Artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

artículo 124 y del 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el numeral 60, derivado de la facultad del Presidente de promulgar y ordenar la publicación de bandos

y reglamentos, se considera que es su obligación publicarlas, sin más trámite y proveer en la esfera

administrativa su cumplimiento. Al efecto, la novedad consiste en suprimir el derecho de veto al Presidente

Municipal, por estimarse una facultad excesiva que la Constitución no le concede, toda vez que al formar

parte del Ayuntamiento pudo votar o no la aprobación de una norma, y vetarla después, lo cual constituye

una doble función, ya que existiría una desigualdad frente al Órgano colegiado, que es la máxima autoridad

del Municipio.

Se conserva un catálogo de impedimentos para los presidentes municipales en su actuar gubernamental,

ello para prevenir conductas inadecuadas y en ánimo de fortalecer la transparencia en su cargo público.

En este mismo Capítulo, se precisa que las faltas del Presidente Municipal que no excedan de quince días

serán cubiertas por el Secretario General y cuando sobrepasen este término, será llamado el suplente y a

falta de éste, tomará el cargo el Regidor que apruebe el Ayuntamiento.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que en los Capítulos Décimo y Décimo Primero del mismo Título, denominados

“SUPLENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO” y “LICENCIAS DE LOS SERVIDORES DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL” , a diferencia de la Ley en la materia, se realiza una

distinción correcta entre las licencias de los integrantes del Ayuntamiento y aquéllas que corresponden a

las de los servidores públicos de la administración pública municipal, lo que evita confusiones innecesarias

en este rubro y establece reglas precisas en ambos casos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Capítulo Décimo Segundo “DE LA SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DE

LOS AYUNTAMIENTOS Y SUS INTEGRANTES ”, establece los casos en que proceden, acorde con el

texto de la Constitución Política del Estado, precisando con claridad en donde procederá la suspensión y

desaparición de Ayuntamientos por acuerdo del Congreso y la suspensión o revocación del mandato por

alguno de sus miembros; distinguiéndose las causas de suspensión de Ayuntamientos, desaparición de los

mismos y suspensión o revocación del mandato de sus integrantes.

VIGÉSIMO TERCERO. - Que en el Título Tercero “DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES Y DE

COLABORACIÓN MUNICIPALES” , el Capítulo Primero “DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES” , se prevé la

figura del Delegado y Subdelegado, señalando los requisitos para ello en la presente Iniciativa en estudio,

la cual es una disposición supletoria para aquellos casos en que exista ausencia de normatividad por parte

del Ayuntamiento. No obstan te lo anterior, se establecen atribuciones de carácter general que deben

observar quienes tengan esa función, puntualizando que serán electos por los vecinos de los pueblos,

comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios, siendo el Presidente Municipal qu ien extenderá el

nombramiento y tomará la protesta correspondiente.

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Se puntualiza en la presente normatividad, que las disposiciones en ella contenidas, no facultan a los

órganos auxiliares para la imposición de sanciones de cualquier naturaleza.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que en el Capítulo Segundo del mismo Título, denominado “DE LOS CONSEJOS

DE COLABORACIÓN MUNICIPAL”, se precisa que podrán establecerse de acuerdo a las condiciones

propias de cada municipio y en el cual se señalan los órganos que tienden a asegurar la participación

ciudadana en el Municipio.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que el Título Cuarto denominado “DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL”, previene la autonomía municipal para regularlos, por

tratarse de personas morales en las cuales su patrimonio se constituya total o parcialmente con fondos del

Municipio con el objeto de prestar un servicio público o la explotación de bienes o recursos del mismo, los

organismos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria quedan sujetos al control y

vigilancia del Ayuntamiento, en tanto que, las de participación minoritaria lo hacen por conducto de un

comisario designado por aquél.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que el Título Quinto “DEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL”,

conservó esencialmente como lo prevenía la Ley que se deroga, toda vez que se encuentra acorde con el

texto constitucional del Estado, sin embargo, le fue insertado un Capítulo Segundo bajo el rubro “ DE LA

INSPECCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL ”, que anteriormente se incluía dentro del Capítulo “del

régimen administrativo”, pretendiéndose, con este cambio, un reordenamiento acorde a la temática y para

mayor claridad en la aplicación del mismo, confirmando que la malversación de fondos municipale s y

cualquier otro hecho que se estime en contra de la hacienda pública municipal podrá ser denunciada por

cualquier personal, ante el Ayuntamiento, el Presidente Municipal u otra autoridad que resulte competente.

Queda confirmado, que el control de la hacienda municipal, de manera interna lo realiza el Síndico del

Ayuntamiento y externamente la Auditoría Superior del Estado. La libre administración de la hacienda

municipal corresponde al régimen que estableció el poder revisor de la Constitución con el propósito

expreso de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, de tal manera que estas

entidades públicas tengan libertad en la aplicación de los recursos que le son propios para la satisf acción

de sus necesidades.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en el Título Sexto denominado “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO”, el Capítulo

Primero “DE LA

algunas variantes en cuanto a forma y redacción, para darle precisión y claridad a estas disposiciones y

estar en todo momento acordes al contenido de las ejecutorias que resolvieron la Controversia

Constitucional que invalidó diversos preceptos de la Ley Orgánica Municipal que, con esta Iniciativa se

deroga. Ante tal circunstancia y en concordancia, el articulado inherente a sus funciones es calificado como

base general.

Como novedad, se inserta como nuevo requisito para asumir el puesto de Secretario General, el de no

contar con inhabilitación vigente para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que en este contexto, el Capítulo Segundo “DE LA TESORERÍA MUNICIPAL”, en

virtud de que su regulación se considera obligatoria de manera homogénea para los 84 municipios de la

entidad, se conservaron las facultades y obligaciones propias y exclusivas del encargo, con relación al texto

de la Ley que se deroga, pero se les di o mayor significado, claridad, certeza y precisión al reordenarlas y

modificar su redacción, así como palabras y verbos apropiadas al desempeño de este servidor público.

Igualmente, se inserta como nuevo requisito para asumir el cargo de Tesorero el de no contar con

inhabilitación vigente para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público.

Dentro del contexto de las facultades y obligaciones encomendadas a los tesoreros municipales, se

contemplaba el cobro de arbitrios municipales, que es un tributo determinado o tasa que se pagaba por la

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prestación o mantenimiento de servicios públicos, actualmente el término se encuentra en desuso dentro

del orden jurídico municipal, por tanto se elimina.

VIGÉSIMO NOVENO. - Que el Capítulo Tercero se refiere al área “DE LA CONTRALORÍA” , la que se

conceptualiza como el órgano que se encarga de la vigilancia y evaluación de la administración pública

municipal, así como el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Hidalgo, además, prevé lo relativo a las facultades y obligaciones del mismo, todo con la finalidad

de garantizar la transparencia del actuar de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, dejando

claramente definida la necesidad de responsabilizarlos mediante los lineam ientos generales cuyo

desarrollo y especificación se definen de manera idéntica en todos los Ayuntamientos.

Cabe puntualizar que las facultades del Contralor Municipal se encontraban reducidas a su mínima

expresión, por lo que ahora en el artículo 110, se realiza una estructuración plena, no sólo de sus facultades

y atribuciones, sino de su actuación procedimental, por lo que este Capítulo se enriquece con 24 facultades

a los titulares del órgano de control, entre las que destacan: el fincamiento de responsabilidades

administrativas por conductas irregulares de los servidores públicos municipales; la aplicación d e las

sanciones que imponga el superior jerárquico, el uso de las medidas de apremio, las acciones de desarrollo

administrativo; la colaboración con la Secretaría de Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, la

dictaminación de los estados financieros, los inventarios mobiliarios e inmobiliarios; la vigilancia en materia

de adquisiciones y de obra pública, así como, en la aplicación de recursos, el registro patrimonial de los

servidores públicos municipales, el conocimiento de las inconformidades en materia de adquisiciones y

obra pública; entre otras tantas facultades que dan relevancia y significación a la intervención del órgano

interno de control.

En lo relativo a los requisitos para ser titular de la Contraloría, éstos podrán contenerse en los reglamentos

y bandos que al efecto emita el Ayuntamiento, en el artículo 112 los sugeridos para tal efecto.

TRIGÉSIMO.- Que el Capítulo Cuarto del mismo Título denominado “DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” ,

quedó redactado de manera análoga a las disposiciones contenidas en la Ley que se deroga, algunos

artículos fueron reestructurados con algunas variantes de forma, estructura y redacción, orientadas a

alinear la Ley Orgánica Municipal con las disposiciones contenidas en el artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los Municipios organizarán y reglamentarán la

administración, funcionamiento, conservación o explotación de los servicios públicos; cuando éstos sean

prestados directamente por el Ayuntamiento, serán administrados con la vigilancia del Presidente o por el

órgano municipal respectivo en términos de la reglamentación interna que corresponda.

Se enuncia que los servicios públicos pueden ser concesionados a particulares en términos de Ley,

exceptuando de ello, por su importancia y trascendencia en la ciudadanía, a la Seguridad Pública, Tránsito

y Protección Civil, el Registro del Estado Familiar y la Sanidad.

TRIGÉSIMO PRIMERO. - Que en el Capítulo Quinto denominado “DE LAS DEPENDENCIAS

ENCARGADAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” , se precisa que, es facultad del

Presidente Municipal proponer la creación de las Dependencias que estarán a cargo de la prestación de

los servicios públicos así como la designación de sus colaboradores y en tal sentido, las disposiciones de

este Capítulo, se reestructuraron para darle mayor claridad y simplicidad a las funciones de los órganos

municipales, pero siempre en armonía con las disposiciones constitucionales.

Las dependencias u organismos descentralizados se crearán por acuerdo emitido por el Ayuntamiento, en

el que se señalen sus funciones y competencias.

De forma general se enuncian los requisitos que se sugieren a los municipios que no cuentan con su

respectivo reglamento, para ser titular de una dependencia municipal, señalando algunas consideraciones

en particular respecto al Oficial del Registro del Es tado Familiar, al titular de obras públicas, de servicios

municipales, sanidad municipal, reglamentos y espectáculos. COnsiderando que, de conformidad con lo

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establecido en el artículo 60 fracción II, los presidentes municipales podrán nombrar y remover libremente

a los servidores públicos municipales, así como, crear, modificar o suprimir las dependencias necesarias

para el desempeño de los asuntos del orden a dministrativo y para la eficaz prestación de los servicios

públicos.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en el Capítulo Sexto, signado bajo la denominación “DE LA ASISTENCIA

SOCIAL”, esencialmente redactado como lo prevenía la Ley que se deroga, se suprimió la imposición que

obligaba al Municipio a destinar el 3% del presupuesto de egresos para este rubro, en virtud de representar

una intromisión flagrante en la vida interna del Municipio, tal y como lo refiere la resolución derivada de las

Controversias Constitucionales que invalidaron diversas disposiciones de la Ley en comento. Mejorando

en forma la redacción del numeral 126 para dar mayor claridad en su contenido.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que al Capítulo Séptimo de este mismo Título, suscrito bajo el rubro “DE LA

POLICÍA PREVENTIVA” , la Iniciativa de cuenta, lo califica como disposición supletoria, por tratarse de

cuestiones que regulan la vida interna municipal y al efecto, con relación a la redacción que contenía la Ley

que se deroga, se realizaron adecuaciones para que el texto re sulte más congruente y claro, previniendo

que en cada Municipio podrá existir un cuerpo de seguridad pública que estará bajo el mando del Presidente

Municipal, asimismo, la función de la seguridad pública se realizará a través de los cuerpos de seguridad

pública municipal y estatal, acorde a la legislación de la materia.

Por la naturaleza y trascendencia de la actividad que desempeñan los cuerpos de seguridad pública de

preservar el orden público, previo ingreso de un agente a la corporación, se establece como obligatoria,

para quienes habrán de contratarlo, la consulta a los registros de las instituciones de seguridad pública en

términos de la normatividad aplicable. Del mismo modo, para aquellos elementos que se encuentren en

servicio activo, se observa que estarán obligados a participar y aprobar los cursos de capacitaci ón,

actualización, profesionalización y especialización, así como, someterse y aprobar, las evaluaciones de

confiabilidad que se programen por la autoridad competente.

Se sugieren facultades y obligaciones de esta área administrativa, sin embargo se deberán coordinar los

cuerpos de seguridad pública de la Federación, del Estado y de los municipios circunvecinos, de

conformidad con lo establecido en los párrafos cinco, seis y siete, del artículo 21 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de

Seguridad Nacional y demás normatividad aplicable en la materia.

Se insertó un capítulo octavo respecto a “LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL H.

CUERPO DE BOMBEROS”, como órgano operativo que estará bajo el mando del Presidente Municipal, y

será el primer nivel de respuesta ante cualquier agente perturbador que afecte a la población, teniendo

facultades concurrentes con el Estado y estará concebido como un conjunto o rgánico y articulado de

estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las autoridades federales,

estatales y municipales.

Al respecto, el artículo 15 de la Ley Federal de Protección Civil, faculta a los Municipios para establecer un

Sistema de Protección Civil Municipal, conforme a lo dispuesto por la Ley local, toda vez que refiere, como

responsabilidad de los Gobernadores d e los Estados, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los

Presidentes Municipales, la integración y funcionamiento de los Sistemas de Protección Civil.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que el Capítulo Noveno, “DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES”,

suprime la disposición contenida en la Ley que se deroga, que prohíbe la donación, bajo ningún título, de

los bienes municipales. Lo anterior en virtud de que las Controversias Constitucionales aludidas afectaron

a esa norma con invalidez.

Se precisa, que las actuaciones del Ayuntamiento necesitan autorización expresa del Congreso del Estado

para llevarse a cabo; suscribir convenios de asociación con municipios de otras entidades federativas,

contratar empréstitos cuando funja como avalista el Estado, entre otras.

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TRIGÉSIMO QUINTO. - Que el Capítulo Segundo del Título Séptimo “LAS CONCESIONES DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES” , representa un nuevo modelo ya que fue diseñado totalmente

diferente al esquema contenido en la Ley que se deroga y en tal sentido, se conceptualiza a la concesión

de servicios públicos municipales a particulares como un acto jurídico administrativo por medio del cual, el

Municipio faculta a una persona física o moral a la explotación de bienes y servicios que le pertenecen,

delega su ejercicio o aprovechamiento a favor de un tercero.

Asimismo, se precisan de manera ordenada y congruente, los requisitos que deberán satisfacer las

concesiones de servicios públicos municipales, destacando entre otros, que se otorgarán por tiempo

determinado y cuando exceda de la vigencia de la administrac ión municipal que las conceda, deberán

autorizarse por las dos terceras partes del Ayuntamiento, el costo del servicio será a cargo del

concesionario; de igual forma la obligación de conservación respecto de bienes afectos al servicio; las

garantías a favor del municipio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que adquiera conforme

a lo previsto en esta Ley; la clase y monto de la garantía será fijado por el propio Ayuntamiento. De igual

forma el documento de la concesión deberá expresar la tarifas a los usuarios; considerar la prestación

uniforme y regular del servicio; señalará las causas de cancelación y caducidad de la concesión; las

condiciones para su prórroga según la satisfacción de las necesidades colectivas, considerando que, el

Ayuntamiento tendrá la facultad irrenunciable para, administrativamente, cancelar, declarar la caducidad,

conclusión del plazo o terminación anticipada de la concesión.

Al mismo tiempo, se establecen, como innovación, los requisitos de los concesionarios, consistentes en:

su calidad de persona física o moral, de nacionalidad mexicana, su solvencia moral y no haber sido

condenado por delito intencional; así como, no ser concesionario en el mismo Municipio. Además establece

las causas de terminación administrativa, de caducidad por causas imputables al concesionario y de

cancelación, de manera ordenada y congruente, así como las circunstancias para su prórroga.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que el Capítulo Primero respectivo a “LA CONCILIACIÓN MUNICIPAL”, por tratarse

de un Capítulo afectado de invalidez por las Controversias Constitucionales, fue reestructurado totalmente

y entre las mejoras, que con respecto a su contenido original fueron aportadas, se encuentran las

siguientes: precisar que la justicia administrativa es una instancia que tiene por objeto mantener la

tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, así como procurar el cumplimiento de los ordenamientos

legales, administrativos y reglamentarios del Municipio y se impartirá por un Conciliador Municipal, quien

será designado y removido libremente por el Presidente Municipal, previo cumplimiento de determinados

requisitos.

En ejercicio de sus facultades y obligaciones, deberá observar la Ley Estatal del Procedimiento

Administrativo para el Estado de Hidalgo; privilegiar la conciliación de sus habitantes en conflictos no

constitutivos de delito; calificar e imponer las sanciones administrativas por faltas e infracciones al bando

municipal, reglamentos y demás disposiciones generales del Ayuntamiento, excepto las de carácter fi scal.

Se hace especial énfasis en las prohibiciones en el actuar de los conciliadores municipales.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - Que en el Capítulo Segundo “DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD”, se reacomodaron y clasificaron las sanciones con infracción a la legislación municipal,

dándoles claridad y eficacia, considerando que los bandos de policía y gobierno determinarán las causas

que originan las infracciones, la imposición de sanciones, así como los procedimientos mediante los cuales

se impondrán éstas, debiendo, la autoridad, en todo momento, tomar en consideración la gravedad de la

infracción y las circunstancias particulares del caso y del infractor.

Se establecen las consideraciones generales para adoptar y ejecutar una medida de seguridad, así como

el catálogo de las mismas.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que el Capítulo Tercero “DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS” , contiene

una nueva redacción en concordancia con la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo, previene

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procedimientos claros, precisos y da oportunidad de defensa a los interesados, para impugnar las

decisiones del Ayuntamiento, mediante los recursos de revocación y de revisión, independientemente que

la ciudadanía cuenta con el juicio de nulidad ante el T ribunal Fiscal Administrativo, siendo estos

procedimientos de estricto derecho y con formas, tiempos, plazos y notificaciones específicos, lo que da

seguridad jurídica al ciudadano en que, los acuerdos o actos de autoridad deben seguir el debido proceso

legal.

Acorde con la normatividad administrativa que rige la vida jurídica en el Estado, se precisa que el recurso

de revocación se interpondrá dentro del término de cinco días hábiles subsecuentes a la notificación del

acto impugnado, en el cual deberán expresarse los agravios y podrán ofrecerse las pruebas que se estimen

pertinentes, de este escrito se dará vista a las partes por un término de tres días para que manifiesten lo

que a su interés convenga; hecho lo anterior la autoridad resolverá lo conducente. Con tra la resolución de

este medio de impugnación sólo procederá juicio de responsabilidad.

Se detalla el recurso de revisión, estableciendo los requisitos que debe contener el escrito a través del cual

se interponga, el procedimiento a seguir, las causales de improcedencia y los efectos del mismo.

Es de hacer mención que, en el Capítulo denominado “ LEGISLACIÓN MUNICIPAL ”, se prevé que, los

Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia

general deberán darse a la publicidad en el

obligatoria frente a terceros y para su debida observancia.

TRIGÉSIMO NOVENO.- Que el Capítulo Segundo del Título Décimo “DE LOS DERECHOS HUMANOS”,

contiene una innovación en materia de protección de los derechos humanos, con el fin de fomentar e

impulsar una nueva cultura de los derechos humanos para los hidalguenses y tomando en consideración

que es de fundamental importancia la vinculación de los ochenta y cuatro municipios de la Entidad en el

quehacer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Así, a la vanguardia de la legislación municipal se prevé la creación de un enlace institucional que

preferentemente, pudiera recaer la responsabilidad en un regidor, con facultades de dar atención al tema

y actuar como vínculo institucional con el corresp ondiente órgano estatal y el nacional; sin embargo en

pleno respeto a la autonomía municipal es una norma supletoria por ausencia, con la posibilidad de que al

interior de cada Ayuntamiento se reglamente este objetivo atendiendo a sus necesidades en partic ular.

Cabe hacer mención que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Orgánica de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado, los servidores públicos municipales están obligados a

colaborar con aquélla.

La voluntad constitucional sostiene al orden municipal en un sentido de alentar valores y principios que

den plena vigencia al régimen de gobierno más elemental, por tanto, esta Iniciativa en estudio pretende,

además de cumplir con la normatividad vigente, revitalizar y confirmar las relaciones entre el Estado y el

Municipio.

En este contexto es de referir, que en la Comisión que Dictamina, se recibió, la Iniciativa de Decreto que

reforma el inciso g) y adiciona un inciso i) al artículo 64 y una fracción XIX, recorriéndose el contenido de

la fracción XVIII al artículo 104, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, presentada

por los ciudada nos Diputados Yarely Melo Rodríguez, Napoleón González Pérez, Lino Liberio Pérez

Gómez, Honorato Rodríguez Murillo y Blanca Rosa Mejía Soto, integrantes de la Sexagésima Legislatura,

asimismo, el oficio de fecha 8 de diciembre de 2009, enviado por el Presi dente Municipal de Emiliano

Zapata, Hidalgo, anexando Iniciativa de Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, presentada por

el H. Ayuntamiento de ese Municipio, registrándose en el libro de Gobierno, bajo los números 76/2009 y

109/2009 respectivamente, por lo que a partir del análisis y estudio de la Iniciativa de mérito, es menester

citar que los expedientes en cita, se incorporaron al estudio de la misma.

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En virtud de lo anteriormente expuesto y derivado del trabajo realizado al seno de la Primera Comisión

Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, es de considerarse pertinente la aprobación del

Dictamen de la Iniciativa de Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, presentada por el Lic.

Miguel Ángel Osorio Chong, Gobernador Constitucional del Estado, a efecto de mantener la concordancia

con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y

los ordenamientos jurídicos aplicables para los Municipios.

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O

QUE CREA LA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 124.- La prestación de los servicios de Policía Preventiva y Tránsito, estarán encomendados a

los agentes de vigilancia municipal, cuyo titular será designado y removido por el Presidente Municipal.

La función de seguridad pública se realiza a través del titular del Área de la Policía Preventiva y Tránsito y

de los agentes que integran el cuerpo de seguridad del Municipio, previo al ingreso de un elemento a la

corporación, será obligatoria la consulta a los registros de las instituciones de seguridad pública de

conformidad con la legislación de la materia.

Para el ingreso y permanencia en servicio activo, será obligatorio para los agentes de seguridad pública

municipal, participar y aprobar los cursos de capacitación y preparación necesarias para el adecuado

desempeño de la función encomendada, cumpliendo lo s requisitos que dispone la Ley de Seguridad

Pública para el Estado de Hidalgo, que señala:

I.- Para el ingreso:

a. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y contar con una residencia

mínima de 3 años en el Estado de Hidalgo;

b. Acreditar el nivel de estudios que determine el Consejo de la Secretaría, que será por lo

menos de bachillerato para el caso de los Agentes de Seguridad o de Investigación y de

secundaria para todas las demás corporaciones;

c. Estatura mínima: hombres 1.65 metros y mujeres 1.55 metros, su peso deberá ser acorde

con la estatura;

d. Tener entre 18 y 30 años de edad al presentar la documentación, en atención a la

naturaleza de su función;

e. No presentar inserciones o dibujos con sustancias colorantes sobre la piel;

ARTÍCULO 124.- La prestación de los servicios de Policía Preventiva y Tránsito, estarán encomendados a

los agentes de vigilancia municipal, cuyo titular será designado y removido por el Presidente Municipal.

La función de seguridad pública se realiza a través del titular del Área de la Policía Preventiva y Tránsito y

de los agentes que integran el cuerpo de seguridad del Municipio, previo al ingreso de un elemento a la

corporación, será obligatoria la consulta a los registros de las instituciones de seguridad pública de

conformidad con la legislación de la materia.

Para el ingreso y permanencia en servicio activo, será obligatorio para los agentes de seguridad pública

municipal, participar y aprobar los cursos de capacitación y preparación necesarias para el adecuado

desempeño de la función encomendada, cumpliendo lo s requisitos que dispone la Ley de Seguridad

Pública para el Estado de Hidalgo, que señala:

I.- Para el ingreso:

a. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y contar con una residencia

mínima de 3 años en el Estado de Hidalgo;

b. Acreditar el nivel de estudios que determine el Consejo de la Secretaría, que será por lo

menos de bachillerato para el caso de los Agentes de Seguridad o de Investigación y de

secundaria para todas las demás corporaciones;

c. Estatura mínima: hombres 1.65 metros y mujeres 1.55 metros, su peso deberá ser acorde

con la estatura;

d. Tener entre 18 y 30 años de edad al presentar la documentación, en atención a la

naturaleza de su función;

e. No presentar inserciones o dibujos con sustancias colorantes sobre la piel;

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f. Saber conducir vehículos automotores y tener licencia vigente para conducir;

g. Ser de notoria buena conducta, acreditándolo con las constancias de no antecedentes

penales, la de no inhabilitación como servidor público;

h. No tener antecedentes positivos en el registro de las instituciones de seguridad pública y

sus organismos auxiliares, entendiéndose por tal, que no deben existir datos en su historial

que hayan originado su salida de cualquier institución del ramo;

i. En el caso de los varones, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional o en su caso,

acreditar estar cumpliendo con dicha obligación;

j. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos

similares, ni padecer alcoholismo;

k. Acreditarbuena salud física y mental; y

l. Presentar y aprobar los procesos de evaluación y confiabilidad que se les prantiquen.

II.- Para la permanencia:

a. Cumplir con los requisitos mencionados en las fracciones señaladas en el apartado

anterior, a excepción de la edad por razón de la antigüedad dentro del servicio;

b. Acreditar que cuenta con los conocimientos, habilidades y perfil físico, médico, ético y de

personalidad establecidos en el servicio profesional de carrera de los Cuerpos de

Seguridad Pública; y

c. Cumplir con los principios básicos de actuación señalados en la presente Ley.