IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO SE ACTUALIZA POR CONFUSIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI SE RINDE EL INFORME JUSTIFICADO ACEPTANDO EL ACTO.
AMPARO EN REVISIÓN 1566/97. ALFONSO GUTIÉRREZ MÉNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Son fundados, en lo esencial, los agravios primero y segundo, que por su relación se estudian conjuntamente, y dan base suficiente para revocar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo promovido respecto de la sentencia dictada en la segunda instancia del incidente de ejecución de convenio, derivado del juicio de divorcio necesario seguido por el recurrente Alfonso Gutiérrez Méndez en contra de Antonia Perea Prieto.
El recurrente aduce en sus agravios, en síntesis, que el Juez de Distrito aplicó erróneamente el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para sobreseer en el juicio de garantías, aduciendo que la resolución reclamada no la dictó la Sala responsable sino el Magistrado Manuel Bejarano Sánchez, pero que debe tomarse en cuenta que el tribunal revisor de las sentencias dictadas en primera instancia es la Sala, como órgano colegiado, que la propia Sala responsable publicó la sentencia reclamada y que el Magistrado en forma particular no tiene la calidad de autoridad por pertenecer a un órgano colegiado.
En efecto, son fundados en lo esencial los agravios, porque si bien es cierto que en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, el quejoso y recurrente señaló como autoridad responsable a la Décimo Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin especificar al Magistrado que en forma unitaria dictó la sentencia reclamada, también lo es que la Sala responsable rindió su informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado, al que acompañó el toca de apelación número 3074/96, de lo que se sigue que en el juicio de garantías quedó acreditada la existencia de la resolución constitutiva del acto reclamado, su autoría por el Magistrado que la dictó en forma unitaria, el cual es integrante de la Sala señalada como autoridad responsable, de la cual no es factible legalmente desvincularlo, en puridad jurídica, por formar parte integrante de un órgano que actúa en forma colegiada y cuyos miembros únicamente en tratándose de infracciones procedimentales emiten resoluciones en forma unitaria, como aconteció en la especie; de ahí que resulte irrelevante la confusión en que incurrió el quejoso al haber señalado como autoridad responsable a la Sala en vez del Magistrado, habida cuenta de que obran en los autos del juicio de garantías los elementos y datos necesarios para estudiar y resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, según lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación y, en consecuencia, cabe concluir que en relación con la resolución de segunda instancia señalada como acto reclamado, no se da la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 5o., fracción II, 11 y 116, fracción III, de la Ley de Amparo, contrariamente a lo que el Juez de Distrito estimó en la sentencia que se revisa.
Sobre el tema aquí cuestionado, es conveniente citar la tesis relacionada en segundo término con la jurisprudencia número 302, publicada en la página 523, Tomo A-CH, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:
"AUTORIDADES RESPONSABLES, CONFUSIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE LAS.- La simple confusión en el señalamiento de las autoridades responsables, no es motivo para sobreseer en el amparo, si a pesar del error, las propias autoridades que lo advirtieron, estuvieron en posibilidad de rendir sus informes."
Asimismo, cabe señalar que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que invoca el Juez Federal en su resolución recurrida, que aparece publicado bajo el rubro de: "AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN UNITARIA DICTADA POR UN MAGISTRADO INTEGRANTE DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE SEGUNDO GRADO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LA SALA.", cuyos datos quedaron precisados en la propia resolución, atendiendo a que si se parte de la base de que la Sala señalada como responsable aceptó la existencia del acto reclamado, como se reitera, no es posible desvincular la actuación del Magistrado integrante de la misma, que fue el que dictó la resolución reclamada, pues aunque ciertamente la ley orgánica establece la distinción entre las facultades unitarias y las facultades colegiadas de los miembros que conforman las Salas, esto obedece meramente a la distribución del trabajo interno de la propia autoridad para el mejor desempeño de las funciones que le son inherentes, de tal manera que el señalamiento de la Sala, como órgano colegiado, en vez del Magistrado que en forma unitaria dictó la resolución reclamada, como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, constituye una confusión intrascendente, ante el hecho incontrovertible de que el Magistrado forma parte integrante de la Sala señalada como responsable, y que ésta reconoció el acto reclamado al rendir su informe justificado, por lo que, en consecuencia, se impone colegir que la quejosa cumplió con el requisito de señalar con certeza a la autoridad responsable y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracciones V y XVIII, en relación con los artículos 5o., fracción II, 11 y 116, fracción III, todos de la Ley de Amparo, como desacertadamente estimó el resolutor federal.
En apoyo del criterio anterior, se cita la tesis que este cuerpo colegiado sustenta sobre la temática abordada, la que es del tenor literal siguiente:
"- No se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 116, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, cuando en la demanda se señala con el carácter de responsable a la Sala respectiva, si quien emitió el acto fue un Magistrado de manera unitaria y no obstante esa imprecisión, la Presidencia de la ad quem rinde el informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado y en vía de justificación remite el toca de apelación de que se trata, lo cual resulta suficiente para poder analizar la constitucionalidad del acto en comento."
No está por demás reiterar que si se parte de la base de que la Sala señalada como responsable acepta la existencia del acto reclamado y que no es viable desvincular de ésta al Magistrado integrante de la misma, quien fue el que dictó la resolución reclamada, aunque la ley orgánica establezca la distinción entre las facultades unitarias y las colegiadas de los miembros que conforman las Salas, lo que obedece meramente a la distribución del trabajo interno de la propia autoridad para el mejor desempeño de las funciones que le son inherentes, el señalamiento de la Sala como órgano colegiado, en vez del Magistrado que en forma unitaria dictó la resolución reclamada, como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, constituye una confusión intrascendente, ante el hecho incontrovertible de que el Magistrado forma parte integrante de la Sala responsable y no puede desvincularse de la misma, aunado desde luego a la circunstancia de que la ad quem reconoció el acto reclamado al rendir su informe justificado; en estas condiciones, se impone colegir que el quejoso cumplió con el requisito de señalar a la autoridad responsable y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII en relación con el 5o., fracción II y 116, fracción III, todos de la Ley de Amparo.
En este orden de ideas, debe revocarse el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado en la sentencia que se revisa, y entrar al fondo de la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, y para tal efecto deben transcribirse los conceptos de violación, que son del tenor literal siguiente:
"PRIMERO.- El C. Juez Décimo Séptimo de lo Familiar cometió violaciones durante el procedimiento dejándome en estado de indefensión, consistente en la omisión al cumplimiento del artículo 693 del código procesal de la materia para esta ciudad, que lo obliga a formar testimonio de apelación con todas las constancias que obran en el expediente para la tramitación de la alzada con lo cual le resulta imposible a la Sala responsable revisar adecuadamente mi recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 23 de octubre de 1996, dictada por el Juez natural. De igual manera me causa agravio el considerando primero en relación a los resolutivos primero y segundo de la sentencia dictada por la Sala responsable el 28 de enero del presente año, en el que en virtud de que como lo hace constar la Sala responsable no fueron enviadas las pruebas documentales ofrecidas por el suscrito en el juicio natural y pretende hacerme responsable de su omisión, siendo que con las reformas recientes a la ley procesal civil la obligación de remitir, se dice, de señalar las constancias para integrar el testimonio de apelación ya no corre a cargo del apelante, sino que se le pone la obligación al Juez del conocimiento para que remita copia certificada de todo lo actuado al tribunal de alzada como testimonio de apelación, violando con ello el artículo 14 constitucional, que señala que en los juicios de orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y en el caso en estudio, la Sala responsable omite aplicar el precepto aludido pretendiendo que es mi responsabilidad la omisión que hizo el Juez natural al incumplir con el artículo 693 del código procesal civil, con lo cual me deja en estado de indefensión a pesar de haber ofrecido y desahogado dichas pruebas conforme a la ley.- SEGUNDO.- Me causa agravio el segundo párrafo del considerando primero en relación con los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia de apelación de fecha 28 de enero del presente año, toda vez que la Sala responsable sostiene que el suscrito actor incidentista en el juicio natural omitió acreditar con prueba idónea la ubicación, medidas y colindancias y la porción que corresponde a cada una de las partes del inmueble cuya liquidación se acordó entre ello (sic) en el convenio celebrado de la audiencia del 26 de enero de 1995, y argumentar que la prueba confesional de la demandada no es suficiente y adecuada, y que lo máximo que se podría probar con ella es la ubicación del inmueble en liquidación y que para determinar la superficie, medidas y colindancias de dicho inmueble, era necesaria la prueba pericial, la cual a su juicio era indispensable para realizar una recta interpretación del convenio de marras. Con el anterior razonamiento, la Sala responsable viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional, que señala que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho; en efecto, el artículo 346 del código procesal civil para esta ciudad señala claramente que la prueba pericial debe ofrecerse cuando se requieran conocimientos oficiales de la ciencia, arte, etc., y en el caso del estudio no es necesaria dicha pericial en virtud de que, como se desprende de la escritura notarial, en la cláusula primera del inmueble en liquidación se hace constar que el inmueble en cuestión es un rectángulo regular de 25 metros de largo por 20 metros de ancho y como se desprende del convenio realizado entre las partes, en la audiencia del 26 de enero de 1995, al suscrito quejoso le corresponden 12 metros de frente por 25 de fondo, formándose también un rectángulo perfecto y por su parte al tercero perjudicado le corresponden 8 metros de frente por 25 de fondo por lo que igualmente se forma un rectángulo perfecto, siendo ésta la voluntad de las partes y como es por todos sabido la suprema ley de los contratos es la voluntad de las partes, y en virtud de que mi exesposa hoy tercero perjudicado principalmente tiene la posesión de la parte pactada, es decir de 8 x 25 metros y de acuerdo a la prueba confesional desahogada en el incidente de ejecución de convenio, la hoy tercero perjudicado, al responder a las posiciones hace mención y reconocimiento de las medidas que le corresponden en base al convenio de referencia y por lo que respecta a las colindancias confiesa expresamente cuál es la ubicación de su porción y también reconoce las medidas y colindancias de la porción que le corresponde al suscrito y cabe resaltar que en ningún momento fueron opuestas a las que el suscrito manifestó en la demanda incidental de ejecución de convenio, de donde se desprende el acuerdo de voluntades y siendo la voluntad la suprema ley de los contratos no existe razón lógica para la necesidad de la prueba pericial, ya que dicha prueba no es obligatoria sino que como lo señala su propio texto del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles es necesaria sólo cuando se requieran conocimientos especiales y en el caso que nos ocupa sólo se requiere sentido común, en virtud de lo cual se deberá revocar la sentencia dictada por la Sala responsable y concederse el amparo y protección de la Justicia Federal.- Derecho. Son aplicables los artículos 114, 115, 116, 145, 147, 148, 149, 150, 151 y demás relativos de la Ley de Amparo."
QUINTO.- Resulta inoperante el primer concepto de violación, porque el quejoso aduce simplemente que el Juez Décimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles, pues no remitió al tribunal de alzada todas las constancias del incidente de ejecución de convenio para la tramitación y resolución del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia dictada en ese incidente; que de acuerdo con las reformas en materia procesal civil, el apelante y quejoso no tenía la obligación de señalar las constancias para integrar el testimonio de apelación, sino que debía hacerlo el Juez del conocimiento y que por ello la Sala responsable indebidamente consideró que era responsabilidad del propio apelante y quejoso la omisión en que incurrió el Juez del conocimiento. Sin embargo, el quejoso y recurrente no expresó razonamiento jurídico alguno tendente a desvirtuar la consideración esencial de la resolución reclamada, en el sentido de que las pruebas documentales a que se aluden en los agravios de la apelación no constan en el testimonio de actuaciones, lo que imposibilitó a la Sala para constatar la veracidad de los hechos que pudieran consignar y que la insuficiencia de las constancias era imputable al apelante (ahora quejoso), "... quien estaba obligado a verificar su integridad o a promover su complementación ante el tribunal de alzada, para que éste estuviera en la posibilidad fáctica y jurídica de revisar a fondo la resolución impugnada ...", por lo que el quejoso y recurrente no combate la consideración esencial de la sentencia reclamada, deficiencia de la queja que este Tribunal Colegiado no puede suplir en favor del quejoso y recurrente por no estar comprendido el caso en alguno de los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
El segundo concepto de violación se hace consistir, sustancialmente, en que de acuerdo con el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles, la prueba pericial debe ofrecerse cuando se requieran conocimientos técnicos, pero que en el presente caso no era necesaria la pericial, ya que en la escritura notarial exhibida en el juicio natural se hacían constar la superficie, medidas y colindancias del inmueble que se pretendía dividir entre las partes, en ejecución del convenio de liquidación de la sociedad conyugal; que estaban claramente delimitadas las dos fracciones que correspondían a cada parte, lo que estaba corroborado con la confesional a cargo de la demandada en el incidente y que, por ello, era suficiente el sentido común para resolver sobre la división del inmueble mencionado.
Es infundado este concepto de violación, porque la división del inmueble que solicitó el recurrente en la demanda incidental de ejecución de convenio, supone constatar la ubicación de ese inmueble, medir sus linderos en los cuatro puntos cardinales, cuantificar su superficie y hacer el levantamiento topográfico sobre las fracciones de terreno que corresponden a cada parte, según las cláusulas del convenio correspondiente, para lo cual son necesarios conocimientos en matemáticas, ingeniería y topografía, por lo que la ejecución del convenio para la liquidación de la sociedad conyugal que existió entre las partes requiere necesariamente el desahogo de una prueba pericial en ingeniería, y no sólo la confesión de la parte contraria y los datos del inmueble en la escritura pública respectiva, prueba pericial que el incidentista y ahora recurrente ni siquiera ofreció en el incidente y, en consecuencia, cabe concluir que la Sala responsable estuvo en lo correcto al confirmar la resolución impugnada, en lo que ve a que el Juez del conocimiento estimó improcedente el incidente para la ejecución del convenio sobre liquidación de la sociedad conyugal.
Sólo resta agregar que resulta inoperante el tercer agravio, porque el revisionista pretende combatir el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto al acto reclamado del Juez Décimo Séptimo de lo Familiar del Distrito Federal, pero para ello simplemente reitera sus argumentos vertidos en el primer concepto de violación que expuso, en cuanto a que para resolver el recurso de apelación, el superior no tuvo a la vista diversas documentales relativas al inmueble objeto de división entre las partes, por no haberlas remitido el Juez del conocimiento, el que se desestimó por inoperante, de acuerdo con lo expuesto por este Tribunal Colegiado, al desestimar el primer concepto de violación, en la parte inicial del quinto considerando de esta resolución, a la que se remite en obvio de repeticiones inútiles, por lo que no se da en la especie la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito y, en consecuencia, debe revocarse el sobreseimiento y, en su lugar negar el amparo respecto al acto reclamado del Juez de lo Familiar, atento las consideraciones legales que se dejaron sentadas sobre el tema que atrae nuestra atención.
En este orden de ideas, al no haberse demostrado que la sentencia interlocutoria reclamada haya vulnerado en detrimento del quejoso las garantías constitucionales tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, y al no advertir este Tribunal Colegiado la existencia de una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado en estado de indefensión, para suplir en su favor la queja deficiente, en términos de lo establecido en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede negarle el amparo solicitado.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 83, fracción IV, 85, fracción II, 89 y 90 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se revoca la resolución que se revisa en cuanto al sobreseimiento en el juicio de garantías, respecto al acto reclamado del Magistrado de la Décimo Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia dictada el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete, en el toca de apelación número 3074/96, y en relación con el acto reclamado del Juez Décimo Séptimo de lo Familiar de esta ciudad, consistente en la omisión de enviar todas las constancias que integran los autos como testimonio de la apelación derivada del incidente de ejecución de convenio relativo al juicio de divorcio necesario seguido por el recurrente en contra de Antonia Perea Prieto.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfonso Gutiérrez Méndez, contra las autoridades y los actos que quedaron precisados en el anterior punto resolutivo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Gustavo Rafael Parrao Rodríguez, Adalid Ambriz Landa y Ana María Nava Ortega, secretaria adscrita a este tribunal, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del día dieciocho de abril del mismo año, para desempeñar las funciones de Magistrada de Circuito, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fue ponente la tercera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4351-8144371a/improcedencia-del-amparo-no-se-actualiza-por-confusion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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