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Modo: Corpus Pro

AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 484/93. · Registro digital (IUS): 1025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PASCUAL LUCIANO SIERRA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, , Pág. 158.

AMPARO EN REVISION 484/93. PASCUAL LUCIANO SIERRA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-No obstante haberse transcrito la sentencia recurrida y los agravios expuestos por el recurrente, no habrán de ser motivo de análisis dado que este cuerpo colegiado advierte que en la especie se surte una causal de improcedencia diversa de la señalada por el a quo, la cual se invoca de oficio en los términos de lo establecido por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 940, visible a foja 1538 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.".

En efecto, los artículos 11, 73 fracción XVIII y 116 fracción III de la Ley de Amparo, disponen: 11. "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". 73. "El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". 116. "La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: "... III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes."

De la demanda de garantías se desprende que Pascual Luciano Sierra reclamó de la responsable la interlocutoria pronunciada con fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto por la empresa demandada, dentro de la etapa de ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 29/90; recurso que se promovió a fin de impugnar la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicado por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. De la propia demanda aparece que el quejoso señaló como autoridad responsable a la Junta Laboral Federal de mérito.

Ahora bien, el artículo 850 fracción II de la ley Federal del Trabajo, dispone: "De la revisión conocerá: ... II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados.".

De la transcripción anterior se infiere que corresponde a los presidentes de las Juntas laborales pronunciar las resoluciones dentro de los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos que los actuarios realicen en ejecución de los laudos que correspondan.

Como se ve de lo expuesto, si en la especie se reclamó una interlocutoria de esa índole, es incuestionable que debió señalarse como responsable a la autoridad que la emitió, esto es, al presidente de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y no a esta última como cuerpo colegiado, dado que, se insiste, es al presidente de la Junta laboral a quien incumbe pronunciar una resolución como la que se reclama, lo cual se corrobora con las copias certificadas que exhibió la parte quejosa en el amparo, de las que se advierte a foja cuarenta y uno y cuarenta y uno vuelta, que efectivamente la interlocutoria de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, fue emitida por el presidente de la Junta Federal de referencia; de ahí que si en el caso el peticionario de garantías no señaló como autoridad responsable al presidente de la Junta laboral al que se atribuye la emisión del acto reclamado, es inconcuso que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto, debido a que no se llamó a juicio y por ende no fue oída la autoridad a la que se atribuye el propio acto; razones por las que respecto del mismo se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 11 y 116 fracción III de la propia ley, lo que obliga aunque por diversa causal de la invocada por el a quo, a decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional con apoyo en el artículo 74 fracción III de la propia ley. Al respecto resulta aplicable el criterio sustentado por este cuerpo colegiado al resolver los amparos en revisión números 417/88, 613/92, 15/93 y 82/93 que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO.-Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII en relación con los artículos 11 y 116 fracción III del mismo ordenamiento legal.".

Cabe agregar, si bien el artículo 146 de la ley de la materia obliga al Juez de Distrito a requerir a los quejosos a fin de que subsanen las irregularidades en que pudieran incurrir al promover su demanda de amparo; sin embargo, tal obligación se limita a comprobar si la demanda en cuestión satisface los requisitos del artículo 116 de la misma ley y no a intervenir para que la demanda de garantías quede perfectamente elaborada. De igual manera el Juez federal tampoco debe ordenar a título de aclaración, que se mencione alguna o algunas de las autoridades no indicadas en el escrito inicial, dado que el ejercicio de la acción constitucional es un derecho de los particulares, por lo que el Juez no puede coadyuvar en una facultad que no le corresponde, sustituyendo al particular en el ejercicio de esa acción. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 648 y 649, Sección Segunda, Precedentes que no han integrado jurisprudencia, Apéndice 1917-1988, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO NO SE SEÑALA A TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE DEBER DE ORDENAR QUE SE CORRIJA.-La obligación para los Jueces de Distrito, derivada del artículo 146 de la Ley de Amparo, está limitada a comprobar si formalmente se satisfacen las condiciones reglamentadas en el artículo 116 de la misma ley y no a intervenir para que la demanda de garantías quede perfectamente elaborada. Tampoco debe ordenar a título de aclaración de demanda que se mencione a alguna o algunas otras autoridades no indicadas en el escrito inicial. El ejercicio de la acción constitucional es un derecho de los particulares y el Juez no puede coadyuvar en una facultad que no le corresponde sustituyendo al particular en el ejercicio de la acción.".

Finalmente cabe apuntar, que si bien es cierto que en los términos del artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo, en materia laboral opera en favor del trabajador la suplencia de la queja, cierto es también que dicha suplencia únicamente se refiere a la deficiencia de los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías, así como de los agravios formulados en los recursos que la ley de la materia establece, o bien opera cuando aparezca que en contra de la parte obrera se cometió una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, sin embargo tal suplencia no puede llegar al extremo de introducir en la litis a una autoridad que no fue señalada como responsable por el quejoso, ya que de considerarse lo contrario, se dictaría una resolución en la que no serían oídas las autoridades no señaladas. Al respecto este cuerpo colegiado comparte los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visibles a fojas 1099 y 6012, Tomos IV y XVIII respectivamente, de la Séptima Epoca 1969-1987, del Semanario Judicial de la Federación, que son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO ERRONEO DE LAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL IMPROCEDENTE, POR NO AUTORIZARLA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 76 DE LA LEY DE AMPARO.-La pretensión del quejoso, al argumentar que el Juez federal debió suplir la deficiencia de la queja y emplazar a una autoridad que no fue llamada a debate constitucional, como lo es una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no es válida, porque el expresado Juez se hubiera extralimitado en sus atribuciones legales, toda vez que, de acuerdo con el contenido del párrafo tercero del artículo 76 de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja únicamente tendrá lugar, en materia de trabajo, cuando se encuentre que contra la parte obrera exista una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no para introducir en la litis a una autoridad que no fue señalada como responsable por el quejoso, en su demanda de garantías." "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO OPERA CUANDO EL QUEJOSO ES OMISO EN EL SEÑALAMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.-No es posible suplir la deficiencia de la queja cuando el quejoso es omiso en el señalamiento de las autoridades responsables, ya que de considerarse lo contrario se dictaría una resolución, en la que no serían oídas las autoridades no señaladas.".

En ese orden de ideas lo procedente es confirmar el fallo sujeto a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por PASCUAL LUCIANO SIERRA, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, actos que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Olivia Heiras de Mancisidor, Jaime Manuel Marroquín Zaleta y María Soledad Hernández de Mosqueda, siendo ponente la tercera de los nombrados y firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1025-8a525caf/autoridades-responsables-no-designadas-sobreseimiento-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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