Artículo 18

Artículo 18.- Son atribuciones de las Autoridades Investigadoras “A”, “B”, “C” y “D”, las

siguientes:

I. Recibir de las autoridades competentes los expedientes de auditoría u otras actuaciones que

integren la documentación y comprobación necesarias en los casos en que no se hayan solventado

los pliegos preventivos u observaciones que contengan probables faltas administrativas;

II. Realizar investigaciones fundadas y motivadas respecto de las conductas de su competencia

que se presenten en contra de los servidores públicos y particulares que puedan constituir

faltas administrativas;

III. Incorporar a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que

observen las mejores prácticas internacionales;

IV. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de

aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial,

debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. No

serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia

fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro

e inversión de recursos monetarios;

V. Ordenar la práctica de visitas de verificación, en términos del Código de Procedimientos

Administrativos del Estado de México, incluyendo acciones encubiertas y usuario simulado;

VI. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o

jurídicas colectivas que sean materia de la investigación, así como a cualquier persona física

o jurídica colectiva con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de

presuntas faltas administrativas;

VII. Imponer las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia para hacer cumplir sus

determinaciones;

VIII. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios señale como faltas

administrativas y, de ser el caso, calificarlas;

IX. Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo ante la

autoridad substanciadora competente;

X. Hacer del conocimiento de la Dirección de Responsabilidades Administrativas las constancias

que obren en el expediente correspondiente, en los casos en que derivado de sus

investigaciones, se presuma la comisión de un delito;

XI. Coadyuvar en el procedimiento penal respectivo en los casos en que el Contralor del Poder

Legislativo haya presentado denuncia ante el ministerio público;

XII. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente, derivado de no

encontrar elementos suficientes para presumir la existencia de la falta administrativa, sin

perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, al presentarse nuevos indicios o

pruebas suficientes;

XIII. Conocer del recurso de inconformidad, que en su caso interponga el denunciante en contra

de la calificación de la falta administrativa como no grave o por la determinación de

abstenerse de no iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa y correr traslado de

este medio de impugnación a la Sala Especializada adjuntando el expediente integrado y el

informe de justificación dentro del plazo señalado por la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de México y Municipios;

XIV. Impugnar, en su caso, la determinación de las autoridades substanciadoras o resolutoras de

abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones

administrativas, así como las del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía

Especializada y de cualquier otra autoridad en términos de las disposiciones legales aplicables

y de acuerdo con la naturaleza del asunto;

XV. Prevenir al denunciante cuando este sea identificable, para que aclare, de ser necesario,

el contenido de la denuncia;

XVI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio

se requieran;

XVII. Expedir las copias simples o cotejadas que sean solicitadas previamente;

XVIII. Obtener copia cotejada de los documentos originales que sean exhibidos ante ésta;

XIX. Organizar la documentación que se encuentre bajo su resguardo, para ser remitida al

Archivo General del Poder Legislativo;

XX. Cumplir con las obligaciones establecidas en las bases y lineamientos que expida el Comité

Coordinador para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal a que se refiere la Ley del

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; y

XXI. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen otras disposiciones legales.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS AUTORIDADES SUBSTANCIADORAS “A” Y “B”