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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. SI EN LOS AGRAVIOS SÓLO SE ALEGAN CUESTIONES QUE COMBATEN LA DESESTIMACIÓN DE UNA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Y NO SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN REGLAMENTO, LA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO Y NO A UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2418/98. · Registro digital (IUS): 5571
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SERGIO FERNÁNDEZ MENDOZA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, , Pág. 133.

AMPARO EN REVISIÓN 2418/98. SERGIO FERNÁNDEZ MENDOZA.

CONSIDERANDO:

ÚNICO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los siguientes razonamientos.

Los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen:

"Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."

"Art. 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando: a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos: a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias."

De los preceptos transcritos deriva que a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compete conocer de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad si en la demanda se reclamaron reglamentos expedidos por el presidente de la República, el gobernador de un Estado o el jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución, o cuando en la sentencia recurrida se haga la interpretación directa de un precepto de la misma en esas materias.

Por otro lado, las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida en lo que al caso interesan, son las siguientes:

"PRIMERO.-La suscrita Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 114 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza de los actos reclamados.-SEGUNDO.-La directora de Administración de Personal Sustantivo actuando en ausencia del director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República y el fiscal especializado para la Atención de Delitos contra la Salud de la citada procuraduría al rendir sus informes justificados, los cuales obran glosados a fojas cuarenta y siete y cincuenta y siete de los autos, respectivamente, manifiestan que son ciertos los actos que se les reclaman, consistentes en la emisión del acuerdo de once de febrero de mil novecientos noventa y ocho por el que se determina la suspensión de sueldo y funciones de la parte quejosa y su ejecución material.-TERCERO.-Los actos que se atribuyen al presidente de la República y al secretario de Gobernación, consistentes en la emisión y publicación del decreto de reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de abril de mil novecientos noventa y siete son ciertos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en virtud de que tales actos concurrieron al proceso y formación legislativa de ese ordenamiento, lo que se acredita plenamente en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo y con apoyo, por aplicación analógica, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen sesenta y cinco, página quince de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: ‘LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.-El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.’.-CUARTO.-Previamente al estudio del fondo del asunto procede analizar las causales de improcedencia relativas al juicio constitucional, ya sea que operen de oficio o bien porque las hagan valer las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.-El fiscal especializado para la Atención de Delitos contra la Salud, y el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, al rendir el primero su informe justificado y el segundo su pedimento, los cuales obran glosados a fojas cincuenta y siete y doscientos treinta y nueve de los autos, manifiestan que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción II del artículo 114 ambos de la Ley de Amparo, ya que estiman que en atención a que el acuerdo reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, no es una resolución que tenga carácter definitivo.-El artículo 73 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. En el caso que nos ocupa se aduce que la causal invocada se actualiza en relación a la fracción II, del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual establece: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.-En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si en virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.’.-Así las cosas, contra un acto de autoridad dictado en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, será procedente el juicio de amparo sólo cuando el acto reclamado lo sea la resolución definitiva que ponga fin a dicho procedimiento. Entendemos por procedimiento administrativo, aquella secuencia de actos realizados por autoridad administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin específico, es decir, una resolución en la que se determine si la ahora parte quejosa ha incurrido en conductas que ameriten una sanción conforme a los ordenamientos legales aplicables al caso concreto.-Ahora bien, la suscrita considera que el acuerdo reclamado en la especie, tiene sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, circunstancia que hace procedente el juicio de amparo en que se actúa, ya que la suspensión en su sueldo y funciones afecta derechos sustantivos que no son reparables en una actuación posterior. Por tanto, es procedente el presente juicio de garantías con fundamento en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo.-El agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado, en el pedimento antes relacionado aduce que en la especie también se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; en relación con la fracción XII en comento, expresa que el juicio de amparo es extemporáneo ya que el primer acto de aplicación del decreto impugnado se dio con la orden de práctica de los exámenes a que se sometió el quejoso y al no haberlos acreditado se le suspende en su sueldo y funciones. Y respecto de la fracción XV indica que se debió haber agotado previamente el recurso de reconsideración previsto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.-Resultan infundadas las causales de improcedencia hechas valer por lo siguiente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.-No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.-Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.-Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.’.-La parte promovente debe hacer valer la acción constitucional de amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho sabedora de la existencia del o de los actos que reclama, de lo contrario, existe la presunción de que tácitamente hay una aceptación o conformidad con dichos actos. Al respecto el artículo 21 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’.-La suscrita estima que es infundada la causal de improcedencia invocada ya que de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo de once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el cual, como el quejoso lo manifiesta en su escrito de demanda, fue notificado el cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, surtiendo todos sus efectos legales el día seis de marzo pasado y la demanda de garantías fue presentada ante el secretario autorizado del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el día veintiséis de marzo del año en curso, en consecuencia, los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo corrieron del día nueve al veintisiete de marzo de este año, descontándose por inhábiles los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de marzo pasado. Luego entonces, la demanda de garantías fue presentada en tiempo sin que sea atendible la consideración del agente del Ministerio Público en relación a que el primer acto de aplicación del decreto impugnado fue la orden de someterse a los diversos exámenes ya que la misma no necesariamente se traduce en la suspensión que ahora reclama.-Por último, en relación con la fracción XV invocada, resulta infundada por lo siguiente: El artículo 73 de la Ley de Amparo en su fracción XV establece que el juicio de amparo es improcedente: Fracción XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’.-La fracción en comento se refiere al principio de definitividad, consagrado en la fracción IV del artículo 107 constitucional. Conforme a este principio, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto, con el fin de que las conclusiones a que llegue la autoridad, al momento de emitirlo, tengan el carácter de definitivas, ya que el amparo sólo procede respecto de los actos definitivos o que no sean susceptibles de reparación ante la potestad común, pues se trata de un medio extraordinario de defensa.-Así las cosas en el momento en que el afectado agota los recursos ordinarios, estará en la posibilidad de ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, tendrá la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes y sólo en el supuesto de que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación de una manera absoluta, el afectado podrá acudir al juicio de amparo, ya que el desconocimiento de los motivos y fundamentos del acto que reclama, no le permitirán impugnarlo mediante el recurso ordinario.-Es importante hacer notar que en la especie la parte quejosa señaló como actos reclamados la inconstitucionalidad del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, en relación con las reformas al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como del acuerdo de once de febrero de mil novecientos noventa y ocho el cual estima fue emitido por autoridad incompetente y que no se encuentra fundado ni motivado, además de que no se le dio garantía de audiencia.-Por tanto, la suscrita considera que resulta procedente el presente juicio de amparo, ya que de lo contrario se dejaría a la parte quejosa en un completo estado de indefensión, pues alega violaciones directas a los artículos 14 y 16 constitucionales. Sirve de apoyo, la tesis publicada en el Informe de labores del año de mil novecientos ochenta y ocho, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 491, bajo el rubro ‘VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN, CUÁNDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS.’.-Sin que se advierta alguna otra causal de improcedencia que impida entrar al estudio del fondo del presente asunto, porque opere de oficio o porque la hagan valer las partes, la suscrita pasa al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación hechos valer.-QUINTO.-En su primer y segundo conceptos de violación la parte quejosa aduce que el decreto que reclama publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, por el que se reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es inconstitucional al imponerle la obligación de someterse a diversos exámenes para desempeñar sus funciones como agente de la Policía Judicial Federal, lo cual estima es una aplicación retroactiva en su perjuicio, pues considera que la adición de los artículos 11 bis, 11 bis-1, 11 bis-2, 11 bis-3, el capítulo sexto bis, 19 bis y 19 bis-1 establecen nuevos requisitos que existían en la legislación anterior; además de que es omiso en señalar la situación en que deba quedar el personal comisionado al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas al que él se hallaba adscrito.-Resulta infundado el concepto de violación hecho valer por lo siguiente: Al respecto el artículo 14 constitucional señala: ‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna ...’.-La irretroactividad de la ley es el principio de derecho según el cual las consecuencias contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas. Este principio tiende a satisfacer la seguridad jurídica, eliminando la arbitrariedad en las relaciones sociales, por tanto se constituye con normas de carácter general.-Al respecto la tesis de jurisprudencia número cuatrocientos sesenta y cuatro, visible a fojas trescientos nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco a la letra dice: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO.-La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio.’.-Una ley es retroactiva cuando restituya o restrinja derechos adquiridos bajo el imperio de una ley anterior, o bien, modifique o suprima derechos y obligaciones derivados de una situación jurídica concreta.-En tratándose de la retroactividad de las leyes de procedimiento únicamente se presenta cuando versa sobre la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho previamente adquirido, pero no se da cuando ese derecho nace del propio procedimiento, pues en este supuesto, no es susceptible que se prive a persona alguna un derecho por la nueva ley, razón por la que la tramitación del juicio debe sujetarse a la nueva ley.-En este aspecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número novecientos noventa y cuatro, Tomo VI, Materia Común, visible en la página seiscientos ochenta y cuatro, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, la cual es del tenor literal siguiente: ‘RETROACTIVIDAD. LAS LEYES PROCESALES NO PUEDEN PRODUCIR LA.-Es sabido que tratándose de procedimientos por estar éstos constituidos por actos sucesivos, es decir, por no ser actos que se desarrollan en un solo momento, se van rigiendo por las disposiciones vigentes en la época en que tiene verificativo, y por esto, las leyes de procedimiento no pueden producir efectos retroactivos.’.-Ahora bien, del texto del acto reclamado el cual obra glosado en copia certificada, a fojas setenta de autos, se advierte que el fiscal especializado para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, aplicó los artículos 11 bis-1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 52 y 54 de la ley orgánica de la indicada procuraduría, el primero de los cuales es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 11 bis-1. Para comprobar que el fiscal y los demás servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud dan debido cumplimiento a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad señalados en los artículos 21, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán aprobar, entre otros requisitos, las evaluaciones periódicas siguientes: I. Médica y aptitudes físicas; II. Toxicológica; III. Psicológica; IV. Del entorno social y situación patrimonial; V. Poligráfica, y VI. Las demás que establezca el procurador.-Los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y los peritos adscritos a la fiscalía, además de los anteriores requisitos, deberán cumplir con los previstos en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, según corresponda.’.-El artículo 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría establece las personas a quienes se aplicarán las sanciones por responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones y el artículo 54 de la citada ley establece el procedimiento a seguir para la determinación de las responsabilidades en comento.-Asimismo, como indica el fiscal especializado para la Atención de Delitos contra la Salud al rendir su informe justificado, el quejoso ingresó a la Procuraduría General de la República en el mes de agosto de mil novecientos noventa y tres y conforme a la fracción XIV del artículo 23 del Reglamento de la Carrera de Policía Judicial Federal, ya se hallaba obligado a someterse a diversos exámenes de control de su capacidad y estado físico y mental. El artículo indicado a la letra dice: ‘Artículo 23. Los agentes de la Policía Judicial Federal, además de las obligaciones que les imponen otros ordenamientos, en su carácter de servidores públicos deberán ajustarse a lo siguiente: ... XIV. Someterse a los exámenes que se ordenen, incluyendo los que se practiquen para la detención de la farmacodependencia y participarán en los cursos de adiestramiento y capacitación que señale la corporación.’.-Cabe destacar que la suscrita no considera que se esté aplicando retroactivamente la ley, ya que los agentes de la Policía Judicial Federal no gozan de estabilidad en el empleo y por tanto no existe privación de algún derecho previamente adquirido pues las evaluaciones periódicas que se practican a dichos agentes, derivan de lo que dispone el artículo 21 constitucional en el sentido de que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, extremos que para tenerse por acreditados hacen necesaria la práctica de exámenes periódicos y en el caso de que éstos no sean aprobados, obliga a la dependencia a tomar ciertas medidas tendientes a velar por la protección del interés social y del orden público, ya que se trata de una función pública en la que la sociedad resulta directamente afectada o beneficiada según el caso.-Ahora bien, atento a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que se señalan nuevos requisitos a los diversos previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no demuestra la afectación que dice las reformas le producen, ya que la obligación de someterse a los exámenes en comento existía previamente. Luego entonces, si el quejoso no aprobó los estudios que se le practicaron, la secretaria instructora del Comité de Zona Dos del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, inició procedimiento de presunta responsabilidad administrativa en contra del hoy quejoso, como consta en el acuerdo de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, visible a fojas ciento uno de autos y con fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Salud de la mencionada procuraduría, suspendió al quejoso en sueldo y funciones a partir del veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, lo cual no implica que se actualice el supuesto del artículo 11 bis-3 del reglamento en comento, del cual la parte quejosa pretende alegar una aplicación retroactiva, pues lo que en la especie aconteció, fue una suspensión con el fin de coadyuvar con el procedimiento de responsabilidad administrativa tramitado en su contra y no se trata de la destitución de carácter definitivo a que se refiere el indicado artículo 11 bis-3. Por último el que el decreto impugnado no señale su nueva adscripción, no lo hace inconstitucional, ya que esto dependerá del resultado de las evaluaciones en comento. En consecuencia, en este aspecto procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado.-SEXTO.-En su tercer concepto de violación la parte quejosa manifiesta que el fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, es incompetente para la emisión del acuerdo reclamado.-Resulta infundado el concepto de violación en estudio por las siguientes razones: El artículo 16 constitucional obliga a todas las autoridades a fundar todos sus actos especificando la competencia con la cual actúan, con el fin de que los particulares estén en posibilidad de conocer su campo de actuación y para evitar que éstos sean arbitrarios, pues tratándose de competencia ésta debe ser expresa, ya que la autoridad sólo puede obrar válidamente si actúa conforme a las facultades explícitas que tenga determinadas en la ley, en consecuencia, es obligación de la propia responsable citar los preceptos en forma específica, ya que de lo contrario se deja al quejoso en estado de indefensión pues se estarían considerando discrecionalmente las disposiciones legales que le dan competencia a la autoridad.-En la especie, del texto del acuerdo reclamado, el cual en copia certificada obra glosado a fojas setenta de los autos y como se indicó en el considerando anterior, el fiscal especializado para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, fundó su competencia en los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 11 bis-1 del reglamento de la indicada ley, de los cuales se copia lo siguiente: ‘Artículo 52. Las sanciones por incurrir en causas de responsabilidad o incumplir las obligaciones a que se refieren los artículos 50 y 51 de esta ley, serán aplicadas conforme a los siguientes elementos: I. El procurador general de la República, los subprocuradores, el visitador general, los delegados, los directores generales o los titulares de las unidades administrativas equivalentes podrán sancionar con amonestación pública o privada, que se integrará al expediente o a la hoja de servicio, o con suspensión hasta por quince días, cuando a su juicio, la falta cometida no amerite la remoción.’ y ‘Artículo 54. La determinación de las responsabilidades a que se refiere esta sección, se hará conforme al siguiente procedimiento: ... VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, los funcionarios a que se refiere la fracción I del artículo 52, podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve el Consejo de Profesionalización o el Comité de Zona respectivo, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma, contra la cual podrá interponerse el recurso a que se refiere el artículo 55 de esta ley.’.-Por tanto, en la especie y en los términos de los artículos transcritos la suscrita considera que el fiscal especializado para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, es autoridad competente para emitir el acuerdo de once de febrero de mil novecientos noventa y ocho y toda vez que dicha competencia la fundó en el propio acto reclamado, haciéndola del conocimiento del ahora quejoso, procede en este aspecto negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado.-Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis número 10/94, visible a fojas ochenta y cinco, del Tomo I, Octava Época, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto es: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que le dan eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5571-d1f1e7c0/revision-en-amparo-si-en-los-agravios-solo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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