Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Vigencia verificada: 5 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 66.- La Dirección General para la Reconciliación y Justicia tiene las atribuciones siguientes:
I. Implementar mecanismos de participación con organizaciones de la sociedad civil y suscribir con éstas convenios de concertación que tengan por objeto diseñar, implementar o brindar servicios de naturaleza postpenal;
II. Diseñar y proponer a su superior jerárquico los programas de reconciliación social, con base en la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social de las personas tras el cumplimiento de una sanción penal, a través de servicios post-penales, así como ejecutar aquellos programas que se aprueben;
III. Desarrollar y proponer a su superior jerárquico las acciones para el fortalecimiento y el desarrollo de la reconciliación social a través de la reinserción y apoyo a las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad, así como formular propuestas de políticas públicas y programas respectivos;
IV. Ejecutar, de manera conjunta con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, las acciones en materia de reconciliación social a través de la reinserción y apoyo a las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad, de conformidad con la normativa aplicable;
V. Ejecutar, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y en términos de la legislación aplicable, el establecimiento de centros de atención y redes de apoyo postpenal;
VI. Proponer a su superior jerárquico la adopción de normas mínimas, sobre la reconciliación social a través de la reinserción social de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad;
VII. Proponer a su superior jerárquico las acciones para el intercambio de información con las instancias competentes, que permitan el diseño y la elaboración de políticas, programas y acciones de apoyo a personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad;
VIII. Coordinar la aplicación de los programas que coadyuven a la reinserción social y apoyo de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad, con base en el respeto a los derechos humanos, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte;
IX. Gestionar con las Autoridades Corresponsables previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, los apoyos asistenciales para las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad;
X. Proponer a su superior jerárquico las acciones sobre cultura de la no discriminación hacia las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad;
XI. Diseñar políticas, programas y acciones en conjunto con las Autoridades Corresponsables previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y con los sectores que corresponda, sobre la capacitación para el trabajo, el empleo, el autoempleo y la generación de oportunidades laborales;
XII. Proponer a su superior jerárquico los criterios y procesos para la elaboración de estudios comparativos sobre la legislación nacional e internacional, en materia reconciliación social a través de la reinserción y apoyo de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad, y
XIII. Ejecutar acciones para llevar a cabo los procesos de reconciliación social a través de la reinserción y apoyo de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- RETROACTIVIDAD DE LA LEY. PARA SU APLICACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL NO PUEDE HACER CONSIDERACIONES DIVERSAS A LAS PLANTEADAS POR EL ÓRGANO JURISD (5548)
- RETROACTIVIDAD DE LA LEY. PARA SU APLICACION, LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL NO PUEDE HACER CONSIDERACIONES DIVERSAS A LAS PLANTEADAS POR EL ORGANO JURISD (III.2o.P.3 P)
- LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCI (I.1o.P.77 P (10a.))
- CORRECCIONES DISCIPLINARIAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. PREVIO A SU IMPOSICIÓN, DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y A F (V.3o.P.A.4 P (10a.))
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL. LAS INCIDENCIAS Y SOLICITUDES RELACIONADAS CON ÉSTE, DEBEN RESOLVERSE CONFORME A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SI ÉSTA ES LA VIGENTE. (XXII.P.A.39 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 7,447 leyes, 312,056 tesis y 11,708 sentencias de la SCJN, y consultarle al Corpus sobre este artículo.
Buscar en leyes Probar el Corpus gratis