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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia…

Artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas en Materia de Enjuiciamiento por Responsabilidades Públicas. (Durango)

Ordenamiento: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades… · Ámbito: Durango
Última reforma: 2026-11-17

Vigencia verificada: 13 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial

ARTÍCULO 25. Cuando se presente ante el Congreso del Estado, denuncia o querella por

el Auditor Superior del Estado o requerimiento del Fiscal Especializado en Combate a la

Corrupción o de la Representación Social, respecto de servidores públicos con protección

constitucional, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la

acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente, el Congreso del Estado deber á

retirar el fuero o inmunidad del que se encuentran investidos y se actuará, en lo

pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de

juicio político ante la Legislatura local.

En este caso, la Comisión de Responsabilidades y la Subcomisión de Estudio Previo,

practicarán todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la

probable responsabilidad del imputado, conforme se establece en el capítulo anterior, así

como determinar la inexistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.

Concluida esta averiguación, la Comisión de Responsabilidades determinará si ha lugar a

proceder penalmente en contra del imputado.

Si a juicio de la Comisión de Responsabilidades, previo dictamen de la Subcomisión de

Estudio Previo, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de

inmediato al Pleno de la Legislatura, para que ésta resuelva si se continúa o desecha el

procedimiento, sin perjuicio de reanudar el procedimiento, si posteri ormente aparecieran

en motivos que lo justifiquen.

Para los efectos del segundo párrafo de este artículo, la Subcomisión de Estudio Previo,

deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días naturales, salvo que fuese

necesario disponer de más tiempo.

En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción

de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

Fuente oficial: consultar publicación

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