PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL. LAS INCIDENCIAS Y SOLICITUDES RELACIONADAS CON ÉSTE, DEBEN RESOLVERSE CONFORME A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SI ÉSTA ES LA VIGENTE.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este ordenamiento, continuarán con su sustanciación acorde con la legislación aplicable al inicio de éstos. Ahora bien, esto no quiere decir que aquellos que se insten con posterioridad a su entrada en vigor no puedan dirimirse conforme a ésta, puesto que en la etapa de ejecución de sanciones penales existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, como por ejemplo, la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e, incluso, medidas que no tienen relación directa con la pena impuesta, pero que sí repercuten en la reinserción social de la persona, como son los traslados administrativos, ya sea dentro del mismo centro de reclusión donde se halla interno el sentenciado o a uno diverso. Esos procedimientos pueden surgir accesoria o aleatoriamente o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuyo expediente haya causado estado antes de su entrada en vigor, sino que una vez vigente, es la que debe aplicarse para dirimir las incidencias y solicitudes relacionadas con el procedimiento de ejecución penal.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.