EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 277/96. EDMUNDO BRICEÑO VALENZUELA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos y autoridades relacionados en el considerando segundo de la sentencia que se revisa, toda vez que la parte a quien perjudica no formula agravio en su contra.
QUINTO. Por tratarse de una cuestión que atañe a la procedencia del juicio de amparo, en primer lugar se estudian los agravios formulados por el Gobernador Constitucional del Estado de Sonora.
Dicho recurrente esencialmente aduce que es incorrecta la desestimación de la causal de improcedencia que se hizo valer con fundamento en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la declaratoria que establece como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la superficie de terreno donde se encuentra ubicado el sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito y las áreas aledañas necesarias para reservar los ecosistemas propios de la región, porque al regular cuestiones de interés social, tales como la conservación de la calidad del agua del aludido sistema de presas en beneficio de la población respectiva, dicha declaratoria no puede tener las características de una resolución administrativa como lo consideró el a quo, sino que reviste los atributos jurídicos de un reglamento que contiene disposiciones abstractas de observancia general no referidas a personas individualmente determinadas, sino a la colectividad y a todo aquel que se ubique en sus supuestos normativos. Por lo anterior, como la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora fue publicada el tres de enero de mil novecientos noventa y uno en el Boletín Oficial del Gobierno de dicho Estado, entrando en vigor noventa días después, y la multicitada declaratoria se publicó por segunda ocasión en el citado boletín el diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, resulta evidente que la promoción del juicio fue extemporánea, al haberse presentado la demanda hasta el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, con posterioridad al término de quince días previsto en el artículo 21 de la ley de la materia.
En la resolución recurrida, el Juez de Distrito determinó que la ley reclamada no tenía un carácter autoaplicativo, sino que se necesitaba un acto posterior de autoridad para generar obligatoriedad respecto de las áreas naturales protegidas, que en el caso lo constituye la declaratoria impugnada, que se emitió de conformidad con el artículo 59 de la norma legal impugnada, estableciendo que el cómputo para presentar la demanda de amparo no podía iniciarse a partir de la segunda fecha de publicación, por no tratarse de un decreto de observancia general, sino referido en exclusiva a los propietarios o poseedores de predios comprendidos dentro del radio de afectación, debiendo computarse dicho plazo a partir de la notificación a éstos, y como no obra en autos constancia alguna que demuestre que se hizo de su conocimiento dicha declaratoria, estimó que procedía tener como fecha de notificación a la parte quejosa el veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, en que afirmó haber conocido de ella, por lo que como de esa fecha al seis de febrero siguiente no transcurrió el plazo previsto para la promoción del juicio, debía estimarse inoperante la causal de improcedencia propuesta.
Con el propósito de examinar las argumentaciones de la recurrente, en primer lugar, es importante tener presentes las características jurídicas que conforman un reglamento, para así determinar si la declaratoria reclamada puede o no considerarse como una norma de esa naturaleza, para lo cual conviene atender a la tesis jurisprudencial consultable en la página 268 de la compilación de 1917 a 1995, que textualmente dice:
"REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA. El artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, confiere al presidente de la República tres facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar dichas leyes; y c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. Es esta última facultad la que determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que aparece común en los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, sepáranse por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos."
El criterio transcrito pone en evidencia que para que un acto jurídico proveniente del titular del Poder Ejecutivo pueda considerarse como un reglamento, es necesario que desarrolle las disposiciones legales en que se sustenta de un modo general y abstracto, con objeto de estar en aptitud de determinar los medios para aplicar la ley a los casos concretos.
Asimismo, debe atenderse a las disposiciones del título tercero, capítulo II, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, que regulan lo relativo a las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas, que son del tenor siguiente:
"Capítulo II. De las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales protegidas.
"Artículo 59. Las áreas naturales protegidas, se establecerán mediante declaratoria que expida el gobernador del Estado, conforme a esta ley y a las demás disposiciones aplicables."
"Artículo 60. Los Ayuntamientos realizarán los estudios previos que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas, cuando éstas se circunscriban a un centro de población y propondrán al gobernador del Estado, la expedición de la declaratoria correspondiente.
"Cuando las áreas naturales protegidas estén fuera de los centros de población o abarquen dos o más centros de población o Municipios, los estudios previos a que se refiere el párrafo anterior, los realizará la secretaría y ésta propondrá al gobernador del Estado, la expedición de la declaratoria correspondiente."
"Artículo 61. La declaratoria para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas, contendrán los siguientes elementos:
"I. La delimitación precisa de áreas, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente, la cual, tratándose de centros de población, deberá ser congruente con la zonificación contenida en los programas municipales de desarrollo urbano;
"II. Las modalidades a que se sujetarán dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquéllos sujetos a protección;
"III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;
"IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos para que el Estado adquiera su dominio, cuando al establecerse una área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las prevenciones contenidas en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública; y
"V. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área."
"Artículo 62. Las declaratorias deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se notificarán a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conozcan sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación.
"Las declaratorias se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial que corresponda."
"Artículo 63. Una vez establecida una área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión y, en su caso, los usos del suelo permitidos, por determinación del gobernador del Estado, siguiéndose el mismo procedimiento que para su establecimiento señala esta ley."
"Artículo 64. Cuando los Ayuntamientos y la secretaría propongan al gobernador del Estado el establecimiento de una área natural protegida, elaborarán el programa de manejo del área de que se trate, en el plazo que señale la declaratoria correspondiente."
"Artículo 65. El programa de manejo a que se refiere el artículo anterior deberá contener, por lo menos lo siguiente:
"I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida cuyo establecimiento o creación se propone;
"II. Los objetivos específicos del área natural protegida; y
"III. Las normas técnicas ecológicas aplicables, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como aquéllas destinadas a la conservación del suelo y del agua y a la prevención de su contaminación, según corresponda."
"Artículo 66. En las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido efectuar acciones que contravengan lo dispuesto por la declaratoria."
"Artículo 67. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o a cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán contener referencias de la declaratoria correspondiente, y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
"Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos, en los que intervengan cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo."
"Artículo 68. El Estado y los Ayuntamientos, podrán celebrar acuerdos de coordinación, para efecto de determinar la participación que les corresponda en la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas que se establezcan; asimismo, para los mismos efectos, podrán celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado."
"Artículo 69. Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior contendrán, entre otras, las siguientes previsiones:
"I. La forma en que el Estado y el Ayuntamiento participarán en la administración de las áreas;
"II. El origen y destino de los recursos financieros para la administración de las áreas;
"III. Los tipos y formas como se han de llevar a cabo la investigación y la experimentación en las áreas; y
"IV. Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los grupos sociales, científicos y académicos, según corresponda."
"Artículo 70. Las áreas naturales protegidas, constituyen en su conjunto el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas."
"Artículo 71. La secretaría llevará a cabo el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en los registros públicos de la propiedad correspondientes."
En el caso a estudio, la declaratoria reclamada se publicó, por segunda ocasión, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y en la parte que interesa a este estudio, textualmente dispone (fojas 271 a 275):
"Artículo primero. Se establece como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la superficie de 28,185-21-83.6 hectáreas, dentro de la cual se encuentra asentado el sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito."
"Artículo segundo. Con el objeto de facilitar el manejo y operatividad del área natural protegida que se fija mediante el presente acto gubernamental, ésta se divide en dos zonas núcleo y una de amortiguamiento, de la siguiente manera: ..."
"Artículo cuarto. Las modalidades a que se sujetarán, por virtud de la presente declaratoria, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en la zona objeto del presente instrumento, así como el desarrollo de cualquier actividad dentro de los límites geográficos de la misma, son las siguientes:
"A) En las zonas núcleo:
"I. Se prohíbe la realización de obras o actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico en los ecosistemas existentes en la zona o rebasar los límites y condiciones señalados en las normas técnicas ecológicas aplicables. El programa de manejo a que se refiere el artículo quinto de la presente declaratoria contemplará las obras o actividades cuya realización esté permitida dentro de la zona y que, en todo caso, se limitarán a aquellas que sean compatibles con los propósitos de la presente declaratoria.
"Toda obra o actividad dentro de la zona requerirá, para su realización, de la autorización previa de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, sustentada en la manifestación de impacto ambiental presentada por el interesado, en cuya evaluación se considerará:
"a) Lo que establezcan las disposiciones que regulan el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, y
"b) Las normas generales de manejo para áreas naturales protegidas de jurisdicción local.
"II. Se prohíbe arrojar o depositar en la zona desechos sólidos o líquidos, orgánicos o inorgánicos, o cualesquiera otras sustancias que dañen o alteren los ecosistemas existentes en la zona;
"III. Se prohíbe la realización de actividades pecuarias o industriales, y
"IV. La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, concertará con las comunidades de la región, propietarios privados o arrendatarios, el respeto a estas normas y la cooperación mutua.
"B) En la zona de amortiguamiento:
"I. La ejecución de cualquier obra o actividad, pública o privada, que pretenda desarrollarse dentro de la zona, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, para lo cual el interesado deberá presentar la manifestación de impacto ambiental correspondiente."
"TRANSITORIOS
"Primero. La presente declaratoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora."
"Segundo. El instrumento en el que se consigna este pronunciamiento deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito Judicial."
"Tercero. Requiérase a quienes, bajo el título que fuere estén ocupando o posean por cualquier modalidad, los bienes inmuebles que son objeto de esta declaratoria, para que procedan a su inmediata desocupación; formulándoles los apercibimientos de ley."
"Cuarto. Notifíquese el presente mandamiento a los propietarios y poseedores de los predios comprendidos dentro de los límites del inmueble materia de esta declaratoria, en los términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora."
De los párrafos transcritos se advierte, contrariamente a lo argumentado por la autoridad responsable, que resulta correcta la consideración del Juez de Distrito consistente en que la citada declaratoria reviste las características de una resolución administrativa y no de un reglamento, puesto que no se encuentra dirigida a desarrollar las disposiciones legales relativas al establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia, mediante las declaraciones correspondientes, de áreas naturales protegidas, al no ser la determinación de los medios jurídicos para la aplicación de tales normas, sino la aplicación en sí misma de ellas, toda vez que como la afectación consistente en la privación de la posesión mediante la desocupación correspondiente se encuentra específicamente circunscrita a los propietarios o poseedores de predios que en ella se detallan, es claro que no puede considerársele una norma con carácter general y abstracto, sino un acto concreto e individualizado.
La anterior conclusión se robustece con lo establecido en el punto transitorio cuarto de la declaratoria reclamada, en el cual se ordena la notificación personal a los propietarios o poseedores de predios afectados, hecho que no ocurre en las normas con carácter general y abstracto, puesto que no es posible individualizarlas para el conocimiento personal de todos los gobernados, razones que llevan a desestimar el agravio hecho valer por la autoridad recurrente y, por ende, también la causal de improcedencia que hizo valer en el juicio de garantías, sin necesidad de entrar al examen sobre la consideración del Juez de Distrito, en el sentido de tener como fecha de conocimiento de la declaratoria reclamada la que señaló la parte quejosa en su demanda, ante la falta de constancias que demostraran la notificación relativa, por no controvertirse tal razonamiento en los agravios formulados.
En las apuntadas condiciones, al resultar ineficaces los agravios propuestos por la autoridad recurrente, procede examinar los argumentos que la parte quejosa sostiene en su recurso.
SEXTO. En el primer agravio, la demandante controvierte la consideración del Juez del conocimiento respecto de la negativa del amparo, por lo que hace a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, consistente en que dicha norma no viola la garantía de audiencia, toda vez que prevé en sus artículos 157 a 162, el recurso de inconformidad para impugnar las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la ley.
La recurrente sostiene que la garantía de audiencia no se satisface con la previsión de un recurso que pueda utilizarse como un acto posterior a la aplicación de la ley, sino con el establecimiento de un procedimiento mediante el cual, previamente a la emisión de declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales protegidas, se notifique a los propietarios o poseedores de los terrenos afectables, para que estén en aptitud de alegar o hacer valer lo que a su interés convenga.
Con el propósito de examinar este argumento, debe tenerse presente que la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución, significa, en lo conducente, que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto de privación, deben otorgar al posible afectado la oportunidad plena de alegar y probar lo que a su derecho convenga.
En el presente caso, es evidente que la declaratoria que constituye la aplicación de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora reviste las características de un acto de privación en perjuicio de los propietarios y poseedores de los inmuebles comprendidos dentro de su radio de afectación, toda vez que les ordena su inmediata desocupación, privándoles jurídicamente con ello, desde el momento de su emisión, de sus derechos posesorios.
Ahora bien, el Juez de Distrito negó el amparo contra el ordenamiento impugnado por considerar que se satisface la garantía de audiencia con la previsión de un recurso administrativo para impugnar las resoluciones de afectación de inmuebles para constituir áreas naturales protegidas, que en el caso lo constituye el recurso de inconformidad previsto en el artículo 157 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, que dice:
"Artículo 157. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridas por los interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación."
En estas condiciones, como la declaratoria reclamada constituye el acto privativo de derechos de posesión, en acatamiento a la garantía de audiencia, la ley correspondiente debe prever la posibilidad de que los eventuales afectados por dicha declaratoria, tengan la oportunidad, previamente a su emisión, de alegar y ofrecer pruebas ante la autoridad, circunstancia que, contrariamente a lo considerado por el a quo, no se satisface con la previsión de un recurso administrativo para impugnar el acto de privación, puesto que dicho medio de defensa es posterior y no previo a la emisión de aquél. La regla general en materia de garantía de audiencia es que la misma debe ser previa al acto de privación y sólo cuando el texto constitucional lo establece, expresa o tácitamente, puede admitirse la excepción de que la audiencia pueda ser posterior al acto de privación, a través de los recursos que se puedan hacer valer.
Por las razones expuestas, y dado que los preceptos legales que regulan las declaratorias para establecer áreas naturales protegidas en el Estado de Sonora, mismos que fueron transcritos en el considerando precedente, no prevén la posibilidad de que, previamente a su emisión, los afectados sean oídos en defensa, estando en aptitud de aportar las pruebas que estimen conducentes, resulta fundado el agravio hecho valer por la parte quejosa, compartiendo este alto tribunal, en la parte conducente al examen de la garantía de audiencia, el criterio de la tesis invocada en su demanda de amparo, que dice:
"PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE.- La garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Constitución Federal, no sólo es obligatoria para las autoridades judiciales y administrativas, sino que rige también frente al Poder Legislativo, de suerte que éste queda obligado a decretar leyes en las que se respete la garantía de audiencia a favor de los particulares que puedan ser afectados con las resoluciones de las autoridades; por consecuencia, las disposiciones de los artículos 367 a 379 y 413 a 416 de la Ley de Hacienda vigente en el Distrito Federal, por cuanto no otorgan ese derecho de previa audiencia, en relación con las obras de planificación y zonificación, pugnan con dicho artículo 14; sin que pueda admitirse que lo otorga el artículo 416 citado, porque el recurso al que se contrae no es previo y, por lo demás, es limitado a errores de distancia o cálculo aritmético. Por otra parte, la Ley de Zonificación invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, y, por tanto, infringe los artículos 49, 50 y 73 de la Constitución."
En consecuencia, al resultar fundado el agravio a estudio, a igual conclusión debe arribarse respecto del concepto de violación hecho valer en la demanda, por lo que se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, respecto de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora y sus actos de aplicación, consistentes en la declaratoria que establece como área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la superficie de terreno donde se encuentra ubicado el sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito publicada el diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en el Boletín Oficial del Gobierno de dicho Estado, y su ejecución.
SÉPTIMO.- En su segundo agravio, la quejosa alega que el Juez de Distrito indebidamente sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados del secretario de Salud Pública, director general de Regulación Sanitaria de dicha secretaría y jefe de la Unidad de Control Sanitario de esta dirección general, todos en el Estado de Sonora, consistentes en la orden de verificación sanitaria a practicarse en el inmueble que defiende, para aplicar la medida de seguridad consistente en desalojo del predio y su ejecución, actos regulados por la Ley de Salud para el Estado de Sonora y la Ley General de Salud.
El estudio de este agravio y, en su caso, del séptimo concepto de violación, no corresponden al ámbito de competencia de esta Suprema Corte de Justicia, puesto que se trata del conocimiento de aspectos que se relacionan con el sobreseimiento de actos impugnados en su legalidad por vicios propios, y que no se encuentran vinculados jurídicamente con la ley respecto de la cual se concedió la protección constitucional, debiendo ser analizados por un Tribunal Colegiado de Circuito, conforme a los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, estas cuestiones deben reservarse al conocimiento del Tribunal Colegiado en turno, del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, como lo ordena el artículo 92 de la Ley de Amparo.
Por todo lo dicho en éste y en los anteriores considerandos, debe modificarse la sentencia recurrida en la materia competencia de esta Suprema Corte, declarar firme el sobreseimiento decretado con base en el considerando segundo del fallo recurrido, conceder el amparo respecto de la expedición, promulgación, refrendo y aplicación de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora; y, finalmente, reservar al Tribunal Colegiado, en turno, del Quinto Circuito, en el Estado de Sonora, las cuestiones de legalidad que son de su competencia.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 91 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Queda firme el sobreseimiento decretado por los actos y autoridades que se precisan en el considerando segundo de la resolución que se revisa.
TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Edmundo Briceño Valenzuela, Martha Valenzuela González de Briceño, Martha, Edmundo, Juan Pablo y Jesús Alberto, de apellidos Briceño Valenzuela, María Esther Torres de Briceño, Adriana, Ana Patricia, Jesús Javier y Jesús Alberto, de apellidos Briceño Torres y Aurelia Valenzuela Madrid viuda de Briceño, contra los actos que reclaman del Congreso, Gobernador Constitucional, secretario de Gobierno y secretario de Infraestructura Urbana y Ecología del Estado de Sonora, consistentes en la expedición, promulgación y refrendo de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora y sus actos de aplicación, consistentes en la declaratoria que establece como área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, la superficie de terreno donde se encuentra ubicado el sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján-El Molinito publicada el diez de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en el Boletín Oficial del Gobierno de dicho Estado, y su ejecución, respectivamente.
CUARTO.- Por lo que toca al análisis del segundo agravio y, en su caso, del séptimo concepto de violación de la demanda, se deja a salvo la competencia del Tribunal Colegiado en turno, del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y dando aviso de ello al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, remítanse los autos del juicio al Tribunal Colegiado que se mencionó en el punto anterior y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de nueve votos respecto de los resolutivos primero, segundo y cuarto; y por mayoría de ocho votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, se aprobó el resolutivo tercero; el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votó en contra, y por la negativa del amparo a los quejosos, y razonó el sentido de su voto. No estuvieron presentes los Ministros presidente José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón, porque asistieron a un acto oficial. Dada la ausencia del Ministro ponente, el Ministro Genaro David Góngora Pimentel hizo suyo el proyecto.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4475-a0808cd1/equilibrio-ecologico-y-proteccion-al-ambiente-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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