Artículo 25 de la Ley Número 466 de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y Municipios.

Artículo 25. El daño que se cause a los particulares por la actividad administrativa irregular,

deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:

I.- La existencia del daño;

II.- La actividad irregular del Estado;

III.- La relación causa-efecto entre la lesión y la acción administrativa irregular imputable

a los Entes Públicos, misma que deberá probarse fehacientemente; y

IV.- En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales,

así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada,

deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el

resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales, o

sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión reclamada.