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Modo: Corpus Pro

VEHICULOS AUTOMOTORES. EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR AQUELLOS QUE CIRCULAN POR EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA, NO VIOLA LA GARANTIA DE IGUALDAD. VEHICULOS AUTOMOTORES. LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR AQUELLOS QUE CIRCULAN POR EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA Y SU REGLAMENTO, NO VIOLAN LA GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD CONSAGRADA POR EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. VEHICULOS AUTOMOTORES. LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, QUE AUTORIZAN ACTOS DE LIMITACION, SUSPENSION O RETIRO DE SU CIRCULACION, NO VIOLAN LA GARANTIA DE LEGALIDAD. VEHICULOS AUTOMOTORES. LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, QUE AUTORIZAN ACTOS DE LIMITACION, SUSPENSION O RETIRO DE SU CIRCULACION, NO VIOLAN LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1113/91. · Registro digital (IUS): 3741
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAURICIO JUAREZ RODRIGUEZ Y OTRO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, , Pág. 68.

AMPARO EN REVISION 1113/91. MAURICIO JUAREZ RODRIGUEZ Y OTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previamente al an lisis de los agravios debe examinarse la causa de improcedencia que plantea el agente del Ministerio Público Federal en su pedimento número 278/91, por ser la misma de estudio preferente conforme a lo dispuesto por el segundo p rrafo de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia publicada con el número 940 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen IV, p gina 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

El agente del Ministerio Público Federal sostiene en su pedimento:

"Ahora bien, los agravios aducidos en relación a la negativa del amparo, no ser n objeto de examen porque el suscrito aprecia que opera una causal de improcedencia, no advertida por el Juzgador y cuyo estudio resulta preferente en los términos de la tesis de ejecutoria que m s adelante se precisa. En efecto, los quejosos-recurrentes, impugnaron de inconstitucionalidad la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de fecha 28 de enero de 1988; el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación Generada por Vehículos que Circulan por el Distrito Federal, y los Municipios de su Zona Conurbada, de fecha 25 de noviembre de 1988 y los actos de su ejecución. Los entonces quejosos, en los antecedentes de su demanda de garantías, expusieron que son propietarios de los vehículos que especifican y, para acreditar ese extremo, exhibieron fotocopias simples, sin certificación alguna, respecto de las tarjetas de circulación y declaración del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de los Vehículos de que se trata y que obran a fojas 10 y 11 de los autos. Por tanto, esas documentales carecen de valor probatorio alguno en términos de lo dispuesto por los numerales 93 fracción VII, 129, 133, 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 76, visible en la p gina 124, Tercera Sala, del Informe de Labores rendido a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, en el año de 1988 y que a la letra es como sigue:- `COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS...' (la reproduce). Igualmente tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 41, visible a fojas 93 de la Sección Primera, Tesis de Jurisprudencia y sus relacionadas, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, que a la letra es como sigue: `COPIAS FOTOSTATICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. ...' (la reproduce). "Consecuentemente, al no haberse acreditado la propiedad de los vehículos de que se trata, los ordenamientos cuestionados no afectan los intereses jurídicos de los quejosos recurrentes, y procede sobreseer el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V del artículo 73, en relación con la fracción III, del artículo 74, ambos de la Ley de Amparo."

La causal de improcedencia invocada resulta infundada ya que si bien anexas a la demanda la parte quejosa exhibió copias fotost ticas simples de las tarjetas de circulación y de las declaraciones del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (fojas 10 y 11 de autos), lo cierto es que durante el procedimiento ofreció como pruebas de su parte, en el escrito presentado el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y uno (foja 40), copias certificadas de los documentos mencionados, mismos que obran a fojas 41 y 42 de autos, las que fueron admitidas por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional celebrada el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno.

Por tanto, si toda la argumentación del agente del Ministerio Público Federal descansa en el hecho de que los quejosos exhibieron copias fotost ticas sin certificar de las tarjetas de circulación y de las declaraciones del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y ello no es exacto pues obran en el expediente copias certificadas de tales documentos, debe concluirse que tal argumentación es infundada, m xime si en el considerando tercero de la sentencia recurrida el a quo concluyó que los agraviados acreditaron su interés jurídico porque habiendo combatido los ordenamientos reclamados con motivo de su aplicación, justificaron ésta con los oficios 21904 y 21905 de ocho de noviembre de mil novecientos noventa, sin que en contra de la anterior consideración se inconforme el representante social federal.

SEXTO. Argumentan los recurrentes que el a quo violó lo dispuesto por los artículos 76 a 78 y 192 de la Ley de Amparo porque la cita de los preceptos constitucionales que la Ley reclamada reglamenta debió hacerse en la propia Ley y no en documento posterior por el juzgador, por lo que al hacerlo suple la deficiencia de la queja en perjuicio de los quejosos cuando que sólo opera en su beneficio; añaden que no est a discusión si el Congreso de la Unión est o no facultado para emitir la ley sino el que ésta reglamenta disposiciones constitucionales sin precisarlas incumpliendo con ello el requisito de debida fundamentación y motivación pues impide a los destinatarios conocerlas, razón por la que resulta inaplicable la tesis jurisprudencial que invoca el Juez.

Este órgano colegiado considera infundado el anterior agravio. La tesis jurisprudencial en que se apoyó el a quo, visible con el número 68 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, p gina 131, establece:

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."

La jurisprudencia transcrita es plenamente aplicable pues se refiere a la fundamentación y motivación de actos legislativos y en el caso se trata de determinar si la Ley y Reglamento reclamados reúnen tales requisitos constitucionales. Por tanto, el a quo no violó el artículo 192 de la Ley de Amparo al aplicar dicha jurisprudencia; por el contrario, en acatamiento a lo dispuesto por tal precepto, aplicó el criterio jurisprudencial, que le resulta obligatorio, al examinar el concepto de violación relativo.

Es clara la jurisprudencia de referencia al establecer que trat ndose de actos legislativos se satisfacen los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación cuando el Congreso que los expide actúa dentro de los límites que la Constitución correspondiente le confiere y las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. En consecuencia, como lo determinó el a quo, la Ley y Reglamento reclamados se encuentran debidamente fundados y motivados porque fueron expedidos, la primera, por el Congreso de la Unión y el segundo por el presidente de la República, actuando conforme a las atribuciones y dentro de los límites que les otorga y fija la Constitución y se refieren a situaciones y relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, lo que reconocen los recurrentes. Estos pretenden que la Ley y Reglamento reclamados no est n debidamente fundados y motivados porque la primera no cita las disposiciones de la Constitución que reglamenta, cuando que, por un lado, como se desprende del criterio jurisprudencial, trat ndose de actos legislativos no se requiere para la satisfacción de los requisitos de referencia, la cita de los preceptos legales aplicables ni el razonamiento de adecuación de los hechos a las hipótesis legales, y por el otro, el artículo 1o. de la Ley combatida con claridad establece que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y a la protección al ambiente, de suerte tal que no impide conocer a sus destinatarios las disposiciones a que se refiere sólo por no identificarlas en cuanto a su número.

Por último, tampoco asiste la razón a los recurrentes cuando afirman que el a quo, al señalar que la disposición constitucional que reglamenta la Ley reclamada es el artículo 27, en su tercer p rrafo, est dando el fundamento de la misma en documento distinto, supliendo con ello la omisión de la autoridad responsable. Al razonar el a quo que la Ley reclamada reglamenta el tercer p rrafo del artículo 27 de la Constitución que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, no est fundando el acto legislativo ni subsanando omisión alguna en que se hubiera incurrido al expedirlo; sólo est expresando una de las consideraciones por las que estima infundado el concepto de violación relativo, de suerte tal que no viola en perjuicio de los recurrentes los artículos 76 a 78 de la Ley de Amparo.

Al respecto, es aplicable la tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, precedentes que no integran jurisprudencia, Primera Parte, Volumen II, que establece:

"LEY APRECIACION DE SU CONSTITUCIONALIDAD. Al concederse al Poder Judicial de la Federación el control del juicio de amparo, por medio de titulares de los tribunales que lo componen, Suprema Corte, Tribunales Colegiados y Juzgados, pueden hacerse libremente las consideraciones conducentes, para determinar si una ley es constitucional o no, según las impugnaciones y argumentos expuestos por los quejosos en el juicio de garantías, sin que ello implique suplencia en los informes que rindan o debieran rendir las responsables. Adem s, no existe precepto legal alguno que prohíba a las autoridades conocedoras del juicio de amparo invocar los fundamentos pertinentes para sostener la constitucionalidad de una ley, impugnada de inconstitucionalidad por un particular."

SEPTIMO. Sostienen los recurrentes que el a quo se apartó de la litis al desestimar el planteamiento relativo a que los artículos 7o., fracciones VIII y IX, 22, 32, 35, 38 y 39 del Reglamento reclamado son violatorios de las garantías protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que tal planteamiento no se hizo en función de la emisión de ese ordenamiento sino de su contenido y, por ello, la tesis y los preceptos legales en que se apoya son inaplicables.

Resulta substancialmente fundado lo anterior. En relación a la violación de las garantías protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, se planteó en la demanda de garantías:

"Asimismo, el Reglamento cuestionado es violatorio de garantías en sus artículos 7o., fracción VIII y IX, 22, 32, 35, 38, 39 porque en él se permite la desposesión, confiscación o secuestro mediante el retiro de la circulación por el Distrito Federal y zonas conurbadas de nuestros vehículos por no aprobar la baja emisión de gases, sin que previamente se haya dado la oportunidad de ser oído y vencido en juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, y sin que tampoco medie mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su determinación."

El a quo desestimó lo anterior razonando b sicamente que trat ndose de la expedición de leyes no rige la garantía de previa audiencia conforme a la jurisprudencia que lleva por rubro: "LEYES. NO RIGE LA GARANTIA DE AUDIENCIA TRATANDOSE DE LA EXPEDICION DE", pues en este supuesto la audiencia es posterior a la expedición del cuerpo legal y que los ordenamientos reclamados la respetan ya que establecen los procedimientos para que los afectados con las sanciones impuestas con base en las mismas se defiendan según deriva de los artículos 176 y 45 de la Ley y Reglamento reclamados, respectivamente, así como de los artículos 157 y 158 del Reglamento de Tr nsito para el Distrito Federal.

Al desestimar el planteamiento de la demanda en los términos en que lo hizo el a quo, se apartó de la litis y omitió examinar lo que realmente le fue planteado, a saber, la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales por parte del Reglamento reclamado por permitir "la desposesión, confiscación o secuestro mediante el retiro de la circulación por el Distrito Federal y zonas conurbadas de nuestros vehículos por no aprobar la baja emisión de gases", sin que medie juicio previo ni mandamiento de autoridad competente.

Por tanto, el Juez de Distrito violó en perjuicio de los quejosos el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, al omitir examinar el planteamiento de referencia, lo que hace procedente que este órgano colegiado, en substitución de aquél, lo analice.

Resulta infundado el concepto de violación consistente en la violación a las garantías de previa audiencia y legalidad consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución, en los siguientes términos:

"ARTICULO 14. ... Nadie podr ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

"ARTICULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento."

El primer dispositivo constitucional transcrito consagra la garantía de previa audiencia para los actos privativos de car cter definitivo, y el segundo la garantía de legalidad para los actos de molestia.

Ahora bien, los artículos 7o., fracciones VIII y IX, 22, 32, 35, 38 y 39 del Reglamento reclamado disponen:

"ARTICULO 7o. Corresponde al Departamento: ...VIII. Limitar y, en su caso, suspender la circulación de vehículos por zonas, tipo, año, modelo, marca, número de placas, día o período determinado, a fin de reducir los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera cuando éstos excedan los límites m ximos permisibles establecidos en las normas técnicas ecológicas aplicables; IX. Retirar de la circulación a los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites m ximos permisibles que se determinen en las normas técnicas ecológicas, o aquellos vehículos automotores que se encuentran sujetos a las medidas señaladas en la fracción anterior."

"ARTICULO 22. Cuando de la verificación de emisiones contaminantes realizada, se determine que éstas exceden los límites permisibles de emisión, el propietario del vehículo estar obligado a efectuar las reparaciones necesarias y llevar a cabo las verificaciones subsecuentes que se requieran, hasta en tanto las emisiones satisfagan las normas técnicas ecológicas en el plazo que se determine."

"ARTICULO 32. Cuando se presente una situación de contingencia ambiental o de emergencia ecológica en el Distrito Federal, el Departamento aplicar las siguientes medidas en relación con la circulación de vehículos automotores: I. Limitar o suspender la circulación vehicular en zonas o vías de comunicación determinadas, incluidos vehículos destinados al servicio público federal; II. Restringir la circulación de los vehículos automotores, conforme a los siguientes criterios: a) Zonas determinadas; b) Año-modelo de vehículos; c) Tipo, clase o marca; d) Número de placas de circulación, o e) Calcomanía por día o período determinado, y III. Retirar de la circulación a los vehículos automotores que no respeten las limitaciones y restricciones establecidas, e imponer las sanciones que procedan conforme a este Reglamento. El Departamento, en base a lo dispuesto por el artículo 9o., apartado `B', fracción II de la ley, podr adem s aplicar las medidas a que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de las que se establezcan en el Reglamento de Tr nsito para el Distrito Federal, para reducir los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores, aun cuando no se trate de situaciones de contingencias ambiental o de emergencia ecológica."

"ARTICULO 35. Se deber n retirar de la circulación los vehículos automotores que circulen, cuando en forma ostensible se aprecie que las emisiones de contaminantes pueden rebasar los límites m ximos permisibles determinados en las normas técnicas ecológicas aplicables. En este caso, el vehículo deber ser trasladado a un centro de verificación autorizado para que se constate si dichas emisiones rebasan o no los límites m ximos permisibles. En el supuesto de que no se rebasen, el centro de verificación expedir la constancia respectiva y no se cobrar producto alguno por la verificación cuando el centro de que se trate estuviere operado directamente por alguna autoridad. En el caso de que se rebasen los límites permisibles, el conductor tendr un plazo de 30 días naturales para presentar nuevamente a verificación su vehículo y subsanar las deficiencias detectadas, pudiendo circular en ese período sólo para ser conducido al taller respectivo."

"ARTICULO 38. Sin perjuicio de la imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior, los vehículos cuyos conductores incurran en las fracciones I y II de dicho numeral, ser n retirados de la circulación hasta en tanto se subsanen las irregularidades y obtengan la calcomanía o la constancia respectiva."

"ARTICULO 39. Trat ndose de los supuestos contemplados en el artículo 32 de este Reglamento, y sin perjuicio de la imposición de las multas correspondientes, se atender a las siguientes medidas: I. En el caso de que los vehículos automotores se encuentren circulando en zonas o vías limitadas, ser n retirados de dichas zonas o vías, y remitidos a los depósitos vehiculares respectivos, a efecto de que el conductor, previo el pago de la multa y derechos correspondientes, solicite la devolución del vehículo, y II. En el caso de los vehículos automotores, cuyos conductores no respeten las restricciones generales que se dicten, ser n retirados a los depósitos vehiculares autorizados durante el tiempo que dure la restricción."

En los preceptos transcritos se faculta al Departamento del Distrito Federal para que limite y suspenda la circulación de vehículos por zonas, tipo, año, modelo, marca, número de placas, día o período determinado, a fin de reducir los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera cuando excedan los límites permisibles, así como para retirar de la circulación a los vehículos automotores cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen esos límites o estén sujetos a las limitaciones de circulación aludidas; asimismo, establecen la obligación de los propietarios de los vehículos de efectuar las reparaciones necesarias cuando se determine que las emisiones contaminantes exceden los límites permisibles y de efectuar las verificaciones que se requieran hasta que tales emisiones satisfagan las normas técnicas ecológicas.

Las facultades otorgadas al Departamento del Distrito Federal para limitar y suspender la circulación de vehículos en la forma y términos establecidos en las normas reglamentarias reclamadas, así como para retirar de la circulación a los vehículos automotores en los casos ahí previstos, no constituyen actos privativos de car cter definitivo en virtud de que no limitan, suspenden o impiden el derecho de circular en los vehículos automotores de manera total, absoluta y definitiva, de forma tal que los afectados pierdan tal derecho; éste sólo se suspende o limita temporalmente hasta que los vehículos tengan emisiones contaminantes que no excedan los límites permisibles por las normas técnicas ecológicas, o bien, el derecho a circular queda limitado o suspendido por zonas, tipo, año, modelo, marca, número de placas, día o período determinado para reducir los niveles de contaminantes concentrados en la atmósfera cuando éstos excedan los límites m ximos permisibles.

En consecuencia, no teniendo car cter de actos privativos definitivos los relativos a la limitación, suspensión y retiro de la circulación de los vehículos automotores que establecen las disposiciones combatidas, tales actos no se rigen por el artículo 14 constitucional ni requieren, por ende, que previamente a su ejecución se otorgue la garantía de audiencia, de lo que se sigue que las disposiciones de referencia no infringen el precepto constitucional citado por no establecer tal garantía previamente a los actos de limitación, suspensión o retiro de referencia. Por otro lado pretender que se otorgue audiencia previa en los casos de que se trata haría nugatorias las disposiciones legales en detrimento de la sociedad, puesto que la causa que origina las medidas que deben adoptarse se produce en un tiempo preciso y es en él en el que tiene que evitarse el efecto nocivo que se produce.

Por otro lado, debe precisarse que el derecho de circular en vehículos automotores no es absoluto e ilimitado, sino que su ejercicio est sujeto al cumplimiento de las reglas previstas en las normas legales aplicables, lo que exige el interés común a fin de que tal derecho meramente individual no pugne o ataque otros derechos individuales y sociales, entre ellos el de salud y el de protección al ambiente. Las disposiciones reclamadas que facultan a las autoridades competentes para retirar de la circulación los vehículos automotores que ostensiblemente emiten contaminantes que puedan rebasar los límites m ximos permisibles o que transitan en zonas o vías, días o períodos no autorizados, hasta que se satisfagan los requerimientos de bajas emisiones contaminantes o se cumplan las limitaciones por reas o tiempos, no infringen la garantía de legalidad consagrada por el artículo 16 constitucional, pues no debe perderse de vista que se trata de vehículos que circulan infringiendo las normas legales que regulan tal circulación y que resulta de interés común tanto el que se obligue a los infractores a que respeten dichas normas como el que se les impida circular sin respetarlas. Por ello, las propias disposiciones reclamadas constituyen el mandamiento que funda y motiva la causa legal del procedimiento, pues en ellas se contiene la facultad y obligación para las autoridades competentes de retirar de la circulación a los vehículos automotores que ostensiblemente emiten gases contaminantes por encima de los niveles permisibles o que transitan por zonas, días o períodos restringidos, sin necesidad de que previamente se obtenga una orden de autoridad dirigida de manera individual al propietario de determinado automóvil que circula infringiendo las disposiciones legales a fin de retirarlo de la circulación, pues entender de esta manera la garantía de legalidad trat ndose de quienes ejercen su derecho a circular en vehículos automotores infringiendo las normas aplicables, pugnaría con el interés y el derecho comunes de evitar que tales vehículos circulen sin acatar dichas normas a fin de preservar derechos como el de la salud y la conservación del ambiente.

OCTAVO. Sostienen los recurrentes que el Reglamento reclamado prevé la figura del despojo, decomiso y confiscación mediante el retiro de la circulación de vehículos, con lo cual va más allá de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que reglamenta y que no establece tal figura.

El anterior planteamiento resulta inoperante en virtud de que no se hizo valer en la demanda de garantías; tan es así, que el a quo al respecto no hizo razonamiento alguno y en el agravio no se sostiene que aquél hubiera omitido su an lisis. Por tanto, el planteamiento de referencia no puede ser examinado en la presente revisión conforme a lo establecido por la siguiente jurisprudencia publicada con el número 109 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen I, p gina 181:

"AGRAVIOS EN LA REVISION INATENDIBLES. No pueden tenerse como agravios en la revisión, las violaciones que no fueron invocadas en la demanda de amparo, dando lugar con ello a que no se oiga a las autoridades responsables."

NOVENO. Argumentan los recurrentes que el a quo interpreta incorrectamente la garantía de libre tr nsito prevista por el artículo 11 constitucional ya que la misma es violada por el Reglamento reclamado, pues impide desplazarse libremente por todo el territorio nacional a través del medio de transporte que se estime m s adecuado como son los vehículos que cuentan con permisos permanentes.

Resulta infundado el anterior agravio. El artículo 11 constitucional establece:

"ARTICULO 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estar subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país."

La garantía de libre tr nsito consagrada por el precepto transcrito fue correctamente interpretada por el Juez de Distrito, pues la misma se refiere al desplazamiento o movilización física del gobernado pero no comprende el medio de transporte en que pueda hacerlo y, por tanto, no excluye la potestad de las autoridades para reglamentar la circulación de tales medios de transporte.

El criterio anterior fue sostenido por este Tribunal Pleno al fallar el amparo en revisión 4512/90, promovido por Gilberto Luna Hern ndez, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos, en el que textualmente se sostuvo:

"Contrariamente a lo que sostiene el quejoso, los ordenamientos legales que reclama por esta vía, no vulneran la garantía de libre tr nsito contenida en el artículo 11 constitucional, pues aun cuando los cuerpos legales impugnados establecen restricciones a la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal y su zona conurbada, ello no implica que se esté coartando al promovente del amparo la posibilidad de transitar libremente por el territorio nacional, incluyendo el Distrito Federal y su zona conurbada, ya que tanto el quejoso como todos los dem s particulares afectados por los ordenamientos legales combatidos, pueden hacerlo; esto es, que la garantía individual contenida en el artículo 11 constitucional no consiste en el derecho al libre tr nsito en automóvil, sino que el derecho concedido en dicho precepto es para que `todo hombre', es decir, toda persona en cuanto a ente individual, entre, salga, viaje y mude su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía de libre tr nsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general del mismo."

El texto de la tesis V/96 que se estableció al respecto, expresa:

"VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. LOS ARTICULOS 7o., FRACCION VIII, 32, FRACCIONES I Y II, Y 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ECOLOGICA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR AQUELLOS, Y LOS ARTICULOS 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTIA DE LIBERTAD DE TRANSITO. Los ordenamientos legales invocados no vulneran la garantía de libre tr nsito contenida en el artículo 11 constitucional, pues aun cuando establecen restricciones a la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal y su zona conurbada, ello no implica que se esté coartando al gobernado la posibilidad de transitar libremente por el territorio nacional, incluyendo el rea especificada, habida cuenta que la garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada no consiste en el derecho al libre tr nsito en automóvil, sino en el derecho que tiene `todo hombre', es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera de documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía de libre tr nsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo."

DECIMO. Al final del primer agravio se sostiene que contrariamente a lo razonado por el a quo, el Reglamento reclamado viola el artículo 12 constitucional porque no impone la misma obligación de contribuir al mejoramiento del medio ambiente a los propietarios o poseedores de vehículos con permiso para circular en la República Mexicana que transitan por el Distrito Federal y sus zonas conurbadas, vehículos de Ruta 100, motocicletas, vehículos de transporte privado de valores, así como de negociaciones o industrias establecidas en el Distrito Federal y zonas aledañas, puestos fijos y semifijos establecidos en la vía pública, productores y distribuidores de combustibles que también contribuyen a la contaminación, d ndose así un trato desigual a los iguales.

Este Tribunal Pleno considera infundado el anterior agravio. Los recurrentes no precisan la disposición legal que releva los vehículos automotores que señalan de cont

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3741-f5b3b141/vehiculos-automotores-el-articulo-33-del-reglamento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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