Corpus
Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 722/98. · Registro digital (IUS): 5519
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARTÍN VALDEZ FERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, , Pág. 1337.

AMPARO EN REVISIÓN 722/98. MARTÍN VALDEZ FERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son infundados los agravios antes transcritos.

No le asiste razón al recurrente cuando manifiesta en sus motivos de inconformidad que la resolución impugnada es ilegal, en virtud de que el a quo al pronunciarla estuvo en lo correcto al considerar que en el asunto no debía sobreseerse, ya que es inexacto que se actualice cualquiera de las causales de improcedencia previstas en las fracciones V, XII y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que invocó en su escrito de alegatos ni ninguna otra, toda vez que del análisis de las constancias que fueron enviadas por la autoridad responsable, a las que el Juez de amparo les concedió valor pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por disposición de su segundo numeral, no se aprecia la existencia de prueba alguna que demuestre que el peticionario de garantías tuvo conocimiento desde hace tiempo del juicio reivindicatorio promovido en su contra.

En efecto, el inconforme aduce que en los autos del juicio de amparo, cuya sentencia es materia de la presente revisión, obran las constancias de fechas veinticuatro y veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, relativas a la notificación personal que se le hizo al quejoso y a sus codemandados de las diligencias preparatorias del juicio, en las que aparece que el diligenciario se constituyó en el domicilio señalado, que es el mismo en el que tenía su domicilio Martín Valdez Fernández. Lo anterior deviene infundado, pues es inexacto que de las referidas constancias que obran de las fojas treinta y ocho a la cincuenta y siete del cuaderno de amparo, relativas a las diligencias preparatorias al juicio reivindicatorio número 2186/94, se desprenda manifestación alguna de voluntad de parte del citado Martín Valdez Fernández, sea expresa o tácita, que demuestre que tuvo conocimiento de tales actuaciones ni del juicio civil reivindicatorio promovido en su contra, puesto que el actuante no entendió la diligencia de notificación con él, sino con otra persona ni dicho demandado se apersonó a ninguno de esos procedimientos. Por tanto, no puede tomarse como fecha cierta para el cómputo de la oportunidad de la demanda de garantías, la fecha del emplazamiento a tales diligencias preparatorias, menos aún las relativas al juicio natural.

Tampoco tiene razón el impugnante cuando afirma que se actualizan las causales de improcedencia aludidas, porque el demandado, quejoso en este juicio, tiene el mismo domicilio que sus codemandados Clementina Morales Pérez y Antonio Valdez, de los cuales, la primera de los nombrados sí compareció al procedimiento preparatorio y al juicio reivindicatorio y además, resulta ser la esposa de aquél, por lo que si no se apersonó era en virtud de que no tenía interés ni derecho para deducirlos, pero en cambio, sí ha tratado de impedir que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo que este Segundo Tribunal Colegiado pronunció en el juicio de amparo número D-467/97, en el que se le concedió la protección para que la Sala que conoció del asunto de apelación revocara la sentencia de primera instancia y ordenara que se le reivindicara el inmueble materia del juicio. Habida cuenta que la circunstancia de que Martín Valdez Fernández tenga su domicilio en la calle Venustiano Carranza, número setecientos treinta y uno, de la colonia Vicente Ferrer o Mayorazgo de esta ciudad, que es el mismo que tiene Clementina Morales Pérez, demandada y supuesta esposa de aquél, puesto que tal circunstancia no está demostrada en autos con prueba alguna, en el cual fueron emplazados al juicio, no significa que dicho solicitante del amparo tuvo conocimiento de que en el Juzgado Tercero de lo Civil se estuviera tramitando un juicio reivindicatorio en su contra y que a pesar de ello, no compareció a deducir sus derechos mostrando desinterés, ya que todo eso no era más que un indicio que no se encuentra comprobado con prueba alguna; por otro lado, aun cuando conste en autos el acta de emplazamiento aludida y todas aquellas promociones con las que Clementina Morales Pérez intervino en el procedimiento, ninguna de esas probanzas ponen de manifiesto que Martín Valdez se enteró del juicio que se promovió en su contra. Por consiguiente, no puede llegarse a la conclusión de que dicho impetrante no tenga derecho ni interés para que se reponga el juicio a fin de ser oído y vencido, pues no debe perderse de vista que el aquí recurrente lo señaló como parte demandada en su demanda inicial. Ahora bien, como las causales de improcedencia no pueden sostenerse en simples presunciones, sino que deben quedar plenamente demostradas, lo que en el caso a estudio no acontece, debe concluirse que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto cuando consideró que debía desestimarse el argumento del aquí inconforme y no sobreseer el juicio de garantías. El impugnante manifiesta que el quejoso sí tuvo conocimiento directo del juicio reivindicatorio, pues con el afán de crearse derechos sobre el inmueble y justificar su posesión exhibió el contrato de servicio de energía eléctrica y una constancia de facturación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho, para que comprobara que su domicilio es el inmueble que se pretende reivindicar, de lo que se desprende que ya precluyó su derecho a promover el juicio de garantías en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, lo que también se considera infundado, toda vez que de las documentales aludidas no se desprende dato alguno que lleve a la convicción de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio reivindicatorio en una fecha anterior a la que "bajo protesta de decir verdad", manifestó en su demanda de garantías, ya que las documentales aludidas, de acuerdo con el valor que les otorga el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, son eficaces para justificar precisamente que Martín Valdez Fernández tiene su domicilio en el indicado en ellas, pero no son suficientes para acreditar la fecha en que tuvo conocimiento del juicio civil promovido en su contra. A más de que, la pretensión del quejoso está justificada, ya que es parte demandada en el procedimiento de referencia.

También se considera infundado lo manifestado por el promovente del recurso, donde dice que la sentencia combatida le causa agravios porque el Juez indebidamente suplió la deficiencia de los conceptos de violación, siendo que el asunto por ser de naturaleza civil es de estricto derecho. Toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, el Juez o tribunal que conozca del juicio de garantías debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, cuando se advierta la existencia de una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que este Tribunal Colegiado ha sostenido en las revisiones 197/91, 5/93 y 716/98, así como en el juicio de amparo directo 406/93, que es del tenor siguiente: "-De lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, se desprende que es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios ‘en otras materias’ cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; de lo que se sigue, que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en las materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras ‘en otras materias’, se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa.".

En el presente caso, el Juez a quo advirtió la existencia de una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al quejoso, en virtud de que cuando se efectuó el emplazamiento al juicio de que se trata, se omitió cumplir con uno de los requisitos legales, que es el de correr el traslado de ley a las partes. Lo cual, provocó un estado de indefensión tal, que ni siquiera el peticionario de garantías estuvo en aptitud de invocarlo en sus conceptos de violación, pero que propicia la ilegalidad de todo lo actuado en su contra en el juicio natural. En consecuencia, este cuerpo colegiado considera que el Juez estuvo en lo correcto cuando procedió a suplir la deficiencia de los argumentos del quejoso, por existir una violación al acto más trascendental e importante de todo el procedimiento judicial que es el emplazamiento, por lo que no se infringe el principio de estricto derecho que rige en esta materia, al suplir la deficiencia de los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun cuando el asunto sea de naturaleza civil.

Por otro lado, el recurrente argumenta que es errónea la consideración del a quo, en el sentido de que la diligencia de emplazamiento es ilegal, ya que es inexacto que el actuario no corriera el traslado con las copias simples de los documentos que se acompañaron a su demanda original, pues cuando la formuló exhibió junto con su escrito dos testimonios y tres traslados, con los cuales el diligenciario efectuó el emplazamiento, lo que significaba que las copias simples que se les entregaron a los demandados, contenían los testimonios exhibidos. Lo que es infundado, toda vez que del examen de las constancias que el Juez responsable envió con su informe justificado, se observa que el inconforme Teófilo Morales Aguilar, al promover su demanda exhibió dos testimonios y tres copias de ese escrito para el traslado; aclarando que tales testimonios se referían a las escrituras públicas, número trece mil sesenta, volumen ciento cuarenta y cuatro, relativa al otorgamiento del contrato de compraventa de la casa número setecientos treinta y uno, de la calle Venustiano Carranza, de la colonia Vicente Ferrer o Mayorazgo, así como la número trece mil quinientos seis, volumen ciento cincuenta, referente a la erección del inmueble mencionado, ambas tiradas ante la fe del notario público número nueve de los de esta ciudad. Asimismo, se aprecia que el diligenciario responsable, cuando efectuó el emplazamiento a los tres demandados, les corrió el traslado de ley con las copias autorizadas para cada uno de ellos, constante en siete fojas cada una.

De lo anterior, puede concluirse como correctamente lo sostiene el a quo que en la resolución recurrida, no se llevó a cabo el traslado de referencia en los términos establecidos por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que si la demanda de origen está compuesta de cinco fojas y el acuerdo de radicación consta en una, no es posible que las copias de los testimonios aludidos, exhibidos como fundatorios de la acción, obraran en una sola; lo que se corrobora con la copia de la escritura pública número trece mil sesenta, volumen ciento cuarenta y cuatro, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en la que se contiene la escritura pública de compraventa referida que corre agregada a fojas trescientos noventa y seis y siguientes del cuaderno de amparo, la cual se compone tan sólo de cinco fojas. Por tanto, debe estimarse que como el diligenciario actuante infringió la disposición legal normativa antes invocada, ello motivó la violación de todo el procedimiento judicial, por no haber corrido el traslado de ley a la parte demandada con la copia de los documentos fundatorios de la acción, para que le permitiera preparar sus excepciones y defensas.

Es preciso destacar que si bien el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, no señala en forma expresa que al realizarse el emplazamiento con la persona con quien se entienda esa diligencia, se le entregue copia de la demanda, del auto admisorio y de los documentos que constituyen la base de la acción o que demuestren la personalidad del actor; lo cierto es que debe interpretarse, cuando se aplique la fracción I del invocado numeral, que dice "se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica", que en el acto del emplazamiento se entreguen tanto la copia de la demanda como de los documentos que se acompañaron a la misma y el acuerdo admisorio, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 230 y 231 del citado ordenamiento legal, a la demanda deben acompañarse los documentos fundatorios de la acción y los que acrediten la personalidad del actor, en caso de que comparezca a nombre de otro, la copia simple de la demanda y de todos aquellos documentos que se anexan, en un número de tantos igual al de los demandados que se señalen.

Así pues, como el demandante exhibió dos testimonios y tres copias simples del escrito de demanda, el diligenciario debió correr el traslado de ley con cada una de las copias del libelo referido, de los documentos que se acompañaron al mismo y del acuerdo admisorio, ya que eran necesarios para que la contraparte estuviera en aptitud de preparar su defensa, lo que no hizo. Por lo que al existir una violación a las leyes del procedimiento que dejó sin defensa al quejoso, violando sus garantías de legalidad y seguridad jurídica protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, el Juez de Distrito ajustó su actuación a la ley al conceder a éste, el amparo de la Justicia Federal para que sea restituido en el goce de tales garantías violadas y tenga la oportunidad de ser oído y vencido en juicio.

Finalmente, se queja el impugnante de que el resolutor inferior, al conceder la protección constitucional ordena dejar insubsistente el juicio reivindicatorio número 800/95 promovido en contra del impetrante y otros, lo cual beneficiaría a Clementina Morales Pérez y Antonio Valdez, quienes no fueron quejosos en el presente juicio.

Este argumento también deviene infundado, toda vez que los efectos de la concesión del amparo no son violatorios del principio de relatividad de las sentencias que rige en esta materia, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que estos efectos deben extenderse a los codemandados del quejoso, que no ejercitaron la acción constitucional, cuando se encuentre acreditado que entre ellos existe la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, es decir, que la situación de los litisconsortes es idéntica o común a ellos dentro del proceso correspondiente. Por tanto, si se otorga el amparo a uno de ellos para que se deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento, las consecuencias de tal decisión deben alcanzar a los demás codemandados, ya que ello constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

No obstante lo antes considerado, es preciso destacar que el codemandado Antonio Valdez Hernández, también ejercitó la acción de amparo correspondiente, la cual le correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con el número 600/98 y que fue resuelto en definitiva por este mismo cuerpo colegiado en sesión celebrada el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el toca de revisión 716/98, en el sentido de conceder a dicho impetrante el amparo de la Justicia Federal solicitada. Lo que pone de relieve que las sendas ejecutorias benefician a los demandados en forma independiente, en relación de uno y otro.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este cuerpo colegiado considera que la sentencia recurrida se encuentra apegada a derecho, por lo que lo procedente es confirmarla en sus términos.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Martín Valdez Fernández, contra actos que reclamó de la Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad de Puebla y diligenciario par adscrito a la anterior, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Antonio Meza Alarcón, Gustavo Calvillo Rangel y Carlos Loranca Muñoz, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5519-ee1c503a/suplencia-de-la-deficiencia-de-la-queja-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.