Artículo 4º constitucional tam de la Ley para la Protección frente al Consumo de Tabaco en el Estado de Morelos

Artículo 4º constitucional también establece, en su Párrafo 4º, que “Toda persona

tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. El

Ley para la Protección frente al Consumo de Tabaco en el Estado d e Morelos

ambiente contaminado por el humo del tabaco, dista de ser un ambiente adecuado

para el desarrollo y bienestar de las personas. Como mínimo, el Estado debe

proteger la existencia de un medio ambiente, asegurando que no sea contaminado

por terceros con el humo del tabaco. En e specífico, tal protección debe

garantizarse en áreas cerradas y de acceso público, pues, en primer lugar, es en

espacios cerrados donde las concentraciones de humo hacen que sea más dañino

y en segundo lugar, es allí donde resulta posible controlar que no sea

contaminado el ambiente.

Acorde con los razonamientos expuestos, a juicio de la Comisión de Salud, se

considera que ninguno de los preceptos contenidos en la iniciativa de ley, por

cuanto se refiere a las restricciones en los lugares privados, tales como

restaurantes, bares, discotecas, entre otros, tampoco impide el ejercicio del libre

comercio, ni establece que tal actividad sea ilícita, sino únicamente establece una

regulación para este tipo de establecimientos para que no se vea afectada la

sociedad con su ejercicio; para ello únicamente se están imponiendo ciertos

requisitos, obligaciones y restricciones, sin que estas medidas afecten la garantía

de libertad de comercio consagrada en el artículo 5º. constitucional, ya que las

disposiciones de esta naturaleza tienden a proteger la salud y el bienestar de la

colectividad, sin limitar los derechos públicos subjetivos de los comerciantes, los

que pueden libremente ejercer su actividad cumpliendo con las prevenciones

fijadas, para hacer de éste un acto lícito que no afecte el interés público. Por lo

tanto, el fin de la iniciativa presentada es de orden público e interés social, y que

justifica que prevalezca sobre los intereses particulares.

Ahora bien, de igual forma, a juicio de la Comisión Dictaminado ra, se hace

necesario tomar en cuenta los argumentos (que han manifestado) quienes no

están de acuerdo con las disposiciones que pretenden establecer una ley que

promueve espacios 100% libres de humo de tabaco; así, la primera estrategia de

los detractores de la regulación del tabaco consiste en invocar el derecho a la no

discriminación consagrado en el Artículo 1º de la Constitución. El derecho a la

igualdad y a la no discriminación ha sido invocado con pretensiones de socavar

tanto a la política que estab lece espacios físicamente separados como a la que

establece espacios 100% libres de humo de tabaco.

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Según este argumento, la separación de espacios para fumar (sean éstos abiertos

o físicamente separados) y los espacios de no fumar en lugares públicos y

cerrados constituye una discriminación. En algunas ocasiones se califica como

una discriminación por razones de salud el fumador es un enfermo, dicen y en

otras por razones de preferencia la elección del tabaco es una preferencia.

En cualquier caso, el ar gumento es insostenible, pues se sustenta en al menos

tres falsas apreciaciones de la doctrina constitucional en materia de igualdad y no

discriminación:

a) El argumento confunde el acto de fumar con la persona del fumador.

b) El argumento confunde la diferenciación con la discriminación.

c) El argumento hace caso omiso de los criterios que la Suprema Corte de Justicia

ha establecido para determinar si un trato diferenciado resulta o no discriminatorio.

Asimismo, el acto de fumar es distinto a la persona fumadora; la legislación que

regula dónde se permite fumar y dónde no; se dirige al acto, no a la persona.

Tanto fumadores como no fumadores podrán entrar a los espacios 100% libres de

humo de tabaco. La única razón por la cual alguien se vería obligado a salir de ella

sería para fumar un cigarrillo. Esto es, el acto es lo que determina que alguien

pueda o no estar en un lugar, no su calidad personal. A mayor abundamiento, la

regulación prohíbe el acto de fumar en ciertos espacios, con independencia de si

alguien es un fumador consuetudinario o si es la primera vez que prueba el

tabaco. La prohibición no se refiere a las personas y en consecuencia no se puede

afirmar con seriedad que las discrimine. Si la ley prohibiera la entrada de los

fumadores a los espacios 100% libres de humo, independientemente de si están o

no fumando, esto es, independientemente de si están afectando derechos de

terceros o no, entonces sí sería discriminatoria.

En este orden de ideas, lo que la regulación proscribe es una conducta que se

realiza afectando derechos de terceros (concretamente los derechos a la salud y a

un medio ambiente sano). No proscribe la conducta de fumar en sí, sino sólo en la

medida en que afecta la salud y el ambiente de otros, esto es, cuando se realiza

en e spacios cerrados y públicos. De realizarse en espacios privados; ya sea

abiertos o cerrados, la conducta (fumar) no está prohibida, por no afectar a

terceros.

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En mérito de lo antes expuesto, cabe dejar asentado que la regulación del tabaco

cuenta con ampl io fundamento constitucional. Las imputaciones de

inconstitucionalidad que la industria tabacalera y otros detractores de la regulación

del tabaco han lanzado, no están sustentadas en nuestro derecho constitucional.

Las imputaciones de inconstitucionalidad de la regulación del tabaco han variado

conforme ha convenido a los intereses de la industria tabacalera. En realidad,

constituyen una estrategia de desprestigio mediático, más que una auténtica

impugnación de constitucionalidad.

En este sentido es impor tante mencionar que el 15 de marzo del presente año, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negar seis amparos promovidos por

empresas restauranteras y hoteleras que alegaron violaciones a garantías como

libertad de trabajo, no discriminación y dere cho de propiedad en contra de la Ley

de Protección a la Salud de los no Fumadores del Distrito Federal, sentó

jurisprudencia al resolver como válida dicha ley y validó la prohibición para fumar

en locales cerrados de acceso público en el Distrito Federal. Los ministros

consideraron que tal limitación es una medida instrumentalmente apta para

alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud que el legislador

legítimamente busca proteger, por lo tanto, no se vulnera el derecho a la libertad

de trabajo o de comercio.

Esta restricción, precisaron, no prohíbe a las personas fumar, ni impide a las

empresas seguir dedicándose a sus actividades, sino que es una medida

proporcional y adecuada para combatir un grave problema de salud pública.

En la reso lución se señaló que la medida legislativa, encaminada a la protección

de la salud de los no fumadores, es proporcional y no restringe innecesaria y

arbitrariamente derechos y bienes constitucionalmente protegidos. Así mismo, que

los daños a la salud ocasi onados por el humo del tabaco y por el humo de tabaco

ambiental son grandes, mientras que, lo que alegadamente se pierde en términos

de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos no supera en ningún

caso, los efectos de una medida legislativa a decuadamente orientada a

disminuirlos.

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Asimismo, los ministros validaron las multas, clausuras o arrestos de hasta 36

horas para los dueños de establecimientos que no cumplan con lo que establece

la ley en la materia en el Distrito Federal, ya que no tras grede el artículo 22

constitucional.

El cuidado de la salud pública constituye un compromiso fundamental de todo

gobierno. La constitución de la república en el artículo 4 constitucional establece el

derecho de toda persona a la protección a la salud, por lo que en cumplimiento a

ello, esta Comisión coincide con el espíritu del iniciador para avanzar en la

legislación para cumplir con este precepto constitucional, siendo pertinente

mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que pa ra

proveer una mejor protección a la salud de la población, las entidades federativas

pueden ir más allá de la legislación federal, ampliando las obligaciones o

prohibiciones que contiene la Ley General en la materia, como se puede leer en

las siguientes jurisprudencias:

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN

AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS

LEYES GENERALES.

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que

distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias

concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden

agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma

mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en

cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la

ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación,

poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una

región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes

no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el

legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto

mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden

aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero

no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.

Ley para la Protección frente al Consumo de Tabaco en el Estado d e Morelos

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRIT O

FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE FACULTADES

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

En términos del párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la

salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del