MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. CONFORME A DIVERSAS TESIS DE JURISPRUDENCIA GENÉRICAS PLENARIAS, EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DECRETO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, NO ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 5o., 16 Y 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONALES.
AMPARO EN REVISIÓN 1142/97. SANTIAGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Del examen del escrito de agravios se advierte que el quejoso recurrente se inconforma en contra de la sentencia del Juez de Distrito en la que le negó el amparo y, esencialmente, manifiesta:
a) Que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 76, 77, 78 y 155 de la Ley de Amparo, pues el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación sí viola los artículos 14 y 31, fracción IV, constitucionales, ya que el legislador no tomó en consideración las variables económicas ni la crisis y recesión económica que vive nuestro país, para imponer la obligación de adquirir una máquina registradora de comprobación fiscal, la cual resulta excesiva y gravosa precisamente por la referida crisis económica.
b) Que se debe tomar en consideración que el quejoso tributa dentro del régimen simplificado, lo que corrobora su baja capacidad económica, situación que no fue tomada en cuenta por el Juez de Distrito, y que el hecho de que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación otorgue un trato igual a los contribuyentes de bajos y altos recursos económicos, demuestra que transgrede el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el primero de los agravios expuestos por el recurrente es inoperante, ya que no contiene argumentos en contra de las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para emitir la sentencia recurrida e introduce argumentos diversos a los que alegó ante dicho Juez, a saber, la necesidad de la autoridad legislativa de tomar en consideración la situación económica del país para imponer la obligación, a cargo de los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, en local fijo, de adquirir una máquina registradora de comprobación fiscal. En tal circunstancia, si el quejoso no planteó dicho argumento en su demanda de amparo y, por consiguiente, el Juez de Distrito no realizó su estudio en la sentencia que se revisa, resulta inoperante que ahora se haga valer como agravio. Al respecto, sirven de apoyo las siguientes tesis de jurisprudencia:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.- Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII–Abril, página veinticuatro).
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, página doscientos setenta y siete).
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.- Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes." (Tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas diecinueve y veinte).
A mayor abundamiento, resulta conveniente precisar que el Congreso de la Unión, que emitió el acto legislativo del que resultó la obligación de los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, en local fijo, de adquirir una máquina registradora de comprobación fiscal, contenida en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, no incurrió en la violación que invoca el recurrente, pues, tratándose de leyes, debe entenderse que se encuentran debidamente motivadas cuando se refieren a situaciones sociales que requieren ser reguladas jurídicamente, sin que sea necesario expresar en ellas todas las razones que llevaron al legislador a emitir determinada ley.
Sirve de apoyo a la expuesto la tesis de jurisprudencia siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.- En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentación y la motivación de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confieren (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162, Séptima Época, Primera Parte, página ciento cincuenta).
El segundo de los agravios expuestos por el recurrente, en el que alega que la obligación de adquirir una máquina registradora de comprobación fiscal es inequitativa al tratar a los contribuyentes de bajos recursos, como él, en forma igual que a los contribuyentes de ingresos elevados, y que su capacidad económica precaria se demuestra con el hecho de que tributa bajo el régimen simplificado, es infundado, en atención a los argumentos que se exponen a continuación:
El quejoso manifiesta que la obligación de adquirir una máquina registradora de comprobación fiscal, impuesta por el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación a los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, en un local fijo, es inequitativa y, por consiguiente, viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues otorga un tratamiento igual a quienes son desiguales, a saber, a los contribuyentes de altos y bajos recursos económicos. Tal afirmación la sustenta el quejoso en el hecho de que tiene una capacidad económica baja, situación que lo sitúa en una posición de desventaja frente a otro tipo de contribuyentes que sí cuentan con ingresos elevados; sin embargo, el quejoso no demostró en autos que efectivamente tuviera la capacidad económica que afirma tener. Además, cuando se pretende que una ley es inconstitucional los vicios de que adolece, según el quejoso, no pueden circunscribirse a uno solo de los destinatarios de la norma, sino a todos los obligados por ella y, respecto al problema de inequidad propuesto, tampoco se aportó prueba alguna de que se produjera la situación de inequidad.
El quejoso ofreció, entre otras, la documental consistente en la copia certificada por notario público de su solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (foja diez), en la cual se advierte la clave de pago número 107 (ciento siete) que, según el reverso del mismo formato, corresponde a las personas físicas con actividades empresariales sujetas al régimen general de ley, distinta de la señalada con el número 155 (ciento cincuenta y cinco) para contribuyentes sujetos al régimen simplificado. También ofreció copia certificada notarialmente de su declaración de pagos provisionales, parcialidades y retenciones de impuestos federales (foja once), correspondiente al último trimestre de mil novecientos noventa y seis, en la que omitió marcar el espacio reservado a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado y declaró ingresos por $1'213,488.00 (Un millón doscientos trece mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos), obtenidos únicamente en el periodo que comprende la declaración, situación que lo excluye del régimen simplificado.
En tales condiciones, si el quejoso no demostró que se encontrara sujeto al régimen simplificado previsto en el Código Fiscal de la Federación y, derivado de eso, que tuviera una capacidad económica baja, sino por el contrario, de autos se advierte que se encuentra sujeto al régimen general de ley y que únicamente en el último trimestre de mil novecientos noventa y seis tuvo ingresos superiores a un millón de pesos, tampoco puede invocar en su favor la violación que, a su juicio, se da del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional; por lo que el agravio en estudio debe estimarse infundado. Al respecto, debe añadirse que la inconstitucionalidad de una ley no puede derivarse de la situación que, respecto de ella, guarde uno solo de los obligados, sino que, por su generalidad, debe relacionarse con todos los destinatarios de la norma, lo que, en el caso, ni se alega ni menos se pretende probar.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente:
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. SU FALTA DEBE PROBARSE.- Si de la demanda de amparo en su integridad y del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, no se desprende que el mismo probara fehacientemente que el impuesto que reclama fuera desproporcionado y falto de equidad, y por ello ruinoso para él, no basta el simple dicho del quejoso en tal sentido, sino que debe probarlo y, al no hacerlo, procede confirmar la sentencia recurrida que niega el amparo." (Tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página ciento setenta y dos).
En consecuencia, al resultar un agravio inoperante y el otro infundado, se impone confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso.
Por lo expuesto, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Santiago Martínez Hernández en contra de los actos y autoridades que se precisan en el considerando primero de la sentencia recurrida.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Estuvo ausente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano por atender comisión. Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4496-4a164361/maquinas-registradoras-de-comprobacion-fiscal-conforme-a-diversas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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