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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. DEBE CORRERSE TRASLADO AL DEMANDADO DEL AUTO INICIAL QUE SE DICTE EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 473/94. · Registro digital (IUS): 2358
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RICARDO VALERIO JIMENEZ Y OTRO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, , Pág. 54.

AMPARO EN REVISION 473/94. RICARDO VALERIO JIMENEZ Y OTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación antes referidos.

Es cierto que las actas relativas al citatorio previo y a la diligencia del llanamiento a juicio están redactadas en formatos ya impresos y que el fedatario llenó con letra manuscrita los datos específicos en cuanto a la hora y día en que se efectuaron, y nombre de la persona con que se entendieron. No obstante, no hay la ilegibilidad al grado que sea imposible la comprensión de la escritura en cuestión; tanto que esta potestad procedió la transcripción de dichas actuaciones en el tercer considerando de la presente ejecutoria. De ahí que carezca de sustento el argumento esgrimido en este aspecto.

Por otra parte, sintéticamente se alega en los relativos de queja que el actuario no se cercioró adecuadamente que el lugar donde se constituyó fuera el domicilio de la persona moral demandada, pues es insuficiente para ese fin el que se basara únicamente en la nomenclatura oficial; además en la primera búsqueda que realizó el dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro dejó citatorio para que lo esperara el representante legal de la aludida negociación a las once horas del tres de febrero del citado año; pero de la cédula de emplazamiento se aprecia que acudió a las once horas diez minutos de este día y por ende, esta irregularidad lo hace nulo.

Sobre el particular, cabe señalar que en la primera búsqueda el multicitado fedatario llegó a la conclusión de que el domicilio designado por los actores para notificar a la aquí impetrante era el correcto, apoyándose únicamente en el nombre de la calle y número del inmueble, sin allegarse de otros datos objetivos; puesto que, fue hasta que se practicó el emplazamiento cuando se percató en forma plena de dicha situación mediante el dicho de Jesús Regil.

Pese a que, aun cuando lógicamente desde la primera ocasión existe el deber para el actuario de cerciorarse fehacientemente que en el lugar señalado para notificar a una de las partes tiene realmente su domicilio; lo cierto es que en la especie, la irregularidad anotada en el párrafo que antecede no conduce a suponer que el citatorio previo se hubiera dejado en un lugar equivocado, en tanto que éste fue entregado a Jesús Regil, que fue la misma persona con la que se entendió el emplazamiento y en el desarrollo de esta actuación proporcionó la información sobre esta cuestión.

En cambio, fue ilegal que el funcionario responsable se hubiera presentado en una hora diferente para verificar el emplazamiento a aquélla en que citó previamente al representante legal de la demandada.

En efecto, aunque existe una variación de diez minutos entre la hora en que se debía llevar a cabo la diligencia de referencia y la en que se constituyó el fedatario; empero, como atinadamente lo afirma la peticionaria, el emplazamiento es una formalidad esencial y de orden público, entonces, al igual que le es exigible al representante legal de la persona moral demandada estar puntualmente en la fecha y hora determinada so pena de entender la diligencia con cualquier persona o incluso fijarla en la puerta de la entrada, también esa obligación impera para la autoridad. Sostener lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio de ésta la modificación de un citatorio, lo cual propiciaría un estado de inseguridad jurídica para las partes al desconocer con certeza el momento exacto en que deben ocurrir para su desahogo.

Además de la anterior anomalía concurre otra que también hace patente el defectuoso llanamiento a juicio, referente a que en la diligencia respectiva se hizo constar que se dejó en poder de Jesús Regil, quien fue la persona con la que se entendió, "copias de toda la documentación ordenada", sin precisar en qué consistía ésta.

Para así estimarlo, es pertinente recordar que los actores Ricardo Valerio Jiménez y Daniel Magno García enderezaron por separado sus demandas en contra de la aquí promovente del amparo y otros; escritos a los que les recayeron los acuerdos de fechas diecinueve y veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, respectivamente y en los que la Junta los requirió para que dentro del término de tres días los aclararan. Luego, por auto de dos de diciembre de ese año, ya acumuladas dichas reclamaciones laborales en un solo enjuiciamiento, se tuvo a los accionantes dando cumplimiento a las prevenciones que se les hizo y la mencionada responsable señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley (fojas 45, 52, 54 a 56).

En ese tenor, es indudable que en la diligencia de emplazamiento debían entregarse a la demandada copia de los siguientes documentos: a) De los ocursos de demanda en cita; b) De los autos de radicación dictados el diecinueve y veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres; c) De los escritos aclaratorios; y d) Del proveído de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, mediante el cual se fijó día y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y en el que contiene, el apercibimiento de que en el caso de no asistir a ésta se le tendrá por inconforme con todo arreglo, por producida su contestación en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas.

Por tanto, como fundadamente se argumenta, la expresión empleada por el fedatario en el sentido de haber entregado "toda la documentación ordenada" no hace factible considerar que efectivamente hubiera dado copia de todas las constancias con las que debió correrse traslado, ya que era indispensable que se describieran para estar en aptitud de saber si se encontraban completas y fundamentalmente, si se le hizo llegar a la negociación demandada la resolución del día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con base en el cual se le apercibe de las consecuencias que trae el que no compareciera a la audiencia de ley.

Al caso cobra aplicación la tesis de este Tribunal Colegiado obtenida al fallar con fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y dos y por unanimidad de votos el amparo en revisión número 91/92 promovido por Socorro Olmedo González, que dice: "-De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo, el actuario al llevar a cabo la diligencia de emplazamiento debe correr traslado al demandado del auto en que se señaló la fecha para la celebración de la audiencia, así como copia de la demanda, pero cuando es omiso hacerlo respecto del auto inicial en donde se pronunciaron los apercibimientos de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas en caso de no concurrir a la audiencia, el emplazamiento es ilegal cuenta habida que para la validez de éste, por tratarse de una formalidad esencial del procedimiento, deben observarse estricta y rigurosamente los requisitos exigidos por la ley de la materia.".

Consecuentemente, las irregularidades en el emplazamiento traen como resultado que se considere violada la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, en perjuicio de la empresa quejosa, razón por la cual debe concedérsele la protección de la Justicia Federal respecto de todas las autoridades señaladas como responsables, esto es, tanto por lo que ve a las ordenadoras como a las ejecutoras, en términos de la jurisprudencia 295 visible a páginas 516, Segunda Parte relativa a Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-1988 que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.".

En las condiciones apuntadas, aunque por distintas razones en las que se apoyó el fallo materia de la revisión, procede confirmarlo en el sentido en que se pronunció.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43, 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el fallo sujeto a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a la empresa denominada "Tameme", Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su representante legal Miguel Joaquín Conde Taboada, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Eric Roberto Santos Partido, Enrique Dueñas Sarabia y Rosa María Temblador Vidrio, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2358-78a2dff6/emplazamiento-en-materia-laboral-debe-correrse-traslado-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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