CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.
AMPARO EN REVISIÓN 3277/98. FEDERICO CÁRDENAS PÉREZ Y OTROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 1/1997, punto tercero, fracción I, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se alegó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, sin que proceda realizar el estudio de dicha cuestión por tener que sobreseer en el juicio.
SEGUNDO. Los recurrentes expresaron los siguientes agravios:
"Toda autoridad, y con mayor razón los Jueces de Distrito, al conocer del juicio de amparo y desempeñar ahí la sublime función de control de la constitucionalidad que les está encomendada, deben sujetar sus actos al principio de legalidad que se expresa diciendo que sólo pueden válidamente hacer lo que expresa, literal y limitativamente los faculta el contenido normativo (motivación) de una ley formal y materialmente válida (fundamentación); principio consagrado como garantía individual de los gobernados en los artículos 14 y 16 constitucionales; la resolución recurrida carece de debida fundamentación y motivación porque los motivos y fundamentos en que se apoya el C. Juez Tercero de Distrito en la sentencia recurrida, no resultan aplicables al caso concreto y no se cumple con el deber que toda autoridad tiene de fundar y motivar la sentencia de sobreseimiento de la demanda, mencionando cualquier motivo o cualquier fundamento que no sea aplicable al caso concreto, sólo cumpliría, dando fundamentos y motivos exactamente aplicables al caso concreto, y los que da en el presente, los que expresa para sobreseer nuestra demanda no lo son, según los siguientes razonamientos: A) Expresa como principal motivo el de considerar erróneamente el juzgador que con el fallo que pronunció y aquí se combate, no se desacata la ejecutoria de fecha catorce de mayo pasado, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer del recurso de revisión bajo el toca de improcedencia 105/98, recurso interpuesto por los promoventes del amparo en contra del revocado proveído de fecha dieciséis de marzo del año en curso, en que se desechó por el mismo Juez la demanda de garantías con los mismos fundamentos y motivos que hoy se sobresee la misma demanda. Se dice que esa consideración es errónea porque pese a que el Colegiado en su ejecutoria de catorce de mayo último le ordenó al Juez del amparo, en el último párrafo del considerando III, que no rechazara el estudio de nuestra queja con base en los mismos razonamientos que hizo dicho Juez para motivar, para apoyar el auto de fecha dieciséis de marzo pasado; razonamientos estos que atacó la parte quejosa expresando los agravios que se contienen en el escrito de fecha veintiséis de marzo citado donde se contiene el recurso de revisión; mismos agravios que dicho Tribunal Colegiado declaró sustancialmente fundados en el mencionado considerando III de su fallo y con base en ello revocó aquel auto, en tanto estimó el citado Tribunal Superior que dichos fundamentos y motivos venidos por el Juez del amparo se habían encontrado, previo su estudio, desacertados. En vano se argumenta falsamente que no se da ese desacato porque el fallo sólo se vinculó, sólo se resolvió en la misma ejecutoria en cita que no se desechara de plano por el Juez de amparo la demanda. Expresa literalmente el Juez dicho motivo en la página 16 de la sentencia recurrida en los siguientes términos: ‘Este juzgado considera que con el fallo que ahora se pronuncia, no se desacata aquella ejecutoria, por cuanto que sólo se vinculó para no desechar de plano la demanda’. Este motivo no existe, es falso lo afirmado por el Juez citado en el párrafo transitorio de la sentencia recurrida, en el sentido de que la ejecutoria dictada para resolver la improcedencia 105/98 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ‘sólo’ se vinculó para no desechar de plano la demanda; la verdad es que el Colegiado en la ejecutoria citada ordenó al Juez de Distrito no resolver sobre el rechazo de la demanda de garantías con los mismos motivos, con los mismos razonamientos expresados y estudiados en dicho recurso, le facultó ciertamente a resolver sobre el rechazo o la admisión de la demanda pero absteniéndose de motivar dicho rechazo en los mismos razonamientos que en la citada interlocutoria se consideraron desacertados; para demostrar lo anterior transcribo lo conducente del último párrafo del citado considerando III de la ejecutoria citada, que a la letra dice: ‘Consecuentemente, lo que procede es revocar el acuerdo recurrido, para el efecto de que el Juez de Distrito emita otro, en el que provea acerca de la admisión o rechazo de la demanda de garantías, pero absteniéndose de hacer esto último con base en los razonamientos que aquí se encontraron desacertados.’. El verbo encontrar se usó en la ejecutoria multicitada en la tercera persona del plural del tiempo pasado del modo indicativo ‘encontraron’ eran muchos los razonamientos encontrados desacertados y ya estaban juzgados, eran por eso la verdad legal y esto es así porque esta clase de resoluciones son firmes, inatacables, invariables, no modificables y son la verdad legal, cosa juzgada desde el momento en que se dictan, y por ello está obligado a acatarla todo el mundo pero inexorablemente, sin excusa ni pretexto, el Juez del amparo por elemental principio de autoridad, orden o jerarquía, y si como se demuestra a continuación, el Juez del amparo desobedece expresamente lo en ella ordenado, demostrado queda que este seudo principal motivo del fallo recurrido no existe legal y válidamente. En efecto, con la sola lectura del último párrafo ya transcrito del considerando III de la ejecutoria recaída en la improcedencia 105/98 referida, se concluye que no es uno ‘solo’ el de ‘no desechar de plano la demanda’ sino que son varios más los razonamientos o motivos analizados y resueltos por el superior que el Juez del amparo no puede utilizar nuevamente en este juicio para con base en los mismos rechazar el estudio de nuestra queja y categóricamente se ordena que no podrá el Juez del amparo rechazar la demanda con base en ellos porque ya son cosa juzgada, ya los juzgó el superior y decidió que son desacertados, y con eso la evidencia de que no fue sólo uno el motivo analizado en la multirreferida ejecutoria, también se concluye que sí se desacata por el Juez del amparo lo ordenado por el Colegiado en su sentencia interlocutoria, también queda claro que el motivo expresado de que ‘sólo se vinculó a no desechar de plano la demanda’ no existe, que ni siquiera se menciona en dicho último párrafo del considerando III, que es donde se resume la forma como debe actuar el Juez del amparo para cumplir lo ordenado en la ejecutoria; lo que en este párrafo se ordena al Juez del amparo es que se abstenga de rechazar en el futuro, por toda la eternidad; ese es el efecto principal de la cosa juzgada y del principio de non bis in idem que nuestra Constitución recoge con la garantía individual de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito que implica la seguridad jurídica y la economía procesal, se reitera, debía el Juez de abstenerse de rechazar la demanda con base en los mismos razonamientos que dados por el Juez de Distrito en el auto que se sujetó a revisión, para apoyar el primer desechamiento: se prohíbe emitir una segunda resolución de este tipo rechazatorio, o sea, utilizar como motivo en un segundo desechamiento como es el sobreseimiento materia de este recurso, los mismos razonamientos expresados por el Juez del amparo como motivos en el auto recurrido de fecha 16 de marzo de 1998; mismos motivos que atacados por los quejosos en la revisión que se tramitó y se resolvió bajo inconformidad 105/98 por el Colegiado en cita, y éste en su sentencia estudió, y juzgando los encontró desacertados, y por esa razón de ser desacertados resolvió ordenar al Juez del amparo y a nadie más, sólo al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa que no emitiera un futuro desechamiento con base en los mismos razonamientos que haya en esa multicitada ejecutoria, que se encontraron desacertados; con la ejecutoria, que es sin ninguna duda cosa juzgada, fue con la que se puso fin, porque de lo contrario sería el cuento de nunca acabar, con lo que quedarían en la nada los principios procesales de preclusión procesal y de cosa juzgada; se puso fin decimos, a las pretensiones encontradas, una, la del Juez del amparo consistente en sostener en su auto de fecha 16 de marzo de 1998 que esos motivos o razones eran válidos para apoyar ese primer desechamiento; y la otra, de la parte quejosa, de que no eran válidos esos motivos o razones según los argumentos vertidos en el recurso que se transcriben en la ejecutoria y resuelven como desacertados en la sentencia que dictó poniendo fin definitivo e inapelable al recurso de incompetencia 105/98; se resuelve esta cuestión o litis por el superior expresando en el considerando III de su sentencia a favor del recurrente calificando todos sus agravios, y no uno de los varios que hizo valer en el recurso de ‘sustancialmente fundados’ y decidió aquí mismo que son improcedentes no sólo uno, sino todos los motivos expresados por el Juez del amparo para apoyar la validez de su auto recurrido expresados en dicho auto recurrido declarando que esos razonamientos o motivos en la sentencia interlocutora multicitada, se encontraron desacertados, por ser preponderante para justificar lo aquí dicho y la procedencia de este agravio, transcribimos a continuación el considerando III citado, que a la letra dice: ‘III. Son sustancialmente fundados los agravios, primeramente es oportuno transcribir en la parte que interesa, los decretos del Congreso del Estado de Jalisco, que inciden en el desechamiento de la demanda que aquí se revisa. Decreto 16541, de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», el veintiocho de abril siguiente, que reformó y adicionó diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco: «... Cuarto. Los actuales Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de lo Contencioso Electoral, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del decreto que contenga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y recibirán una pensión igual a la que por derecho les corresponde. Independientemente de las reformas y adiciones propuestas en el presente decreto, los Magistrados citados en el párrafo anterior podrán ser reelectos para ocupar el cargo de Magistrados en la integración de los nuevos tribunales; en caso de que lo fueren, se suspenderá el derecho a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio. Para el nombramiento y aprobación de los primeros Magistrados que integrarán el Tribunal de lo Administrativo conforme a las reformas previstas en el presente decreto, se estará a lo dispuesto en el decreto que contenga la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se deberá establecer, por única ocasión, que el gobernador del Estado, previa convocatoria que se haga a los colegios de abogados, a las facultades de derecho y a la sociedad en general, proponga ante el Congreso la lista de los candidatos a ocupar dichos cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, emita su resolución dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales. ... Noveno. En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia del Tribunal de lo Administrativo, seguirán siendo ejercidas por los órganos que hasta este momento las desempeñan, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes. Décimo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo continuará en sus funciones en tanto no se integre el Tribunal de lo Administrativo. Los asuntos que en ese momento se encuentren pendientes de resolución pasarán a conocimiento de este último, el cual deberá dictar las resoluciones que correspondan, ajustándose a la legislación vigente a la fecha en que esos procedimientos iniciaron. ... Décimo quinto. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial <El Estado de Jalisco>». Decreto 16594, de trece de julio de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», el primero de julio siguiente, que aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco: «Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial <El Estado de Jalisco>». Segundo. Se abrogan las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Quinto. Para la nominación y aprobación de los Magistrados que integran el Tribunal de lo Administrativo por única ocasión, el gobernador del Estado, previa convocatoria que al efecto realice a los colegios de abogados, las escuelas y facultades de derecho y a la sociedad en general, propondrá ante el Congreso, la lista de los candidatos a ocupar dichos cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales». Decreto 17178, de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», el diez de marzo siguiente, que integró al Tribunal de lo Administrativo del Estado: «Artículo primero. Los Magistrados que integrarán el Tribunal de lo Administrativo del Estado son los licenciados: 1. Manuel Hermosillo Allende. 2. Eleuterio Valencia Carranza. 3. José Gabriel Peñaloza Plascencia. 4. Félix Andrés Aceves Bravo. 5. Luis Antonio Rocha Santos. Carlos Alfredo Sepúlveda Valle. Artículo segundo. Se faculta a la Secretaría de Finanzas del Estado a proveer los fondos necesarios a efecto de proveer a la creación del Tribunal de lo Administrativo y de las dos Salas que lo componen, en tanto se realizan las modificaciones presupuestales pertinentes. Artículo tercero. Los asuntos que en ese momento se encuentren pendientes de resolución por parte de los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, deben pasar a conocimiento del Tribunal de lo Administrativo, el cual deberá dictar las resoluciones que correspondan, ajustándose, en lo conducente a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, en tanto se expide la ley que deba regir sobre el procedimiento jurisdiccional administrativo. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial <El Estado de Jalisco>.». Según se aprecia de la demanda de garantías, los quejosos Federico Cárdenas Pérez, Eduardo Javier Esquivel Gómez y Ernesto Ávalos Rolón, promovieron juicio de amparo, por su propio derecho, en contra de los aludidos decretos 16541 y 17178, el primero de los cuales modificó la Constitución Política del Estado de Jalisco, y el segundo, que integró el Tribunal de lo Administrativo de esta propia entidad federativa, por considerar que en su carácter de Magistrados del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, afectan su esfera jurídica. El Juez de Distrito desechó de plano la citada demanda de garantías, al estimar su interposición extemporánea, porque, según adujo, el primero de los decretos impugnados (16541) tenía el carácter de ley autoaplicativa para los quejosos, por lo que la primera oportunidad para impugnarlo, se actualizó dentro de los treinta días siguientes a su publicación; y la segunda, dentro de los quince días posteriores al primer acto de aplicación en su contra, que en el caso consistió en el diverso Decreto 16594 del Congreso del Estado de Jalisco, que aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, publicado el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, ya que su artículo quinto transitorio materializó los efectos del decreto que reformó la Constitución, al establecer: «Para la nominación y aprobación de los Magistrados que integran el Tribunal de lo Administrativo por única ocasión, el gobernador del Estado, previa convocatoria que al efecto realice a los colegios de abogados, las escuelas y facultades de derecho y a la sociedad en general, propondrá ante el Congreso, la lista de los candidatos a ocupar dichos cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales.» Para arribar a la anterior conclusión, el Juez Federal también razonó que el concepto «podrán ser reelectos», expresado en el primero de los decretos impugnados, no debía entenderse en el sentido de certeza de continuación en las funciones de Magistrado que venían desempeñando los quejosos, sino sólo en una posibilidad de hacerlo después de reunir los requisitos que se establecieran en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. También señaló el indicado a quo, que no era obstáculo para considerar presentado extemporáneamente el libelo constitucional, la circunstancia de que los peticionarios del amparo hubiesen señalado como primer acto de aplicación del Decreto 16541 que reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco, la iniciativa de reformas al nombre y a diversos artículos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, para suprimir el calificativo de «Contencioso», y quedar con la denominación «Ley del procedimiento ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco», puesto que esa iniciativa no contenía ningún precepto en el que se aplicara el mencionado decreto que se tildaba de inconstitucional. De igual forma, desechó la demanda por cuanto al diverso Decreto 17178, al considerar que no era sino consecuencia directa del procedimiento establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para la nominación y aprobación de los Magistrados que integran el Tribunal de lo Administrativo, por única ocasión, que debió combatirse como primer acto de aplicación del decreto que reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco. Ahora bien, hasta suponiendo que el Decreto 16541, publicado en el Diario Oficial «El Estado de Jalisco», de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que reformó la Constitución Política del Estado de Jalisco (cuya transcripción, en las partes que aquí interesa, se hizo al inicio de este considerando tercero), como sostiene el Juez de Distrito, tuviera para los quejosos el carácter de ley autoaplicativa, entendiéndose por ésta, aquella que desde su entrada en vigor afecta directa e inmediatamente los intereses del particular, tal como lo ha sostenido, reiteradamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que al contener una condición futura para surtir efectos plenamente en su perjuicio, como en la de que se aprobara la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mueve a duda, acerca de que, por sí sola, afecte la esfera de derechos de los aludidos peticionarios del amparo, en su carácter de Magistrados del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, de cualquier manera no podría concluirse válidamente que la entrada en vigor de la aprobación de la susodicha Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, evento que aconteció el dos de julio de mil novecientos noventa y siete, día siguiente al de su publicación en el referido periódico oficial, consista en el primer acto concreto de aplicación del diverso Decreto 16541, pues, por acto concreto de aplicación de una ley, debe entenderse aquel que se lleva a cabo material y directamente en contra de los particulares y, en la especie, no debe escapar el hecho de que los promoventes del amparo argumentaron que hasta la fecha de presentación de su demanda, se encontraban en el ejercicio de sus funciones como Magistrados del aludido Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así como que en el cuaderno de amparo, hasta el momento, no existe prueba de que se haya llevado a cabo acto concreto de aplicación en su contra, del susodicho Decreto 16541, ni, por extensión, del diverso 16594. De ahí que carezca de sustento el desechamiento de la demanda de garantías, por lo que hace al Decreto 16541, apoyado en su presentación extemporánea; y, en cuanto al diverso Decreto 17178, por no considerarlo como primer acto de aplicación de aquel otro Decreto 16541, sino como consecuencia directa del procedimiento establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues no debe perderse de vista que las causas de improcedencia que dan pie a ese proceder (al desechamiento), deben ser manifiestas e indudables, según prevención expresa del artículo 145 de la Ley de Amparo. Acerca de lo que debe entenderse por los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el aludido artículo 145 de la ley de la materia, este órgano colegiado comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número 747, que se lee en las páginas quinientos tres y quinientos cuatro del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: «DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo.». No pasa inadvertida a este tribunal, la circunstancia de que los ahora recurrentes, en los agravios, pretendan ampliar su demanda de garantías, respecto del indicado Decreto 16594, que aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mas, sobre ese particular, es claro que no es a través de este recurso de revisión la vía idónea para hacer dicha ampliación, sino que estarán en aptitud de hacerlo ante el propio Juez de Distrito, el cual, estará en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, lo que procede es revocar el acuerdo recurrido, para el efecto de que el Juez de Distrito emita otro en el que provea acerca de la admisión o rechazo de la demanda de garantías, pero absteniéndose de hacer esto último con base en los razonamientos que aquí se encontraron desacertados.’. Partiendo de la base de que por sentencia ejecutoriada le está prohibido al Juez del amparo desechar nuevamente nuestra demanda con los mismos motivos que ya fueron estudiados y resueltos en revisión interpuesta con motivo del primer desechamiento, prohibición hecha por el superior en este mismo negocio, sólo resta hacer la comparación de los motivos que aquí en esta resolución ahora recurrida dio el mismo juzgador, con los que expresó en el auto de desechamiento anterior que ya tienen categoría de cosa juzgada, para constatar que son los mismos, y concluir con verdad y razón que sí se desacató lo ordenado en la multirreferida ejecutoria y que no existen motivos válidos y aplicables para apoyar este segundo desechamiento contenido en la sentencia hoy recurrida, lo que se hace a continuación: 1. En el párrafo segundo, en las páginas 9 y 10 de la sentencia recurrida, se da como motivo literalmente el siguiente: ‘Establecido lo anterior, es evidente que dicho Decreto 16541, expedido el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, por sus características constituye una ley autoaplicativa, en la medida en que, con motivo de su vigencia, las disposiciones que contiene vincularon a los ahora peticionarios a su cumplimiento, ya que crearon, transformaron e incluso extinguieron situaciones concretas de derecho en su agravio, ciertamente, el artículo cuarto transitorio determinó que los entonces Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del decreto relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en los párrafos siguientes, el mencionado numeral estableció que los Magistrados de referencia podrán ser reelectos para ocupar dicho cargo en la integración del nuevo tribunal, siempre y cuando cumplieran con los requisitos que se establecen en dicha ley orgánica, conforme a las bases que determinó la propia disposición. Así, el concepto ‘podrán ser reelectos’, no debió entenderse en el sentido de certeza de continuación de las funciones, sino en la situación para los interesados, de posibilidad de reunir posteriormente los requisitos que se establecerían en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese orden, debe precisarse que las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, tienen las características de ley autoaplicativa, puesto que se actualizó su individualización en la esfera jurídica de los aquí peticionarios, al irrogarles un perjuicio, pues alteró los términos en que desempeñaban sus funciones con motivo de su nombramiento. Siendo así la oportunidad para su impugnación en juicio de amparo, ocurrió dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.’. 2. Este motivo es igual al expresado en el auto revocado que a la letra dice: ‘Establecido lo anterior, se debe precisar que es evidente que dicho Decreto 16541, expedido el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, por sus características constituye una ley autoaplicativa, en la medida en que, con motivo de su vigencia, las disposiciones que contiene vincularon a los ahora peticionarios a su cumplimiento, ya que crearon, transformaron e incluso extinguieron situaciones concretas de derecho en su agravio, ciertamente, por lo que ve al artículo cuarto transitorio determinó que los actuales Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del decreto relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en los párrafos siguientes, el mencionado numeral estableció que los Magistrados de referencia podrán ser reelectos para ocupar dicho cargo en la integración del nuevo tribunal, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establecen en dicha ley orgánica, conforme a las bases que determinó la propia disposición. Así, el concepto «podrán ser reelectos», no debe entenderse en el sentido de certeza de continuación de las funciones, sino en la situación para los interesados, de posibilidad después de reunir los requisitos que se establecerían en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese orden, debe precisarse que las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, tienen las características de ley autoaplicativa, puesto que se actualizó su individualización en la esfera jurídica de los aquí peticionarios, al irrogarles un perjuicio, pues alteró los términos en que desempeñaban sus funciones con motivo de su nombramiento. Siendo esto así, la oportunidad para su impugnación en juicio de amparo, debió ocurrir dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la ley de la materia.’. 3. En el párrafo segundo de la hoja diez de la sentencia recurrida, se pretende dar como motivo literalmente el siguiente: ‘Ahora bien, es necesario aclarar que, no obstante su característica de ley autoaplicativa, los peticionarios de amparo, tuvieron una segunda oportunidad de impugnarla, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, ciertamente, debe considerarse con tal calidad el Decreto Número 16594 del Congreso del Estado Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que fue publicado el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, y entró en vigor el dos del mismo mes y año, en tanto su artículo quinto transitorio materializó los efectos del decreto que reformó la Constitución, pues establece: «Quinto. Para la nominación y aprobación de los Magistrados que integran el Tribunal de lo Administrativo por única ocasión, el gobernador del Estado, previa convocatoria que al efecto realice a los colegios de abogados, las escuelas y facultades de derecho y a la sociedad en general, propondrá ante el Congreso, la lista de los candidatos a ocupar dichos cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución dentro del improrrogable plazo de treinta días.». De ahí que las nuevas bases para acceder al cargo de Magistrado de dicho tribunal, son independientes del nombramiento que se otor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19737-83764ffb/consentimiento-expreso-como-causal-de-improcedencia-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA. (AMPARO EN REVISIÓN)
- EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTE (AMPARO EN REVISIÓN)
- RECURSO DE REPOSICIÓN IMPROCEDENTE, NO INTERRUMPE EL TÉRMINO DEL AMPARO AUNQUE SE HAYA SUSTANCIADO Y RESUELTO EL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- REVISIÓN EN AMPARO. SI EN LOS AGRAVIOS SÓLO SE ALEGAN CUESTIONES QUE COMBATEN LA DESESTIMACIÓN DE UNA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Y NO SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis