Artículo 208 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos

Artículo 208. En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se

abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el

procedimiento siguiente:

I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con treinta

días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la

información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por la persona

quejosa; y, en caso de contar con pruebas suficientes, previa garantía de

audiencia remitirá el informe de presunta responsabilidad a la autoridad

substanciadora, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista

en los artículos 128, 129 y 196 de la preste Ley, o bien pueda constituir falta a los

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,

honradez y respeto a los derechos humanos;

II. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se le notificará

mediante cédula que contenga la transcripción literal del acuerdo de sujeción

respectivo al elemento sujeto a procedimiento, a fin de que sepa la naturaleza y

causa de su sujeción y conozca los hechos que se le imputan, entregándole en

ese acto copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando

constancia de ello en la cédula correspondiente; o bien se le podrá citar para que

comparezca ante la Dirección General de Asuntos Internos, la Dirección de

Asuntos Internos de Seguridad y Custodia, o ante la Unidad de Asuntos Internos

que este conociendo del asunto con el objeto de que se le recabe comparecencia

y le sean entregadas las copias certificadas;

III. Una vez hecho lo anterior, se le concederán diez días hábiles para que formule

la contestación; concluido el término se procederá a abrir un período para el

ofrecimiento de las pruebas ante la autoridad substanciadora, por el término de

cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las

pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos

controvertidos.

IV. En el procedimiento sancionador del régimen disciplinario serán admisibles

toda clase de pruebas, siempre que resulten pertinentes, con excepción de la

confesional por posiciones, y aquellas que sean contrarias a la moral o al derecho

y las mismas se desahogarán conforme a lo dispuesto por la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos;

V. Transcurrido el término probatorio, dentro de los dos días siguientes la

autoridad substanciadora dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de

pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las

mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que, en caso de no comparecer

sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido

cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo

de esta audiencia no deberá exceder de veinte días hábiles;

VI. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las

pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho

convengan de manera verbal o por escrito, una vez hecho lo anterior se declarará

cerrada la instrucción;

VII. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del

Consejo de Honor y Justicia dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre

de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no

deberá exceder del término de los quince días hábiles siguientes.

VIII. La resolución que emita el Consejo de Honor y Justicia tomará en

consideración a la falta cometida, el impacto en el servicio, grado de dolo o

negligencia y reincidencia, la jerarquía y los antecedentes del integrante sujeto a

procedimiento, así como las pruebas desahogadas, debiendo respetar los

principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y presunción de

inocencia y

IX. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este

ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia

Administrativa en el Estado.