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JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO. EL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO III, DENOMINADO "DEL JUICIO HIPOTECARIO", DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE SINALOA, O VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2726/96. · Registro digital (IUS): 17043
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRANCISCO DE LA GARZA MORATO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 568.

AMPARO EN REVISIÓN 2726/96. FRANCISCO DE LA GARZA MORATO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en un juicio de amparo, en el que subsiste en revisión un aspecto de análisis de constitucionalidad del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

SEGUNDO-Los recursos expresan textualmente los siguientes agravios:

"1. En primer lugar, es evidentemente incorrecto y antijurídico que se venga sobreseyendo en el juicio de amparo promovido por los ahora recurrentes por el simple y solo hecho de que hayamos contestado la demanda ad cautelam, protestando no consentir ni la ley ni el primer acto de su aplicación combatida de inconstitucional en el expediente 775/96 del juicio sumario civil hipotecario, radicado ante el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil en Culiacán, Sinaloa y a quien se señaló como autoridad responsable por haber pronunciado el auto de fecha 21 de mayo de 1996, con que admitió la demanda en el juicio sumario civil hipotecario que constituye el primer acto de aplicación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, combatido de inconstitucional; por las consideraciones siguientes:

"a) El referido auto admisorio de la demanda civil hipotecaria, que constituye el primer acto de aplicación de la ley combatida de inconstitucional en el presente juicio de garantías, de por sí, se trata de una resolución irrecurrible por determinación de la misma ley impugnada, ya que el citado código procesal en la parte final de su artículo 463, establece que el auto que admite la demanda hipotecaria no es recurrible, sino que en todo caso, sólo podrá dar origen a la responsabilidad del Juez, que por su diverso artículo 720 se reclama en juicio civil ordinario; por lo que la responsabilidad del Juez en que pudiera incurrir al dictar un auto como ese, en modo alguno no vuelve recurrible el auto mencionado; consecuentemente, siendo dicho auto primario de aplicación de la ley combatida de inconstitucional irrecurrible por disposición expresa de la propia ley, ni siquiera estuvimos los quejosos en la posibilidad jurídica de agotar algún recurso legal ordinario previamente al amparo contra el primer acto de aplicación de la ley impugnada por no existir tal medio de defensa, máxime que precisamente entre otros conceptos de violación expresados en nuestra demanda de amparo, hicimos valer el que por tratarse de un acto irrecurrible, deja en estado de indefensión y viola la garantía de audiencia en nuestro perjuicio, tanto la ley como su aplicación concreta a través de su primer acto de aplicación, como puede verse en las páginas 16 y 17, entre otras, de la demanda de amparo; por tanto, los quejosos ni optamos, ni siquiera pudimos optar por recurrir previamente el primer acto de aplicación de la ley combatida y, consecuentemente, no se puede surtir la causa de improcedencia del juicio, de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que la sentencia de sobreseimiento que se recurre, indebidamente aplica dicha disposición para sobreseer en el juicio como consecuencia natural de la existencia de la llamada 'opción' que afirma dicha sentencia, aun cuando la haga consistir, no exactamente, en el hecho de que los quejosos hayamos interpuesto algún recuso legal contra el primer acto de aplicación de la ley inconstitucional, que no exista (sic), sino en la argumentación de la propia sentencia visible en la transcripción que de la misma venimos haciendo en este escrito en que sostiene, que por el simple hecho de que hayamos contestado la demanda bajo protesta en el juicio civil hipotecario ante la autoridad responsable y aplicadora de la ley combatida, con ello optamos por agotar previamente los medios ordinarios de defensa, o sea, que la sentencia considera a la contestación de la demanda civil, como equivalente a un recurso ordinario contra el auto admisorio de la demanda en el juicio laboral, como si se volviera o convirtiera en recurrible el auto admisorio de la demanda civil por la posibilidad de constestar la propia demanda y de ello, argumenta también la sentencia recurrida que se haya optado por agotar medios ordinarios de defensa contra el primer acto de aplicación de la ley impugnada de inconstitucional, lo que resulta ilógico y antijurídico, por lo siguiente:

"La no contestación de la demanda civil en el juicio hipotecario, que bajo protesta hicimos los quejosos, sólo puede tener por efecto legal que se nos hubiera declarado en estado de rebeldía y por presumiblemente ciertos los hechos de la demanda civil, tratando de evitarnos mayores males y riesgos en el juicio hipotecario en que se dictó el primer acto de aplicación de la ley inconstitucional, precisamente por que la Ley de Amparo no impone la obligación o necesidad de que los quejosos tuviéramos que haber hecho el sacrificio de sufrir las consecuencias legales por no contestar la demanda civil como condición indispensable para que pudiéramos combatir la ley aplicada desde el auto admisorio de la demanda hipotecaria, además, la contestación de la demanda hipotecaria no convierte en recurrible el auto que la admitió y que para la ley impugnada de inconstitucional tiene el carácter de irrecurrible y que, por tratarse del primer acto de su aplicación, dio lugar al amparo contra la ley y por vicios propios de su misma aplicación.

"Por otra parte, la contestación de la demanda no es un medio de impugnación del auto que la admite, ya que como su propio nombre lo indica se responde a los hechos de la demanda y se oponen excepciones y defensas y el auto que le dio entrada a la demanda sólo se pude combatir mediante el recurso correspondiente cuando la ley lo establece, que en el presente caso, la ley combatida de inconstitucional, ni siquiera lo consagra. Más aún, con o sin contestación a la demanda civil puede llegar a pronunciarse sentencia en el juicio natural a favor o en contra de los demandados, por lo que la argumentación de la sentencia recurrida, cuando sostiene que nosotros contestamos la demanda civil ante la autoridad responsable aplicadora de la ley inconstitucional, equivale a un medio de defensa ordinario contra el primer acto de aplicación de dicha ley no es correcto ni jurídico, ya que la contestación de la demanda, a lo sumo, podrá aumentar las posibilidades de que a los demandados no se les condene o se les absuelva, o bien, reducir las posibilidades de la parte actora y tercero perjudicado que por la falta de contestación de demanda, por el contrario se incrementarían para que se declarara procedente la acción hipotecaria, pero en cualquier hipótesis no es dable por no ser consecuencia lógica ni jurídica, que la falta de contestación de la demanda acarree necesariamente el pronunciamiento de una sentencia definitiva en contra de quien dejó de contestar; como tampoco resulta inexorablemente cierto, que habiendo contestación de demanda va a haber absolución en la sentencia para quien contestó, independientemente de cuál sea el contenido de la contestación con mayor razón, cuando que el juicio natural pudiera concluir por caducidad de la instancia, desistimiento de la demanda o de la acción, convenio entre las partes o cualquiera otra forma, y no necesariamente mediante sentencia; por todo lo cual, es carente de toda lógica y base jurídica la sentencia recurrida, que en su parte considerativa ya transcrita argumenta, basada en la simple probabilidad respecto del resultado final del juicio civil hipotecario, cuando sostiene que con la contestación de la demanda por los quejosos se viene optando por el medio de defensa contra el primer auto admisorio de la demanda y primero de aplicación de la ley combatida en el amparo en atención al posible sentido de la sentencia definitiva en el juicio civil hipotecario tramitado ante la responsable, del que provienen los actos reclamados.

"Mas aún, el emplazamiento al juicio civil hipotecario y la posibilidad de la contestación de la demanda en el mismo, son meras actuaciones de trámite de dicho juicio relativas a las formalidades del mismo, que no deben confundirse con los recursos o medios legales de defensa contra el primer auto que radicó el juicio mencionado y que constituye el primer acto de aplicación de la ley combatida de inconstitucional; con mayor razón se esclarece y advierte lo equivocado de la sentencia recurrida a este respecto, cuando confunde la contestación de la demanda con algún recurso ordinario contra el auto admisorio del juicio civil, si se tiene presente lo siguiente:

"La simple posibilidad remota de que con la contestación de la demanda hipotecaria pudiera concluir el juicio civil hipotecario con sentencia absolutoria para los demandados y actuales recurrentes es una mera suposición, porque como se explicó en el párrafo anterior, el resultado final del juicio civil, podría ser por sentencia en cualquier sentido, favorable o desfavorable a cualquiera de las partes o inclusive, terminar mediante resolución distinta a una sentencia, independientemente de que haya habido o no contestación de demanda o del contenido de la propia contestación, pues el actor debe acreditar la procedencia de su acción, independientemente de que se excepcione o no el demandado y la contestación de la demanda podría volver más litigioso el asunto civil, incrementando o disminuyendo quizás la probabilidad del resultado final en el juicio común; pero de ninguna manera puede considerarse que exista improcedencia del juicio de amparo, como lo afirma la sentencia recurrida, por haberse contestado la demanda bajo protesta en el citado juicio por los demandados y quejosos que represento, porque la Ley de Amparo no castiga al demandado en un juicio civil ni le impone los riesgos de la falta de contestación de demanda como condición indispensable para que pueda combatir, a través del amparo, el auto que admite la demanda como primero de aplicación de la ley que le sirve de fundamento, que le da carácter de irrecurrible y que se combate la ley a través de su aplicación, como es el presente caso y que según la sentencia recurrida, la parte demandada, para poder pedir amparo, debió sufrir todas las consecuencias legales y abstenerse absolutamente de comparecer al juicio civil, criterio de la resolución tan erróneo que hace pensar en el absurdo de que no se pudiera pedir amparo contra una orden de aprehensión o detención hasta no ser detenido y de cruzarse de brazos y no poderse defender para no convertir el amparo en improcedente, como si el juicio de garantías sólo procediera a cambio de que el quejoso sufra privaciones y corra riesgos y quede imposibilitado para defenderse para tener acceso al juicio constitucional, lo que evidencia lo antijurídico de la sentencia recurrida.

"b) Tampoco es correcto lo que sostiene la resolución recurrida cuando en su transcrito considerando cuarto afirma que los quejosos debemos agotar el principio de definitividad y, en todo caso, combatir los actos reclamados de inconstitucionalidad cuando termine el juicio sumario civil hipotecario ante la autoridad responsable, ya que es sobradamente conocido que tratándose de amparo contra leyes por su expedición y promulgación, como es el caso que nos ocupa, sólo procede el amparo indirecto ante Juez de Distrito según lo previsto por el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo; en cambio, al concluir el juicio civil hipotecario ante la autoridad responsable a que se refiere la sentencia recurrida, ya ni siquiera procedería el amparo indirecto, sino únicamente el amparo directo ante el Tribunal Colegiado contra la sentencia definitiva en el juicio civil y por violaciones al procedimiento del mismo, según lo disponen los artículos 44, 46, 158, 159 y 166, entre otros, de la Ley de Amparo, pues en el amparo directo no se puede combatir la expedición de una ley ni su promulgación como tampoco llamar a juicio a la autoridad legislativa ni a la que promulga la ley como ocurre en el amparo indirecto, por lo que las consideraciones de la sentencia de sobreseimiento a este respecto, no se ajustan a los mencionados dispositivos de la Ley de Amparo.

"A mayor abundamiento, el primer acto de aplicación de la ley combatida de inconstitucional tampoco es reclamable a través del amparo directo porque no se trata de una violación del procedimiento en el juicio sumario civil hipotecario, ya que consistiendo en el auto de radicación de dicho juicio, en todo caso, sólo podría combatirse en amparo indirecto como actos de imposible reparación por tener el carácter de irrecurrible, por disposición expresa del artículo 463, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 720 del mismo código que sólo permite demandarle posible responsabilidad al Juez que lo pronunció en juicio ordinario civil autónomo o separado, pero no para cambiar el contenido del auto admisorio de la demanda; además de que dicho auto al ordenar que los bienes hipotecarios queden jurídicamente congelados y así se inscriba en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a su ubicación mediante la expedición de la cédula hipotecaria para que no se trabe ninguna ejecución de tales bienes, y, además, el mismo auto fundándose en la ley combatida de inconstitucional también convierte a los deudores hipotecarios en depositarios judiciales respecto de tales bienes de su propiedad, por lo que el contenido múltiple del auto admisorio y primario de aplicación de la ley combatida de inconstitucional que aunado a ser irrecurrible por mandato de la misma ley le da carácter de acto de imposible reparación que sólo se combate al igual que la ley en el amparo indirecto; en cambio, la resolución que se recurre en revisión sostiene que se combata cuando concluya el juicio sumario civil hipotecario, a pesar de que para entonces no podría ni combatirse la ley por su expedición y promulgación, como tampoco el acto de su aplicación porque la sentencia civil sólo se combate en el amparo directo, como se expuso precedentemente.

"2. Otro agravio que la sentencia de sobreseimiento recurrida causa a los quejosos, consiste en que mediante ella se declara improcedente y con ello el sobreseimiento del juicio de garantías de los quejosos y actuales recurrentes, a pesar de que como puede advertirse de la simple lectura de la demanda de amparo, en el presente caso, se trata del llamado 'amparo soberanía' previsto por el artículo 103, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 1o., fracciones II y III, de la Ley de Amparo, porque mediante el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa y su primera aplicación, mediante el auto admisorio del juicio sumario civil hipotecario en el expediente 775/96 de la autoridad responsable aplicadora, se viola el pacto federal en perjuicio de los quejosos, porque las acciones mercantiles del banco tercero perjudicado en lugar de ejercitarse en un juicio mercantil regulado por el Código de Comercio, se viene deduciendo en un juicio sumario civil hipotecario con base en el impugnado código estatal, acumulando el litigio mercantil del fuero federal dentro del restringido y especial juicio civil hipotecario del ámbito local, lo que claramente se puede ver en todos y cada uno de los conceptos de violación de la demanda de amparo en que por tratarse de invasiones de esferas competenciales y no como mero amparo de legalidad, ni siquiera existe un medio ordinario para combatir la ley en sí, ni tampoco su aplicación concreta porque ella misma declara irrecurrible su propia aplicación en sus artículos 423 en relación con el 720, como ya se comentó en el otro agravio de este mismo escrito y, consecuentemente, al no existir medio ordinario de defensa no pudo haberse optado por agotarse lo de por sí inexistente y menos, cuando que la sentencia recurrida viene sosteniendo que la contestación ad cautelam, o bajo protesta de no consentir la ley ni su aplicación, configura un medio de defensa por el cual se optó y hasta que se agote ése y todos los de ahí deriven (sic) y que concluya el juicio civil hipotecario, se podrá tener por agotado el principio de definitividad para, hasta entonces, combatirse la ley y su aplicación; lo que en otras palabras, para la sentencia recurrida, la expedición y promulgación de la ley, reclamable a través de su aplicación a la autoridad legislativa y aplicadora pudiera plantearse al concluir el juicio civil, olvidando que para entonces sólo procedería el amparo directo contra la sentencia definitiva por violaciones en ella o al procedimiento legal y no se podría combatir la ley en sí por su expedición e inclusive, para entonces tampoco su acto primario de aplicación por haber cesado en sus efectos, independientemente del resultado del juicio, todo lo cual denota claramente la indebida e incorrecta aplicación que para sobreseer en el juicio viene haciendo la sentencia recurrida de los artículos 73, fracción XII, tercer párrafo, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo."

TERCERO. Son fundados los agravios que, en relación con el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el juicio de garantías, formulan los recurrentes, porque la contestación de la demanda en el juicio natural no debe estimarse como causa eficiente para establecer la operancia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo en que se apoyó dicho fallo.

En efecto, el primero acto de aplicación de los preceptos procesales reclamados lo constituyó el auto admisorio de la demanda instaurada por la parte tercero perjudicado, acto de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y seis.

La contestación que la parte quejoso hizo a la demanda instaurada en su contra, no constituye la inclinación a la opción de agotamiento de recursos o medios ordinarios de defensa legal que remita a los inconformes a la condición de concluir, necesariamente, el juicio en sentencia definitiva para que puedan impugnar las normas legales por vía de conceptos de violación expresados, en su caso, en demanda de amparo directo.

La consideración anterior se base en que el Juez de Distrito incurre en una confusión en relación con lo que debe entenderse como recurso o medio ordinario de defensa legal.

Así es, el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo textualmente dice:

"artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"... Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, sería optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad ..."

La acepción jurídica de recurso se entiende como el medio técnico de impugnación y subsanación de los errores de que eventualmente pueda adolecer una resolución judicial, dirigido a provocar la revisión de la misma, ya sea por el Juez que la dictó o por un órgano de superior jerarquía.

La etimología del latín recursus tuvo un significado similar a la connotación actual y debe agregarse que enel lenguaje común de la época clásica fue entendido como un retroceso, del verbo recurro-ere, "correr hacía atrás o de vuelta".

En un juicio se producen diversos efectos, entre los que destaca el de ligar a las partes de modo permanente a la jurisdicción y, condicionalmente, a la competencia del órgano judicial respectivo.

La referida liga a la jurisdicción y a la competencia produce a la vez los siguientes efectos: 1. Establece la relación entre el Juez y las partes; 2. Pone en contacto procesal a las partes; y 3. El juzgador se debe convertir en el elemento de equilibrio entre las partes.

Consiste el equilibrio entre los litigantes y entre el Juez y las partes, en que éstas se ajusten en su actuación a las funciones que deben desempeñar en el proceso; permite ese equilibrio que tengan los litigantes el libre ejercicio de sus derechos; que no se pierda de vista el objeto del proceso y que el juzgador tenga plena libertad en el debido ejercicio de la jurisdicción. Finalmente, se establece la armonía entre la jurisdicción y las pretensiones deducidas.

Sin embargo, como en todo acto humano, puede llegar a darse una pérdida de equilibrio en cuanto se alteren las relaciones entre el Juez y una de las partes, o cuando una de ellas estima que el Juez ha dejado de ser elemento equilibrador.

Las causas de desequilibrio procesal pueden ser de carácter subjetivo o bien, de manera objetiva por la actuación del propio Juez plasmada en una determinación judicial.

Producidos los efectos de desequilibrio, principian las atribuciones de las partes para ejercer actividades de inconformación, ya sean del propio juzgador o bien ante el órgano superior; lo anterior, a través de los elementos de reposición que concede la ley que regula el juicio respectivo.

El recurso es entonces el medio legal para restituir a reparar el derecho que se estima violado en el inicio, en el curso del procedimiento o en la etapa de terminación del mismo.

Su contexto gramatical permite advertir la siguiente separación de sus elementos: a) Es un medio legal, porque si no se encuentra previsto en una norma positiva y vigente no puede existir el recurso; b) El objeto de ese medio de impugnación es el restituir o reparar el derecho que la parte inconforme estima violada; c) Esta violación es causada por actos del Juez provocados por las partes o por un tercero reconocido con interés jurídico; d) La parte y el tercero no violan las leyes procesales porque sólo hacen peticiones que son motivo de acuerdos judiciales en los cuales, si el Juez viola un determinado precepto legal, ello da motivo a alguna de las partes de acudir a los recursos.

El origen de dichos recursos tienen como causas las siguientes: 1. Posibilidad de error; 2. Violación del derecho, y 3. Necesidad de reparación.

Las partes componentes de los recursos son: a) La interposición; b) Su tramitación y, c) Su resolución.

Los recursos pueden ser a instancia de parte o de un tercero con interés jurídico, de conocimiento y resolución de un órgano jurisdiccional superior al emisor de la resolución impugnada, o bien, ante el propio juzgador para que éste sustancie y decida acerca de la legalidad de su determinación.

Así la situación, puede concluirse que si el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo hace mención a recursos o medios de defensa legal, su acepción se basa en función de que puedan ser eficientes para provocar la modificación, revocación o nulificación de la resolución constitutiva del primer acto de aplicación de una ley, lo que no concuerda con lo que viene a significar la contestación a una demanda.

En efecto, tal acto de contestación no tiene por finalidad la revocación, modificación o nulificación del auto admisorio. Su objetivo se centra en reconocer o desconocer los hechos en que se basan las peticiones del actor; en oponer excepciones o defensas que desestimen la acción o las pretensiones; en la impugnación de los fundamentos de la demanda; en sentar las bases para proponer las pruebas tendientes a acreditar la pretensión y, en su objetivo final, obtener una sentencia favorable a los intereses del demandado.

Luego entonces, si la contestación de la demandada no tiene los efectos a que alude el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es aceptable que se confunda con los recursos o los medios legales de defensa y que constituya la base para establecer que el quejoso hubiera optado por esperar hasta el pronunciamiento de una sentencia definitiva para impugnar, eventualmente en amparo directo, la validez constitucional de las normas procesales reclamadas y menos aún, que constituya causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto instaurado de manera inmediata en contra del primer acto de aplicación de dichas normas.

Por todo lo considerado al respecto, procede revocar el sobreseimiento del juicio de garantías decretado en la sentencia recurrida y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, entrar al estudio del fondo del asunto en los aspectos de constitucionalidad, que son competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO. En sus conceptos de violación, argumenta la parte quejosa como planteamientos relacionados con aspectos de constitucionalidad las siguientes manifestaciones:

a) En el primero aducen los inconformes que el Congreso del Estado de Sinaloa, al expedir el Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad federativa, en particular sus artículos 461, 463, 466, 468, 469, 470 y 471, incurrió en una invasión de esferas de atribuciones propias del Congreso de la Unión, quien es el único facultado para legislar en materia de comercio, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, señalan los recurrentes que el procedimiento sumario civil hipotecario que regulan las normas reclamadas, priva de la oportunidad de aplicar las disposiciones federales mercantiles en actos de comercio que, como en la especie, en el contrato principal son de las que derivan los contratos de garantía, como en este caso el hipotecario.

b) El auto admisorio de una demanda en vía sumaria civil hipotecaria, no admite recurso en su contra, como lo establece el artículo 463 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, impidiéndose con ello al demandado contar con la posibilidad de defensa, con la consecuente transgresión, según los inconformes, a la garantía de audiencia requerida por el artículo 14 de la Constitución General de la República.

c) El procedimiento sumario que prevén las normas legales reclamadas, consideran los recurrentes que afecta las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, porque con la admisión de la demanda en la vía sumaria civil hipotecaria, se da al proveído el alcance de una sentencia definitiva, al convertir a los demandados en depositarios de sus bienes e impedirles la realización de actos jurídicos relacionados con el inmueble gravado.

d) Las normas legales reclamadas sujetan al demandado a la estrechez y restricción de un juicio sumario en el que sólo se pueden recibir pruebas en audiencia única, impidiéndoseles la amplitud del procedimiento mercantil.

QUINTO. A hora bien, en relación con el primer planteamiento que formulan los quejosos, para mejor comprensión de la problemática a dilucidar y en particular, para determinar si existe o no la pretendida invasión de esferas que atribuyen al Congreso del Estado de Sinaloa con respecto a las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, al expedir el Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad federativa, se estima conveniente transcribir las disposiciones de los artículos 461 a 474 del citado ordenamiento adjetivo, que son del siguiente tenor literal:

"Artículo 461. El juicio sumario que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca, así como su cancelación o bien el pago o la prelación de crédito que la hipoteca garantiza, se sujetará a las disposiciones especiales de este capítulo.

"Cuando se trate del pago o prelación de un crédito hipotecario es requisito que conste en contrato inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o deba anticiparse conforme a lo prevenido en los artículos 1841 y 2790 del Código Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato de hipoteca."

"Artículo 462. Cuando se entable pleito entre los que contrataron la hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro, siendo siempre condición indispensable, para escribir la cédula que esté registrado el bien a nombre del demandado y que no haya inscripción del embargo o gravamen a favor del tercero."

"Artículo 463. Presentada la demanda con el instrumento respectivo, si el Juez encuentra que se reúnen los requisitos señalados en los artículos anteriores, dispondrá la expedición, fijación y registro de cédula hipotecaria y el emplazamiento del deudor para que conteste la demanda dentro de un término no mayor de siete días, continuando el procedimiento con sujeción a las demás reglas generales del juicio sumario.

"El auto que denegare la admisión de la demanda en vía hipotecaria admite el recurso de apelación; el que la admita sólo el de responsabilidad."

"Artículo 464. Si en el título con que se ejercita una acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores al Juez mandará notificarles personalmente la iniciación del juicio para que usen de sus derechos conforme a la ley. Si se ignora su domicilio, la notificación se les hará por medio de un edicto que se publicará por tres veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial y en otro periódico diario de mayor circulación, a juicio del Juez, que se publique en el Estado."

"Artículo 465. Si comenzado el juicio se presentan alguno o algunos acreedores hipotecario, se procederá como está previsto para las tercerías de este código."

"Artículo 466. La cédula hipo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17043-43f81937/juicio-sumario-hipotecario-el-titulo-septimo-capitulo-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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