Artículo 162
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Artículo 162. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales, federales, estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos mínimos impuestos por el presente capítulo de esta Ley.
Asimismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas dependencias.
Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las entidades homólogas de capacitación, formación, actualización y especialización de los miembros del Poder Judicial y la Secretaría de Defensa Nacional, en los distintos órdenes de gobierno.
Artículo reformado DOF 03-05-2013
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LA COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA POLICIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO RELATIVO, FORMALMENTE SE ENTIENDE INTEGRADA CON EL INSTITU (2a./J. 57/2010)
- POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LA COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA POLICIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO RELATIVO, FORMALMENTE SE ENTIENDE INTEGRADA CON EL INSTITU (146 (H))
- SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES CONSTITUCIONAL AL PREVER QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIA (2a. VII/2017 (10a.))
- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL REGLAMENTO DE SU INSTITUTO DE CAPACITACIÓN NO ES UNA LEY PRIVATIVA, POR LO QUE NO INFRINGE EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.- (2192)
- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL REGLAMENTO DE SU INSTITUTO DE CAPACITACIÓN NO ES UNA LEY PRIVATIVA, POR LO QUE NO INFRINGE EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL. (2a. LXXVII/99)
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