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Modo: Corpus Pro

TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO DE GARANTIAS. SI EL QUE INTENTA LA ACCION CONSTITUCIONAL ES EL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, EL ACTOR Y EL DEMANDADO EN LA CONTROVERSIA EJECUTIVA MERCANTIL TIENEN EL CARACTER DE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 499/93. · Registro digital (IUS): 1208
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HUMBERTO CASTRO RAMIREZ Y OTRO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 773.

AMPARO EN REVISION 499/93. HUMBERTO CASTRO RAMIREZ Y OTRO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Es innecesario ocuparse de las consideraciones de la sentencia que se recurre y de los agravios que en su contra se hacen valer, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del asunto, en términos de la última parte del artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y Tesis Jurisprudencial número 940, consultable a página 1538, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.".

En efecto, para la procedencia del amparo, uno de los presupuestos esenciales, es la causación de un perjuicio o lesión jurídica a los derechos subjetivos públicos del gobernado, tutelados por la ley; entendiéndose también ese perjuicio, como sinónimo de ofensa a esos derechos.

Así pues, de la lectura de las constancias de autos, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se arriba al conocimiento que el acto reclamado del Juez responsable, consistente en: La diligencia de remate celebrado a las ocho treinta horas del día trece de abril de mil novecientos noventa y tres, en el expediente del juicio ejecutivo mercantil número 999/90, instaurado en contra del C. Rolando del Pino Galdámez, en la que quedó fincado y adjudicado el bien inmueble embargado, en favor del tercero perjudicado Electrosistemas y Suministros, S.A. de C.V., no afecta el interés jurídico de los quejosos.

Lo anterior se afirma, en virtud de que; el hecho de haber promovido los ahora recurrentes, juicio laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra de Rolando del Pino Galdámez; que se haya decretado embargo precautorio respecto de un inmueble del demandado, según lo mencionan; que dicha Junta hubiere girado el oficio número 246 al Juez Primero del Ramo Civil residente en esta ciudad, con fecha uno de abril de mil novecientos noventa y tres (foja 30), comunicándole que el bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 999/90, quedaba afectando al pago preferente del crédito de trabajo adeudado a los quejosos; así como el actuar del referido Juez responsable, que sin obedecer el oficio mencionado, sacó a remate el inmueble embargado; no permite establecer que se cause a los promoventes del amparo un perjuicio jurídico, como titulares de derechos subjetivos públicos tutelados por la ley. Ello es así, supuesto que los derechos preferentes, que de un crédito laboral alegan los amparistas en su demanda de garantías, y que se contienen en el artículo 966, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, que textualmente dice: "... Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes: I... II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, siempre que dicho embargo se practique antes que quede fincado el remate..."; sólo se actualizarían, frente a los créditos deducidos en el juicio civil mencionado, en la hipótesis de que hubieren obtenido laudo favorable; circunstancia que no ocurre en la especie, toda vez que con el embargo precautorio trabado sobre el inmueble de Rolando del Pino Galdámez, únicamente tienen una espectativa de derecho a obtener un crédito, que bien puede darse o no, ya que no se desecha la idea de que en el juicio laboral se dicte un laudo absolutorio, y no uno condenatorio; por lo que al no estar acreditada la existencia de un laudo favorable a los intereses de los quejosos, y por ende, embargo relacionado con su ejecución, es evidente que el remate reclamado, no afecta los intereses jurídicos de los promoventes del juicio; y en tales condiciones, se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Apoyan lo anterior, la Tesis Jurisprudencial número 1030, consultable a páginas 1666 y 1667, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, que reza: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.-El artículo 4 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado incluso a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". Igualmente tienen aplicación la Tercera Tesis relacionada a la Jurisprudencia número 1030, consultable a página 1663, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, así como la consultable a página 555, del Tomo III, Segunda Parte 2, del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio 1989, que respectivamente rezan: "INTERES JURIDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACION DEL.-La causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de su demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia."; y, "PREFERENCIA DE CREDITOS LABORALES, PROCEDIMIENTOS PARA HACERLA VALER, TRATANDOSE DE CREDITOS EXIGIBLES EN EJECUCION DE LAUDOS Y DE CREDITOS DERIVADOS DE RECLAMACIONES LABORALES CONTENIDAS EN UNA DEMANDA.-La Ley Federal del Trabajo establece dos procedimientos para hacer valer la preferencia de créditos laborales en otros procedimientos seguidos por terceros ante autoridades judiciales o administrativas, en donde pudieran rematarse los bienes del demandado. El primero está contemplado en el artículo 966 fracción II y se refiere a créditos laborales exigibles en ejecución de laudos; en esta hipótesis, el presidente ejecutor que tenga conocimiento de la existencia de un embargo, hará saber a la autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar su pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se pondrá a disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo. El segundo procedimiento lo establecen los artículos 979 al 981, referente a créditos derivados de reclamaciones laborales contenidas en una demanda y se inicia a través de una notificación en la que se previene a la autoridad judicial administrativa para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicación de los bienes embargados, notifique a los trabajadores, a fin de que estén en posibilidad de hacer valer sus derechos. Lo que significa, que si antes del remate los trabajadores ya obtuvieron un laudo favorable, la Junta lo debe hacer saber a esa autoridad remitiéndole copia certificada del mismo, para que se tome en cuenta la preferencia de los trabajadores al aplicar el producto de los bienes, según lo establece el artículo 981 de la citada ley; pero si no han obtenido laudo, los trabajadores carecerán de derecho preferente alguno en el remate o adjudicación que haga esa autoridad.".

Consecuentemente, lo que procede es revocar la sentencia que se recurre, y sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo.

No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado la circunstancia de que el señor Juez de Distrito no proveyó lo conducente para ordenar el emplazamiento y llamar a juicio a JULIO GUTIERREZ GONZALEZ y a ROLANDO DEL PINO GALDAMEZ, no obstante que a la luz del artículo 5o. inciso a) de la Ley de Amparo, por ser parte actora y demandada en el procedimiento civil de donde proviene el acto reclamado, y por ende, resultan tener el carácter de terceros perjudicados; sin embargo, tal omisión resulta irrelevante, dado que el sentido de la presente resolución les beneficia.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se REVOCA la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por HUMBERTO CASTRO RAMIREZ y OMAR NAFATE MORENO, contra el acto que reclaman del Juez Primero del Ramo Civil, residente en esta ciudad, mismo que quedó identificado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio autorizado de la presente resolución, vuelvan los autos al Juzgado de su procedencia, oportunamente archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, licenciados: presidente Francisco A. Velasco Santiago, Angel Suárez Torres y Mariano Hernández Torres, siendo ponente el primero de los nombrados.

Firman los C.C. Presidente y Magistrados que integran el Tribunal, con el secretario de Acuerdos del mismo que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1208-5a7ca02e/terceros-perjudicados-en-el-juicio-de-garantias-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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