METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).
AMPARO EN REVISIÓN 1575/96. MARCELINO ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- En el único agravio esgrimido por la parte recurrente, se duele de la determinación de sobreseimiento del Juez de Distrito que resolvió que se surtía en la especie la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por considerar que el quejoso no había acreditado su interés jurídico para comparecer en el juicio, al no haber demostrado ser el propietario de la gasolinería inspeccionada. El autorizado del recurrente reconoce en su agravio que, efectivamente, no anexó a su demanda más que la resolución al recurso administrativo interpuesto contra la multa impuesta con motivo de la visita realizada, pero en ella, en varias ocasiones se menciona que el quejoso es el propietario de la gasolinería inspeccionada; y su propietario, posteriormente infraccionado, también fue el mismo que promovió el recurso de revisión cuya resolución aquí combate.
El artículo 73, fracción V y la fracción III del 74 de la Ley de Amparo sostienen:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."
Dichos preceptos fundamentan un aspecto del principio del juicio de amparo de agravio personal y directo. Al juicio de garantías sólo puede acudir el gobernado que se vea directamente afectado en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, por lo que debe acreditar fehaciente e indubitablemente que se encuentra en ese supuesto. Al respecto, este máximo tribunal ha sentado jurisprudencia obligatoria en la que ha definido el interés jurídico como base de la acción de amparo. Las tesis de jurisprudencia obligatoria 178 y 179 del Tomo I y 326 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, obligan al gobernado a comprobar fehacientemente que se encuentra dentro de los supuestos normativos previstos por las leyes que impugna. Dichas tesis señalan:
"INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'.- Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados."
"INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.- A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico."
"INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo."
La aplicación de los criterios antes reproducidos conduce en la especie a considerar fundado el agravio, ya que la propia autoridad responsable reconoce que el propietario de la gasolinería infraccionada es el propio Marcelino Álvarez González, quien promueve el presente juicio de amparo. En efecto, a fojas noventa y seis a noventa y nueve de autos obra la prueba documental pública consistente en el oficio de fecha siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, emitido por el director general de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor en el que se señala textualmente:
"Al margen superior izquierdo. Escudo nacional. Leyenda. Procuraduría Federal del Consumidor. Al margen superior derecho. Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia. Dirección General de Verificación y Vigilancia. Dirección de Procedimientos y Sanciones. Expediente: 3132/95. Asunto: se emite resolución administrativa. México, Distrito Federal, siete de julio de mil novecientos noventa y cinco.
"Visto el estado que guarda el expediente número 3132/95, formado con motivo de la visita de verificación efectuada en el domicilio de la Gasolinera Álvarez, propiedad del C. Marcelino Álvarez González y:
"RESULTANDO
"1. Con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, llevó a cabo visita de verificación en el domicilio de Gasolinera Álvarez, propiedad del C. Marcelino Álvarez González, ubicado en la calle de Ignacio Zaragoza, kilómetro quince, colonia Pueblo de Santa Martha Acatitla. Delegación Iztapalapa. C.P. 09150, México, Distrito Federal, levantándose el acta circunstanciada número 3132/95 ...
"3. Como se desprende de las actuaciones del presente expediente, con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se notificó y emplazó a Gasolinera Álvarez, propiedad del C. Marcelino Álvarez González, al procedimiento administrativo, otorgándole un término de diez días para ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho conviniese.
"4. No obstante la notificación anterior, por acuerdo de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, se declaró precluido el derecho de Gasolinera Álvarez, propiedad del C. Marcelino Álvarez González, para ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho conviniese, por lo que seguido el procedimiento en todos sus trámites, se ordenó pronunciar resolución administrativa, conforme a los elementos de convicción con que cuenta esta autoridad; ... y
"CONSIDERANDO:
"...
"II. Como se desprende del acta circunstanciada de verificación número 3132/95, de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se practicó visita de verificación en el domicilio de Gasolinera Álvarez, propiedad del C. Marcelino Álvarez González, comprobándose que en el momento de la visita, el medidor de paso, bomba de gasolina (surtidor de combustibles líquidos) que adelante se relaciona, al realizarse la prueba consistente en la lectura de litros en los mecanismos totalizadores, prevista en el apartado siete (7) de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-1993, relativa a instrumentos de medición, sistemas para medición y despacho de gasolina, y otros combustibles líquidos ..."
De esta forma, al haber reconocido la propia autoridad el carácter con el que se ostenta el aquí quejoso, es inconcuso que existe por su parte el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Efectivamente, según se concluye de los preceptos y tesis reproducidas, el peticionario de garantías debe acreditar fehacientemente que existe en su favor un derecho subjetivo público y que éste le es violado por un acto de autoridad, de esta forma deben existir en autos los medios de convicción suficientes para demostrar que el quejoso es el titular de los derechos subjetivos que le fueron transgredidos por un acto de las autoridades que se considera arbitrario. En la especie, si bien existían en autos diversas constancias que probaban los distintos actos reclamados, en ellos no constaba que Marcelino Álvarez González fuera el propietario del establecimiento mercantil que fue visitado y sancionado por las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor; sin embargo, en las constancias que se anexaron al informe con justificación antes referido consta, sin lugar a dudas, que es el quejoso el propietario de la gasolinería. La conclusión obtenida anteriormente se ve fortalecida por el hecho de que en este juicio se impugna una resolución administrativa generada con motivo de una visita domiciliaria practicada al aquí quejoso en la que se detectaron anomalías que fueron sancionadas a través de la resolución contra la cual se promovió el medio ordinario de defensa, lo que implica la integración del expediente administrativo que lleva por número 3132/95 donde, según se advierte del informe con justificación rendido por el director general de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor y que obra a fojas ochenta y cinco a noventa y nueve de autos, al quejoso le fue reconocido su carácter de propietario de la gasolinería visitada e infraccionada desde la realización de la visita domiciliaria. Ahora bien, conviene destacar que si bien la cuestión propiamente no se centró en la falta de personalidad del quejoso, sino en el acreditamiento de su carácter de propietario, la disposición que sobre aquélla establece el artículo 13 de la Ley de Amparo es aplicable, por analogía, en el caso concreto; dicho precepto señala:
"Artículo 13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas."
De esta forma, si la autoridad responsable reconoció no sólo el carácter con el que se ostenta el quejoso sino que repetidamente hizo referencia al mismo como propietario de la negociación de que se trata, ello prueba su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, por lo que debe considerarse fundado el agravio.
QUINTO.- Con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se procede a realizar el análisis de las causales de sobreseimiento que omitió el Juez de Distrito.
Las autoridades responsables dependientes de la Procuraduría Federal del Consumidor, en los respectivos informes con justificación que obran a fojas setenta y seis a ciento diez de autos, negaron los actos reclamados a cada una de ellas, salvo los que a continuación se señalan antecedidos del servidor público que lo reconoció como cierto:
Verificador Andrés Mendoza Arellano: emisión del acta circunstanciada No. 033132 del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Subprocurador de Verificación y Vigilancia: emisión de la resolución de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y seis del expediente 3132/95.
Director general de Verificación y Vigilancia: emisión del oficio de once de marzo de mil novecientos noventa y cinco y la resolución del siete de julio del mismo año.
Por lo que hace a los actos reclamados del director de Procedimientos y Sanciones y del director de Recursos Administrativos, no obstante que niegan los actos reclamados, sólo procede decretar el sobreseimiento respecto a todos los a ellos imputados, salvo la asistencia que prestaron al director general de Verificación y Vigilancia en la emisión de la resolución de fecha siete de julio de mil novecientos noventa y cinco y en la emisión de la resolución de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, respectivamente.
De esta forma, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto al resto de los actos reclamados de las autoridades referidas anteriormente, dado que el quejoso no demostró que todas las autoridades dependientes de la Procuraduría Federal del Consumidor hayan participado en todos los actos que les imputó. Lo anterior, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo que establece:
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso."
Cobra aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia obligatoria número 310 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."
En el informe con justificación rendido por el director de Asuntos Judiciales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en representación del presidente de la República, hace valer la causal de consentimiento tácito del acto reclamado a dicha autoridad, consistente en la expedición de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dado que, en su opinión, al estar obligado el quejoso a su cumplimiento ha transcurrido en exceso el término para interponer el juicio de amparo, integrándose la causal prevista en las fracciones XII del artículo 73 y III del artículo 74 de la Ley de Amparo, que establecen (sic):
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218 ..."
Dicha causal es infundada, dado que la naturaleza propia de los preceptos que se combaten en el presente juicio hace concluir que no se está frente a disposiciones que constriñan al particular a realizar determinada conducta sin un acto de aplicación, sino más bien en disposiciones que requieren de un acto de autoridad que las actualice; para corroborar lo anterior, se impone transcribir los artículos 57, 112, fracción II, 114 y 115 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
"Artículo 57. Cuando los productos o los servicios sujetos al cumplimiento de determinada norma oficial mexicana, no reúnan las especificaciones correspondientes, la autoridad competente prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los productos, hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o sustituyan. De no ser esto posible, se tomarán las providencias necesarias para que no se usen o presten para el fin a que se destinarían de cumplir dichas especificaciones.
"Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución o se publique en el Diario Oficial de la Federación. Cuando el incumplimiento de la norma pueda dañar significativamente la salud de las personas, animales, plantas, ambiente o ecosistemas, los comerciantes se abstendrán de enajenar los productos o prestar los servicios desde el momento en que se haga de su conocimiento. Los medios de comunicación masiva deberán difundir tales hechos de manera inmediata a solicitud de la dependencia competente.
"Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores serán responsables de recuperar de inmediato los productos.
"Quienes resulten responsables del incumplimiento de la norma tendrán la obligación de reponer a los comerciantes los productos o servicios cuya venta o prestación se prohíba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes, o en su caso, reintegrarles o bonificarles su valor, así como cubrir los gastos en que se incurra para el tratamiento, reciclaje o disposición final, conforme a los ordenamientos legales y las recomendaciones de expertos reconocidos en la materia de que se trate.
"El retraso en el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior podrá sancionarse con multas por cada día que transcurra, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 112 de la presente ley."
"Artículo 112. El incumplimiento a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en base a las actas de verificación y dictámenes de laboratorios acreditados que les sean presentados a la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la norma conforme lo establecido en esta ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables serán las siguientes:
"...
"II. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total ..."
"Artículo 114. Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas, en los resultados de las comprobaciones o verificaciones, en los datos que ostenten los productos, sus etiquetas, envases, o empaques en la omisión de los que deberían ostentar, en base a los documentos emitidos por las personas a que se refiere el artículo 84 de la ley o con base en cualquier otro elemento o circunstancia de la que se infiera en forma fehaciente infracción a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso las resoluciones en materia de sanciones deberán ser fundadas y motivadas y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo siguiente."
"Artículo 115. Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta:
"I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
"II. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los consumidores; y
"III. Las condiciones económicas del infractor."
Como se advierte de la lectura de los preceptos reproducidos, se requiere de un acto de autoridad que los actualice, como son la inmovilización de productos o servicios, la aplicación de multas, la realización de visitas de inspección; todos estos actos requieren de una actuación de la autoridad, por lo que resulta inexacto que el quejoso haya consentido estos actos al estar obligado a cumplir con la ley y, al no existir ninguna constancia de su aplicación anterior en perjuicio del quejoso, debe desestimarse la causal señalada, como se establece en la tesis P. LVII/96, Tomo III-Abril, página 124, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO.- Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia."
En el informe rendido por el subprocurador de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor se establece que opera la causal de improcedencia prevista en las fracciones XV del artículo 73 y la III del 74 de la Ley de Amparo, dado que, en su opinión, en contra de la resolución que le confirmó la multa impuesta procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Dicha causal también es infundada dado que frente a los distintos actos reclamados el quejoso promovió el recurso administrativo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, razón por la que en este juicio también reclama la resolución recaída en el medio ordinario de impugnación, y al haber impugnado la constitucionalidad de los artículos 57, 112, fracción II, 114 y 115 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, era optativo para el quejoso agotar los recursos ordinarios o acudir al juicio de amparo contra la resolución del recurso administrativo; para fundamentar lo anterior se impone transcribir las fracciones XV y XII, segundo y tercer párrafos, del artículo 73 de la Ley de Amparo:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."
"XII. ...
"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.
"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."
La aplicación de lo reproducido permite concluir que no existe obligación del quejoso de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que se está impugnando también la ley en la que se fundaron los actos reclamados. Resulta aplicable al particular la tesis de jurisprudencia obligatoria número 155del Tomo III del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"RECURSOS ORDINARIOS, NO HAY NECESIDAD DE AGOTAR LOS QUE ESTABLECE LA LEY RECLAMADA, CUANDO SE ATACA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTA.- Antes de acudir al amparo, no existe la obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugnen por conceptuarla contraria a los textos de la Constitución."
El director general de Verificación y Vigilancia, en su informe justificado, sostiene que el juicio es improcedente porque no se promovió oportunamente, siendo aplicables, en su opinión, las causales previstas en los artículos 73, fracción XII, en relación con el 21 de la Ley de Amparo; en virtud de que el primero de ellos fue reproducido anteriormente, a continuación se hace lo propio exclusivamente con el 21:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
La causal esgrimida también es infundada, dado que como se asentó anteriormente, el quejoso optó por promover el recurso administrativo y, aunque la fecha de su resolución es el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, no consta en autos la de su notificación. Este hecho, aunado a que el quejoso señala que se hizo sabedor de dicha resolución el dieciocho de enero del año siguiente, permite concluir que el juicio se promovió dentro de los quince días a los que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, dado que no debe tomarse en cuenta la fecha de emisión de la resolución combatida, sino la de su notificación y, como ésta no existe, debe estarse a la manifestación del quejoso.
Los directores de Procedimientos y Sanciones y de Recursos Administrativos de la Procuraduría Federal del Consumidor esgrimen que opera en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la V del 116 de la Ley de Amparo, ya que en su opinión no existen conceptos de violación. Los preceptos citados sostienen:
"Artículo 73. ...
"...
"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."
"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:
"...
"V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley."
Dicha causal de improcedencia es también infundada, en virtud de que de la lectura de la transcripción realizada en el resultando primero de esta ejecutoria, se advierte que el quejoso cumplió cabalmente con los requisitos que la jurisprudencia establece que deben tener los conceptos de violación, esto es, un razonamiento claro de por qué se estima que un acto autoritario viola las garantías individuales. El quejoso transcribe los artículos impugnados, enseguida establece el contenido de la garantía individual y concluye razonando la violación que existe en la especie, por lo que es lógico concluir que, contrariamente a lo afirmado por las autoridades responsables señaladas, sí existen conceptos de violación y, por lo mismo, no procede sobreseer en el juicio por esta razón. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia obligatoria número 172 del Tomo VI del Apéndice multicitado, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.- El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando, en el caso, que la ley impugnada, en los preceptos citados, conculca sus derechos públicos individuales. Por tanto, el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estiman infringidos; la premisa menor, los actos reclamados; y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas."
En el informe justificado rendido por el jefe de Instrumentos de Medición de la Procuraduría Federal del Consumidor, en representación del verificador Andrés Mendoza Arellano, se hace valer la causal de improcedencia del juicio de amparo contemplada en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la inmovilización de una bomba de gasolina, en virtud de que el tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dicho acto cesó en sus efectos al quitarle la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4508-647754b1/metrologia-y-normalizacion-el-articulo-112-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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