Artículo 26

Artículo 26.- La Autoridad Investigadora tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir, analizar y registrar las denuncias presentadas en contra de los diputados,

servidores públicos del Poder Legislativo y los de elección popular municipal, relacionadas con

presuntas faltas administrativas de Situación Patrimonial, Evolución Patrimonial y/o Conflicto

de Interés, dando el trámite legal correspondiente;

II. Realizar investigaciones, fundadas y motivadas, respecto de las conductas de su

competencia, que se presenten en contra de diputados, servidores públicos del Poder Legislativo

y los de elección popular municipal, relacionadas con presuntas faltas administrativas por

Situación Patrimonial, Evolución Patrimonial y/o Conflicto de Interés;

III. Solicitar a las autoridades competentes la información en materia fiscal, bursátil,

fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de

recursos monetarios de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

IV. Formular requerimientos de información o documentación a entes públicos, persona física o

jurídicas colectivas, con el objeto de esclarecer los hechos derivados de la comisión de

presuntas faltas administrativas del ámbito de su competencia;

V. Realizar visitas de verificación, acciones encubiertas o de usuario simulado, con el objeto

de obtener elementos o medios de prueba para sustentar las presuntas faltas administrativas de

Situación Patrimonial, Evolución Patrimonial y/o Conflicto de Interés que puedan constituir

faltas administrativas, de los diputados, los servidores públicos del Poder Legislativo y los

de elección popular municipal con apego a las disposiciones normativas aplicables;

VI. Imponer las medidas de apremio para el cumplimiento de sus determinaciones cuando el caso

así lo requiera, de conformidad con la ley de la materia;

VII. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como falta

administrativa y, calificarla como grave o no grave;

VIII. Elaborar y Presentar ante la autoridad substanciadora el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo

correspondiente;

IX. Emitir los acuerdos en el ámbito de su competencia, incluidos los de conclusión y archivo

del expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa, debidamente

fundados y motivados;

X. Atender las prevenciones que realice la Autoridad Substanciadora, en los términos previstos

por la ley de la materia;

XI. Reabrir la investigación archivada en el supuesto de presentarse nuevos indicios o pruebas,

si no hubiere prescrito la facultad de la autoridad para sancionar;

XII. Coadyuvar en el procedimiento penal respectivo en los casos en que el Contralor del Poder

Legislativo, haya presentado denuncia ante el ministerio público;

XIII. Conocer del recurso de inconformidad, que en su caso interponga el denunciante en contra

de la calificación de la falta administrativa como no grave o por la determinación de

abstenerse de no iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa y darle el trámite

legal que corresponda;

XIV. Impugnar, si fuera necesario, la determinación de las autoridades substanciadoras o

resolutoras de abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de

imponer sanciones administrativas, así como las del Tribunal de Justicia Administrativa, de la

Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad en términos de las disposiciones legales

aplicables y de acuerdo con la naturaleza del asunto;

XV. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio

se requieran;

XVI. Ordenar se realicen las notificaciones necesarias en el ámbito de su competencia;

XVII. Solicitar, de ser necesario, información a entes públicos, con el objeto de identificar

el último domicilio particular del presunto responsable.

XVIII. Expedir copias simples o cotejadas que hayan sido solicitadas;

XIX. Hacer constar las actuaciones, notificaciones y documentos que sean necesarios para el

cumplimiento de sus funciones, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del

Estado de México y Municipios;

XX. Recibir y dar trámite a los medios de impugnación establecidos en la ley de la materia,

rindiendo los informes que correspondan;

XXI. Realizar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia la investigación, la integralidad de

los datos y documentos, así como el resguardo del expediente de investigación en su conjunto;

XXII. Incorporar a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación

que observen las mejores prácticas internacionales;

XXIII. Cooperar con las autoridades nacionales como internacionales a fin de fortalecer los

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales y combatir de

manera efectiva la corrupción;

XXIV. Cumplir con las obligaciones establecidas en las bases y lineamientos que expida el

Comité Coordinador para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal a que se refiere la

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios;

XXV. Organizar la documentación que se encuentre bajo su resguardo, para ser remitida al

Archivo General del Poder Legislativo; y

XXVI. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen otras disposiciones legales.

SECCIÓN TERCERA

DE LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA