DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. EXCUSA ABSOLUTORIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
AMPARO EN REVISIÓN 142/99. FRANCISCO JAVIER SALAZAR MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son infundados los agravios planteados por el recurrente.
En efecto, el análisis íntegro de las constancias del juicio de garantías número 3/98, permite advertir que la sentencia recurrida ningún agravio causa al ahora recurrente, en virtud de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, en forma correcta negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al considerar que la orden de aprehensión dictada en la causa penal número 320/98 reúne los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, por cuanto los medios de convicción existentes dentro del sumario son suficientes para tener por justificado el tipo penal del delito de incumplimiento de deberes alimentarios cometido en agravio de Marbella Trinidad Ramos, previsto y sancionado por el artículo 138 del Código Penal del Estado, así como la probable responsabilidad del inconforme en su comisión.
Lo anterior, en virtud de que existen los siguientes medios de convicción:
1) La declaración ministerial de Marbella Trinidad Ramos, en la que señaló que se encuentra unida legalmente en matrimonio con Francisco Javier Salazar Martínez y que, desde un inicio hasta aproximadamente los cinco meses de su matrimonio, vivieron tranquilos su esposo y ella en la casa de los padres de éste, pero que después él comenzó a darle mala vida al grado de correrla del citado domicilio, razón por la cual se fue a vivir con sus familiares, que en un principio su esposo le daba la pensión alimenticia correspondiente, pero que desde el mes de junio de mil novecientos noventa y siete, no le ha suministrado dinero alguno (fojas 10 y 11).
2) El acta de matrimonio celebrado el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco entre Francisco Javier Salazar Martínez y Marbella Trinidad Ramos, ante el oficial del Registro Civil de Pijijiapan, Chiapas (foja 50).
3) Acta ministerial de cotejo y devolución de documentos de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la que se hizo constar que, se tuvo a la vista el original y copias fotostáticas de las credenciales para votar con números 108701276 y 100637991, que contenían una fotografía idéntica a los rostros de Trinidad Ramos Marbella y Trinidad Ramos Mario, respectivamente, así como el acta de matrimonio de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, expedida bajo el número 00249 a favor de los contrayentes Francisco Javier Salazar Martínez y Marbella Trinidad Ramos (foja 12).
4) Las declaraciones de los testigos de cargo Mario Trinidad Ramos y Ricardo Ramos Sánchez, quienes en lo que interesa de manera similar manifestaron que, les consta que en el año de mil novecientos noventa y cinco Marbella Trinidad Ramos se casó legalmente con Francisco Javier Salazar Martínez, que en un principio todo marchaba bien en dicho matrimonio, pero posteriormente el señor Francisco Javier empezó a darle mala vida a Marbella al grado de correrla del domicilio donde se encontraban viviendo y, que desde el mes de junio de mil novecientos noventa y siete, el señor Francisco Javier Salazar Martínez no ha suministrado cantidad de dinero alguna a Marbella Trinidad Ramos para sus alimentos (fojas 11 a 15).
5) La constancia de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, expedida por el Juez Municipal de Pijijiapan, Chiapas, en la cual hace constar que en una búsqueda efectuada a partir del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, no se encontró ante dicho juzgado depósito de pensión alimenticia alguna a favor de Marbella Trinidad Ramos, realizada por Francisco Javier Salazar Martínez (foja 16).
6) La constancia del cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, emitida por la Segunda Secretaría de Acuerdos del Juzgado del Ramo Civil de Tonalá, Chiapas, de donde se advierte que ante dicha autoridad no se encontró depósito de pensión alimenticia a nombre de Marbella Trinidad Ramos, proporcionada por Francisco Javier Salazar Martínez, en una búsqueda efectuada a partir del mes de enero de 1997 mil novecientos noventa y siete (foja 18).
Con las anteriores probanzas adminiculadas entre sí, se tienen por comprobados los elementos del tipo penal del delito de incumplimiento de deberes alimentarios que prevé y sanciona el artículo 138 del Código Penal vigente en el Estado, consistentes en: 1. Al que sin motivo justificado abandone a las personas con quienes se tenga un deber legal y 2. Sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia. Lo que aconteció en la especie, ya que con las pruebas citadas en los incisos anteriores, se pone de manifiesto que determinado sujeto activo sin causa justificada abandonó a la sujeto pasivo con quien tiene un deber legal, sin proporcionarle los recursos necesarios para su subsistencia, que dicha conducta la ha venido realizando a partir del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, pues en esa fecha dejó de suministrar cantidad de dinero alguno a favor de la pasivo por concepto de pensión alimenticia.
Aunado a lo anterior, debe tomarse también en cuenta que de autos se advierte que el recurrente no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 140 del código sustantivo penal, puesto que en parte alguna del sumario se justifica que haya realizado el pago total de la cantidad que adeuda desde el mes de junio de mil novecientos noventa y siete, fecha en que dejó de suministrar apoyo económico a la pasivo Marbella Trinidad Ramos, con quien tiene deber legal; ni tampoco que, se haya sometido a un régimen de pago que algún órgano jurisdiccional le hubiera determinado y además haya garantizado la amortización de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer; por lo que al no encuadrarse el actuar del inconforme en los casos de excepción que se derivan de ambas hipótesis y consecuentemente se tienen por acreditados los elementos del tipo penal del ilícito de referencia en los términos precisados en párrafos anteriores. Al efecto resulta aplicable la tesis sostenida por este tribunal, visible en la página 848, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "-El artículo 140 del Código Penal para el Estado de Chiapas, previene una eximente de responsabilidad, que puede operar en dos supuestos: a) Cuando el infractor por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar paga todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos; y b) cuando el infractor se someta al régimen de pago que el órgano jurisdiccional determine y además garantice la amortización de las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer, cuando menos por un año. Estos casos de excepción, derivan en ambas hipótesis en el hecho de que al quedar cubiertos los elementos a que se refiere cualquiera de ellas, el artículo en comento dispone la no aplicación de sanción alguna lo que se traduce en una excusa absolutoria.".
Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de Francisco Javier Salazar Martínez, que el órgano de acusación le atribuye en orden a la comisión del delito de incumplimiento de deberes alimentarios, previsto y sancionado por el artículo 138 del código sustantivo penal del Estado, también ha quedado acreditada con los mismos elementos que sirvieron de base para tener por justificados los elementos del tipo penal del ilícito de referencia, pero de manera principal con la imputación que en su contra hace la pasivo Marbella Trinidad Ramos, al señalarlo como la persona con la cual se casó en noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y con quien se fue a vivir al lado de sus suegros, que después de cinco meses de matrimonio comenzaron los problemas de pareja, al grado de que su marido la corrió del citado domicilio, por lo que se tuvo que ir a vivir con su familia, que en un principio el sujeto activo le seguía proporcionando los medios para subsistir, pero que a partir del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, dejó de hacerlo; imputación que se encuentra corroborada con el dicho de los testigos de cargo Mario Trinidad Ramos y Ricardo Ramos Sánchez, quienes manifestaron les consta que Marbella Trinidad Ramos se casó legalmente con Francisco Javier Salazar Martínez, con quien en un principio vivió bien, pero que posteriormente el señor Francisco Javier empezó a tratarla mal, al grado de correrla del domicilio en que habitaban, por lo que ésta tuvo que irse a vivir con sus familiares y que, saben que desde junio de mil novecientos noventa y siete Francisco Javier Salazar Martínez no le proporciona cantidad de dinero alguna para su subsistencia; testimonios que por ser contestes y uniformes merecen valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 258 y 259 del Código de Procedimientos Penales del Estado y que, además de que se encuentran estrechamente vinculados con el contenido de las constancias expedidas por el Juez Municipal de Pijijiapan, Chiapas y por la segunda secretaria del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, de donde se advierte que Francisco Javier Salazar Martínez no ha promovido ante tales juzgados depósito alguno por concepto de pensión alimenticia a favor de Marbella Trinidad Ramos, no obstante y que tiene la obligación de hacerlo; medios de prueba los anteriores que son suficientes para tener por acreditado que Francisco Javier Salazar Martínez sin causa justificada abandonó a Marbella Trinidad Ramos con quien tiene un deber legal, sin proporcionarle los recursos necesarios para su subsistencia, conducta que viene realizando desde el mes de junio de mil novecientos noventa y siete.
De lo anterior, se advierte que contrario a lo sostenido por el recurrente, el Juez responsable cumplió lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, toda vez que en forma acertada tuvo por acreditados los elementos del tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios, previsto y sancionado por el artículo 138 del Código Penal del Estado, así como la probable responsabilidad del ahora inconforme, en la comisión del mismo, ya que para tal efecto valoró todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas ante el Ministerio Público en términos del Código de Procedimientos Penales del Estado, haciendo una adecuación entre los motivos aducidos, las pruebas y las normas aplicables, cumpliendo de esta forma cabalmente con las garantías de fundamentación y motivación que prevé dicho numeral.
Por otra parte, argumenta el inconforme que lo declarado ministerialmente por Marbella Trinidad Ramos es falso, pues afirma que ésta, abandonó el domicilio conyugal sin causa justificada el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis, para irse a vivir a la Ciudad de México, ignorando el domicilio, por lo que se encontró imposibilitado para proporcionarle recursos y atender a sus necesidades de subsistencia, siendo esa la razón con base en la cual, promovió juicio ordinario civil de divorcio necesario ante el Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, según se desprende de las copias del escrito inicial de demanda de divorcio; constancia levantada por el agente municipal el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis; oficio rendido por el primer oficial de Seguridad Pública del Estado, comandante del Onceavo Sector de Tonalá, Chiapas, y; acuerdo de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el Juez del Ramo Civil de Tonalá, Chiapas.
Agravio que resulta infundado, toda vez que de la lectura que se practique a los autos se advierte que, las probanzas a que hace referencia no fueron aportadas ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado, esto es, dentro del juicio 3/99 del índice del mismo, sino que se presentaron hasta la exhibición del escrito de recurso de revisión que conoce el presente tribunal y, siendo que de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 91 de la Ley de Amparo, la autoridad previsora sólo debe tomar en consideración al resolver, las pruebas que se hubieran rendido ante el Juez de Distrito, con excepción que se trate de aquellas denominadas supervenientes, situación que no aconteció en la especie, pues las copias aportadas constituyen probanzas existentes y conocidas que pudieron haberse aportado por el antes quejoso, hoy recurrente, ante el Juez de Distrito en la audiencia constitucional, por lo que al no haberlo hecho, su argumento carece de fundamento.
Al efecto resulta aplicable la tesis visible en la página 561 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS SUPERVENIENTES EN LA REVISIÓN. DEBEN SER APORTADAS POR EL RECURRENTE.-La fracción II, del artículo 91 de la Ley de Amparo establece que al conocer el recurso de revisión el Tribunal Colegiado sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito, y si bien es cierto que sólo en los casos de excepción son admisibles en el recurso de revisión diversas pruebas que se consideren supervenientes y que por esa razón no pudieron ser presentadas ante el Juez de Amparo, también lo es que en dichos casos de excepción el recurrente debe aportar ante el órgano revisor los medios de prueba que considere supervenientes, ya que el Tribunal Colegiado únicamente está obligado a resolver el recurso de revisión tomando en consideración las pruebas rendidas ante el Juez de Distrito o bien las que sean supervenientes, sin embargo estas últimas tienen que ser aportadas por las partes y no solicitar al tribunal que las recabe.".
De igual forma, contrario a lo que sostiene el recurrente, resulta infundada su alegación consistente en que las declaraciones de Mario Trinidad Ramos y Ricardo Ramos Sánchez fueron aleccionadas, pues se limitan a referir lo manifestado por la querellante; toda vez que dicha alegación constituye una simple afirmación expresada por la hoy inconforme, que de ninguna manera se encuentra apoyada en medio de prueba alguno, no pugnando consecuentemente con los medios de prueba que se tomaron como base para tener por acreditados los elementos del tipo penal y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de incumplimiento de deberes alimentarios cometido en agravio de Marbella Trinidad Ramos.
El inconforme argumenta que el agente del Ministerio Público investigador no lo citó, a efecto de que pudiera tener la oportunidad de probar lo falso de los hechos declarados por la querellante.
Alegación que merece el mismo calificativo que las anteriores, en virtud de que por un lado, no existe precepto legal que obligue al agente investigador a citar al inculpado, además de que por otro, la oportunidad para presentar pruebas tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión y de los hechos en que ésta se apoya, es ante el Juez constitucional que conozca del caso, ya que antes, el entonces inculpado ahora recurrente no tiene la oportunidad de conocer el procedimiento que se sigue en su contra, pues se entera hasta ser detenido o buscado con fundamento en la citada orden, por lo que no cuenta con la oportunidad de aportar medios de defensa, hasta en tanto no llegue el asunto a manos del Juez Federal que conozca del juicio de garantías promovido en contra del acto consistente en la citada orden.
Por lo anterior, tomando en cuenta que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad competente conforme a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro que se satisfacen los extremos de dicho precepto, por lo que el Juez Tercero de Distrito en el Estado no irroga agravio alguno al inconforme.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 83, 90, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Salazar Martínez en contra de los actos que reclama del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, y del comandante de la Policía Judicial de Pijijiapan, Chiapas; mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Luis Rubén Baltazar Aceves, Juan Manuel Alcántara Moreno y licenciado Noé Gutiérrez Díaz, secretario de tribunal en funciones de Magistrado a partir del cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con oficio número 1527/99 de diecisiete de marzo del presente año, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5925-f0655361/delito-de-incumplimiento-de-obligaciones-de-asistencia-familiar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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