sean seguros, accesibles y

adecuados para todas las personas, independientemente de su género, edad,

condición física o social. Se establecen obligaciones claras para prevenir y

erradicar la violencia sexual y el acoso en el transporte público, creando entornos

de confianza para todas las usuarias.

5. Sistema Integrado de Transporte Público: Se sientan las bases para transformar

el actual modelo de "hombre -camión", caracterizado por la competencia desleal,

hacia un verdadero sistema integrado. La Ley promueve la modernización del

transporte a través de modelos de Ruta -Empresa, el establecimiento de un

sistema de recaudo centralizado, la profesionalización de los operadores y la

renovación de la flota con vehículos más seguros, accesibles y de bajas

emisiones. Se busca ofrecer a la ciudadanía un servicio confiable, digno y eficiente

que se constituya como la columna vertebral de la movilidad en el Estado.

6. Regulación de Nuevas Modalidades y Tecnologías: El proyecto de Ley llena el

vacío normativo existente al establecer un marco claro para la operación de las

Empresas de Redes de Transporte (ERT) y la micromovilidad. Se busca

aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica, garantizando al mismo

tiempo la seguridad de los usuarios, condiciones laborales justas, la protección de

datos personales y una contribución justa al desarrollo de la infraestructura de

movilidad del Estado.

7. Gobernanza Moderna y Participación Efectiva: Se crea el Sistema Estatal de

Movilidad, Transporte y Seguridad Vial como la instancia máxima de coordinación

entre las autoridades estatales y municipales. Este sistema garantizará una

planeación integral y transversal. Se instituye también el Consejo Estatal y

los Consejos Municipales de Movilidad, así como el Observatorio Ciudadano

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Estatal, como mecanismos permanentes de participación social, consulta y

evaluación, asegurando que las voces de la academia, la sociedad civil, el sector

privado y la ciudadanía en general sean escuchadas e incorporadas en la

construcción de las políticas públicas.

8. Sostenibilidad y Armonía con el Entorno: La Ley está firmemente comprometida

con la sostenibilidad ambiental. Promueve activamente la movilidad activa

(caminar y andar en bicicleta), el transporte público y el uso de tecnologías

limpias. Establece instrumentos de gestión de la demanda, como los programas

de verificación vehicular y la regulación de estacionamientos, para desincentivar el

uso irracional del automóvil particular, contribuyendo así a la reducción de

emisiones contaminantes, la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el

cambio climático.

Es la herramienta que nos permitirá saldar una deuda con la ciudadanía,

garantizar su derecho a moverse de forma segura, digna y sostenible. Es el

instrumento para proteger la vida en nuestras calles, para construir ciudades más

humanas y equitativas, para fortalecer la competitividad de nuestra economía

turística y para asegurar un futuro más limpio y saludable para las próximas

generaciones de morelenses.

No pasa desapercibido que en la emisión del presente instrumento se observaron

los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión,

legalidad, transparencia, austeridad e imparcialidad que señala el artículo 8,

primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado

Libre y Soberano de Morelos.

Finalmente, la presente Iniciativa cumple con lo dispuesto en el artículo 12, de la

Ley de Planeación para el Estado de Morelos, al encontrarse plenamente

vinculada con el “Plan Estatal de Desarrollo 2025 -2030”, publicado en el 23

Extraordinaria, en su Eje Rector número 2 “Economía para el bienestar”, relativo a

incorporar la movilidad y transporte como prioridades estratégicas para garantizar

un sistema sustentable, accesible y seguro; a través del objetivo estratégico

número 2.7 consistente en Garantizar un transporte público, privado y particular de

calidad, sustentable, accesible y seguro; para lo cual, se prevé la Estrategia

número 2.7.4 relacionada con Fortalecer la educación vial a través del Sistema

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Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, para fomentar el respeto a las normas de

tránsito, mejorar la movilidad y reducir accidentes viales; en base a la línea de

acción número 2.7.4.4 conforme a la implementación, a través del Sistema Estatal

de Movilidad y Seguridad Vial, de programas sobre adopción de buenas prácticas

en materia de movilidad y seguridad vial dirigidos a grupos específicos usuarios de

las vías de comunicación.”

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos

Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del

Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo

general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia.

La iniciativa de encuentra su sustento en los artículos 4°, 27, 73, 115 y 116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen como

derecho humano la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, y obligan a los tres órdenes

de gobierno a generar los instrumentos normativos para garantizar su pleno

ejercicio.

Asimismo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada el 17 de mayo

de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, establece un marco de concurrencia

normativa que vincula a las entidades federativas a armonizar sus legislaciones.

La presente iniciativa da cumplimiento cabal a dicho mandato, constituyéndose en

un ordenamiento de avanzada, integral y alineado con la visión federal y los

compromisos internacionales asumidos por México en materia de desarrollo

sostenible, derechos humanos y seguridad vial.

A nivel estatal, se cumple con el mandato del artículo 40, fracción II, de la

Constitución local, que faculta al Congreso a legislar en materias concurrentes

como la movilidad, el transporte y la seguridad vial. De igual forma, la iniciativa se

vincula al Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, particularmente en el Eje Rector 2

“Economía para el Bienestar”, que establece como prioridad estratégica garantizar

un transporte público, privado y particular de calidad, sustentable y seguro.

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Resulta necesario mencionar que, la Ley de Transporte actualmente vigente en el

estado de Morelos resulta insuficiente y obsoleta, ya que responde a una lógica

meramente concesional y administrativa, reducida al otorgamiento de permisos y

sanciones, sin atender de manera integral los retos de la movilidad

contemporánea.

En contraste, la iniciativa que se dictamina parte de un cambio de paradigma; de

un enfoque vehicular y fragmentado a uno antropocéntrico, sistémico y de

derechos humanos. Esta transición se traduce en la centralidad de la persona, la

priorización de los usuarios vulnerables, la adopción de la estrategia “Visión Cero”

y la jerarquía de la movilidad como principios rectores.

De esta manera, la nueva Ley no sólo moderniza el marco normativo, sino que lo

convierte en un instrumento de política pública integral que permitirá al estado de

Morelos colocarse a la vanguardia nacional en la materia.

Por otra parte, uno de los aportes más relevantes de la iniciativa es la adopción

del enfoque de “Visión Cero”, que reconoce que ninguna muerte en hechos de

tránsito es aceptable y que todas son prevenibles. Este paradigma implica la

transición hacia un sistema seguro, que no deposita toda la responsabilidad en el

individuo, sino en el diseño de calles, vehículos, velocidades y políticas públicas

que reduzcan la posibilidad de siniestros y mitiguen sus consecuencias.

Al respecto, la iniciativa en análisis contempla, lo siguiente:

• La creación de