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Modo: Corpus Pro

OFENDIDO POR EL DELITO. LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE FACULTAN AL JUZGADOR PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS ENCAMINADAS A RESTITUIR A AQUÉL EN EL GOCE DE SUS DERECHOS, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 255/96. · Registro digital (IUS): 4509
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARCO ANTONIO GUERRERO GUTIÉRREZ Y OTROS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, , Pág. 52.

AMPARO EN REVISIÓN 255/96. MARCO ANTONIO GUERRERO GUTIÉRREZ Y OTROS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- El agravio esgrimido por los quejosos recurrentes en contra del sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, en relación con la ley reclamada, es sustancialmente fundado.

En efecto, la Juez de Distrito estimó que respecto al acto reclamado del Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, consistente en la expedición, promulgación y refrendo del decreto que reformó el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, especialmente por lo que toca a su artículo 28, procedía decretar el sobreseimiento con apoyo en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos al haber interpuesto el recurso de revocación en contra de la orden para que se procediera dar posesión de las bodegas en conflicto a la tercero perjudicado, es obvio que hasta la fecha dicha orden se encuentra subjudice, debiéndose aplicar la tesis que dice: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.".

Sin embargo, en el caso concreto no se está tramitando, ante el Juzgado Sexagésimo Primero de lo Penal del Distrito Federal, ningún recurso de revocación. Por el contrario, según se desprende del proveído de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y cinco, que obra a fojas 1265 a 1269 de los autos del juicio de origen, dicho recurso fue resuelto, declarándose infundado por dicho juzgado con esa misma fecha, motivo por el cual no se actualiza la causal de improcedencia que aplicó la Juez de Distrito.

De acuerdo con lo anterior y ante lo fundado del agravio hecho valer, este Tribunal Pleno revoca el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo segundo de la sentencia recurrida, regido por el considerando tercero de la misma y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede analizar la inconstitucionalidad planteada en los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.

QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación sexto, séptimo y octavo, aducidos por la parte quejosa, en los que alega que el artículo 28 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal contraviene el contenido normativo del artículo 14 constitucional, ya que permite la restitución al ofendido sin que exista sentencia que condene a tal restitución, con lo que se priva a los inculpados de sus posesiones y derechos, omitiéndose otorgar la garantía de audiencia.

Dicho precepto a la letra dice:

"Artículo 28. Todo tribunal o Juez, cuando estén comprobados los elementos del tipo penal, dictarán oportunamente las providencias necesarias para restituir al ofendido en sus derechos que estén plenamente justificados."

En la restitución de sus derechos al ofendido por un delito convergen dos principios en aparente oposición: el principio pro-reo, vinculado con la garantía de audiencia previa y el principio pro-sociedad que abriga la defensa de la víctima por razón del delito.

Respecto del principio pro-reo debe hacerse especial reflexión en cuanto a que la restitución al ofendido del objeto del bien materia del delito, no es un acto privativo de derechos, a los cuales hace referencia el artículo 14 constitucional, sino que es tan sólo un acto de molestia, a los que se refiere el diverso artículo 16 constitucional; es decir, las providencias no tienen el carácter de definitivas, sino que quedarán sin efecto una vez que se resuelva el procedimiento penal; luego, si en la sentencia definitiva se llegara a determinar que no existió delito alguno, se dejará sin efecto la medida correspondiente, por lo que, en todo caso, dicha medida es un acto de molestia ejecutado dentro del procedimiento; de ahí que, como dichas providencias de carácter provisional, no constituyen un acto privativo de derechos, para justificarlas constitucionalmente basta el respeto al artículo 16 constitucional, esto es, que se trate de un mandamiento de autoridad competente que funde y motive su determinación.

En las condiciones apuntadas, resulta claro que no es menester que previamente se escuche al procesado, ya que el artículo 14 de la Ley Fundamental sólo exige respeto a la garantía de audiencia cuando se trata de actos privativos de derechos, hipótesis que no se actualiza en el caso a estudio, en virtud de que la finalidad del citado artículo 28, no la constituye el egreso de un bien material o inmaterial de la esfera jurídica del gobernado o impedir el ejercicio de un derecho sobre el referido bien, sino la restitución provisional al ofendido en el goce de sus derechos.

La anterior conclusión encuentra apoyo en la tesis número cincuenta y cuatro, visible a foja 854 del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, correspondiente al Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:

"OFENDIDO POR DELITO, RESTITUCIÓN EN EL GOCE DE SUS DERECHOS AL. ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (SIC) DE NUEVO LEÓN. CONSTITUCIONALIDAD.- Se encuentra dentro de las exigencias de la Constitución Federal el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales de Nuevo León, ya que de su lectura se aprecia claramente que la hipótesis que ahí se regula no tiene mayor efecto que el de una medida provisional; luego, si durante la secuela del procedimiento criminal se llegara a determinar que no existió delito alguno, se pronunciará sentencia absolutoria que dejará sin efecto la medida correspondiente, por lo que, en todo caso, dicha medida es un acto reparable, ejecutado dentro del procedimiento, que no se debe confundir con la reparación del daño como pena. Por tener la medida en comento el carácter provisional, es evidente que no se trata de un acto privativo de derechos en forma definitiva, sino de un mero acto de molestia transitorio, en cuyo caso basta el respeto al artículo 16 constitucional, esto es, que se emita un mandamiento de autoridad competente, que funde y motive su determinación. Por otro lado, no puede alegarse válidamente que el artículo en estudio permita actos privativos de derechos, toda vez que dicho precepto no persigue, en sí, como finalidad, el egreso de un bien material o inmaterial de la esfera jurídica del gobernado, o impedir el ejercicio de un derecho sobre el referido bien, sino la restitución del ofendido en el goce de sus derechos que estén plenamente justificados. En esas condiciones, resulta que no es menester que previamente se escuche al ejecutado en defensa, ya que el artículo 14 constitucional sólo exige el respeto a la garantía de audiencia cuando se trata de actos privativos de derechos."

Aun cuando la redacción de los preceptos 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, que estuvo vigente del 1o. de enero de 1985 al 30 de marzo de 1990, y 28 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no es idéntica, sí coinciden en su sentido, en tanto que otorgan al Juez la facultad de restituir al ofendido en el goce o derecho de que fue privado, por lo que en esa medida es aplicable la tesis que se invocó con anterioridad.

En efecto, el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales de Nuevo León decía:

"Todo tribunal, cuando esté comprobado el cuerpo de un delito, dictará oportunamente las providencias necesarias para restituir al ofendido en el goce de sus derechos, que estén plenamente justificados." En consecuencia, al resultar infundados los agravios en comento, procede, en la materia de la competencia de este Tribunal Pleno, negar el amparo en cuanto a la norma reclamada.

El mismo criterio sostuvo este Tribunal Pleno al resolver los amparos en revisión 727/92, 1250/93, 2108/93, 284/94, 111/95 y 650/96, promovidos, respectivamente, por María Guadalupe Liliana Valerio Paredes, Reginaldo Navarro Jáuregui, Marco Antonio Galeazzi Zago, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez, Epigmenio Corona Morales y Ventura Hernández Saldívar, en sesiones celebradas los días trece de abril y cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el tercero y cuarto, en sesión del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el quinto el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis y, el último, el ocho de julio de mil novecientos noventa y seis.

La votación en los asuntos referidos fue la siguiente:

"Amparo en revisión 727/92.- Mayoría de trece votos de los Ministros de Silva Nava, Sempé Minvielle, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, García Vázquez y Chapital Gutiérrez, los Ministros Magaña Cárdenas, Adato Green, Moreno Flores, Azuela Güitrón, Díaz Romero, García Domínguez y presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. La Ministra Adato Green manifestó que formulará voto particular y el Ministro Azuela Güitrón manifestó su adhesión a éste. El Ministro Miguel Ángel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en virtud del acuerdo Plenario de cinco de abril actual. No asistió el Ministro José Trinidad Lanz Cárdenas por estar disfrutando de vacaciones.

"Amparo en revisión 1250/93.- Mayoría de quince votos de los Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Valadés Ríos, Montes García, Sempé Minvielle, López Contreras, Llanos Duarte, Alba Leyva, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez, se resolvió, en la materia de la revisión, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocar la sentencia recurrida; negar el amparo a Reginaldo Navarro Jáuregui, Jesús García, Ramón Navarro Maldonado y Pablo Navarro Maldonado en contra del acto que reclamó del Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en la expedición del Código de Procedimientos Penales del Estado, específicamente en lo referente al artículo 48 de ese ordenamiento y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en turno, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; los Ministros Adato Green, Cal y Mayor Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez votaron en contra. El Ministro ponente Silva Nava manifestó que modificaba su proyecto en los términos sugeridos por los Ministros Adato Green y Montes García, asentados en la versión taquigráfica. No asistieron los Ministros Noé Castañón León y Mariano Azuela Güitrón, por estar disfrutando de vacaciones; y Luis Fernández Doblado previo aviso a la Presidencia.

"Amparo en revisión 2108/93.- Mayoría de nueve votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y Silva Meza, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los Ministros Góngora Pimentel y presidente Aguinaco Alemán votaron a favor del proyecto. Se encargó el engrose al Ministro Humberto Román Palacios. El Ministro Genaro David Góngora Pimentel formuló voto particular, mismo que se agrega.

"Amparo en revisión 284/94.- Unanimidad de once votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios (ponente), Sánchez Cordero, Silva Meza y Vicente Aguinaco Alemán (presidente), lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ministro Juan Díaz Romero formuló salvedades respecto de algunas de las consideraciones.

"Amparo en revisión 111/95.- Unanimidad de diez votos, sesión en la que estuvo ausente el Ministro presidente Aguinaco Alemán.

"Amparo en revisión 650/96.- Unanimidad de diez votos, sesión en la que estuvo ausente el Ministro presidente Aguinaco Alemán."

Los criterios anteriores fundamentan el sentido de la presente ejecutoria.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo se reserva jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien previno en el conocimiento del asunto, para que conozca de los agravios de legalidad contenidos en los escritos de los recurrentes y resuelva el asunto conforme proceda en derecho.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Queda firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero de la sentencia que se revisa, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Guerrero Gutiérrez, María de la Luz Gutiérrez vda. de Guerrero y Marcela Rosario Guerrero Gutiérrez, contra los actos y las autoridades que se indican en el resultando primero de esta ejecutoria, consistentes en la expedición, promulgación y refrendo del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en cuanto a su artículo 28.

CUARTO.- Se reserva jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, envíense los autos al aludido Tribunal Colegiado para los efectos precisados en la misma, y hágase del conocimiento de lo anterior al juzgado de origen; y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente en funciones Castro y Castro. No asistió el Ministro presidente José Vicente Aguinaco Alemán por estar atendiendo otras responsabilidades inherentes a su cargo.

Nota: La tesis de rubro "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO.", citada en esta ejecutoria, fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentra publicada con el número 225, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 214.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4509-bb011294/ofendido-por-el-delito-los-codigos-de-procedimientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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