Artículo 4 de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos

artículo 4º, párrafo vigesimoprimero, establece que "Toda persona tiene derecho a

la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia,

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad". Este precepto constitucional consagra

un derecho humano fundamental y mandata a las autoridades de los tres órdenes

de gobierno a desarrollar el marco normativo y las políticas públicas necesarias para

su plena efectividad.

Asimismo, el 17 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación

la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ordenamiento de observancia general

en todo el territorio nacional que tiene por objeto sentar las bases y principios para

garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad. Dicha Ley, en sus artículos

transitorios, establece la obligación para las legislaturas de las Entidades

Federativas de realizar las adecuaciones a sus marcos jurídicos correspondientes

en un plazo determinado , a fin de armonizarlos con las disposiciones de la Ley

General.

En ese sentido, es facultad y obligación de ese Honorable Congreso del Estado de

Morelos, de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política

local, legislar en todas las materias que no estén expresamente reservadas a la

Federación, siendo la movilidad, el transporte y la seguridad vial competencias

concurrentes que requieren de una regulación estatal robusta, moderna y alineada

con el Pacto Federal.

Por otra parte, cabe destacar que la Ley de Transporte del Estado de Morelos,

actualmente en vigor, fue promulgada en un contexto social y jurídico distinto,

resultando hoy un instrumento legal obsoleto e insuficiente para responder a los

complejos desafíos contemporáneos. Su enfoque se centra primordialmente en la

regulación del servicio de transporte concesionado, omitiendo un abordaje integral

de la movilidad como un sistema y un derecho, y careciendo de los paradigmas

modernos de seguridad vial, inclusi ón, sostenibilidad y gobernanza que exige el

nuevo marco constitucional.

Cabe señalar, que mediante Decreto Número Seis, publicado

“Tierra y Libertad”, número 6349 Extraordinaria, de fecha 30 de septiembre de 2024,

se creó el Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación General

de Movilidad y Transporte, cuyo objeto es garantizar la movilidad en condiciones de

seguridad y certeza, de manera eficiente y sostenible, coadyuvando con las

autoridades correspondientes en la protección de la vida y la integridad física de los

usuarios y no usuarios de la vía pública en el Estado, a través de implementación

de políticas públicas en la materia; lo que refuerza la necesidad de un marco legal

integral y actualizado.

De tal manera, la problemática actual en el estado de Morelos, caracterizada por

altas tasas de siniestralidad vial, un servicio de transporte público con áreas de

oportunidad significativas en calidad y seguridad, una infraestructura que privilegia

al veh ículo motorizado en detrimento de peatones y ciclistas, y los retos de

congestión y contaminación, demanda con urgencia un nuevo marco normativo que

ofrezca soluciones estructurales y de largo plazo.

En ese sentido, la que se propone, representa una transformación integral del marco jurídico.

Este nuevo ordenamiento está plenamente alineado con la Constitución Federal y

la Ley General en la materia, y se estructura sobre los principios de un enfoque de

derechos humanos, la jerarquía de la movilidad, la Estrategia Global Visión Cero, la

perspectiva de género, la sostenibilidad ambiental, la integración del transporte y

una gobernanza participativa y transparente.

La presente Ley introduce instrumentos de política pública de vanguardia, tales

como el Sistema Estatal de Movilidad, el Programa Estatal, la Estrategia Estatal, el

Registro Estatal, la Base de Datos de Siniestralidad Vial, las auditorías de seguridad

vial, la regulación de las Empresas de Redes de Transporte y la creación del

Observatorio Ciudadano. Estos mecanismos dotarán al Estado de las herramientas

necesarias para una planeación, gestión y evaluación eficaces de la movilidad,

basadas en evidencia y con una clara orientación hacia la protección de la vida y el

bienestar de la población.

Por lo tanto, la expedición de esta Ley es una condición indispensable para mejorar

la calidad de vida de los habitantes de Morelos, fortalecer su competitividad

económica y turística, construir ciudades más justas, seguras y humanas, y

contribuir a la protección del medio ambiente. Representa un paso decisivo hacia la

consolidación de un estado moderno, responsable y comprometido con los

derechos y el bienestar de todas las personas.

Al respecto, nuestra Nación ha emprendido una transformación profunda en la

manera de concebir el desplazamiento de las personas y los bienes. Históricamente,

el marco jurídico se había enfocado en el "tránsito" y el "transporte", una visión

centrada en la regulación de vehículos, rutas y concesiones. Sin embargo, esta

perspectiva resultó insuficiente para abordar las complejas realidades sociales,

económicas y ambientales del siglo XXI. El crecimiento urbano, la crisis climática,

las brechas de desigualdad y la inaceptable pérdida de vidas en siniestros viales

exigían un cambio de paradigma.

La movilidad como Derecho Humano se materializó con la histórica reforma al